La consulta del PP sobre el valenciano en colegios e institutos genera inseguridad e incertidumbre entre las familias

Bajo la falsa premisa de la libertad de elección de las familias –a quienes no se les pregunta si sus hijos e hijas deben estudiar inglés, matemáticas, geografía o lengua–, la Conselleria de Educación que dirige el controvertido José Antonio Rovira (PP) ha programado entre el 25 de febrero y el 4 de marzo la consulta para elegir la lengua base de los centros educativos valencianos. Alrededor de 570.000 familias de alumnos que cursan estudios desde el segundo ciclo de Infantil hasta tercero de la ESO están llamadas a participar en esta pionera ‘macroencuesta vinculante’ a lo largo de todo el territorio valenciano.

Los populares justifican esta medida, que ha recibido multitud de críticas desde diferentes sectores de la comunidad educativa –familias, docentes, consejos escolares municipales…– así como por parte de instituciones como la Diputación de Valencia (pese a estar gobernada por el Partido Popular) o los partidos de la oposición (PSPV y Compromís), en el cumplimiento de su programa electoral. “Uno de los principales hitos de esta legislatura es la recuperación de las libertades en el ámbito educativo”, defendía el president Carlos Mazón en la presentación de la campaña para la difusión de la consulta, al tiempo que recordaba que este era uno de los compromisos electorales del Partido Popular.

No obstante, la iniciativa se encuentra judicializada, como también sucede con la llamada ley de ‘libertad’ educativa. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado cuatro días a la Generalitat Valenciana para que presente alegaciones a la petición de suspensión cautelar de la consulta de la lengua base formulada por Acción Cultural del País Valencia (ACPV), Famílies pel Valencia y Familias de Russafa. Las entidades recurrentes, cuya solicitud de suspensión cautelarísima del procedimiento no ha sido aceptada, basan su petición en el hecho de que la ley de ‘libertad’ educativa, de la que deriva la consulta, está recurrida ante el Tribunal Constitucional. UGT–Ensenyament Serveis Públics del País Valencià también ha interpuesto otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia para solicitar la anulación de la consulta sobre la lengua base en el sistema educativo.

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic ha convocado, para el próximo sábado 22 de febrero, movilizaciones en las tres capitales (Alicante, Castelló y València) para mostrar su rechazo a la consulta. La entidad considera que supone “una amenaza” para el modelo de escuela en valenciano y “pone en riesgo” el uso del valenciano como lengua vehicular, así como tampoco garantiza el derecho del alumnado a poder estudiar en valenciano, que el Consell “intenta desmantelar”. “El valenciano forma parte de nuestra particular identidad y riqueza; es herencia de nuestros antepasados y debemos transmitirlo a las futuras generaciones”, insiste la Plataforma, que defiende que las administraciones públicas deben garantizar la enseñanza en valenciano, “tal y como indica la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià”.

La comunidad educativa también ha denunciado censura y presiones a aquellos centros que promueven el valenciano como lengua base, como es el caso de un colegio de Oliva. Sin embargo, el conseller Rovira aseguraba que su departamento es “absolutamente neutral” y que no ha habido “ni coacciones, ni amenazas, ni presiones”, al tiempo que recordaba que los centros “tienen la obligación de guardar imparcialidad ante cualquier proceso” según el Estatuto Básico del Empleado Público.

La Conselleria habilitó el período de alegaciones a la consulta en plenas vacaciones navideñas, lo que suscitó nuevas críticas entre la comunidad educativa, que insistía en denunciar la intención de Rovira y el Consell de “arrinconar” a una de las dos lenguas cooficiales –la que tiene un menor uso social, ya que castellano y valenciano no parten en igualdad de condiciones– y de ir contra la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencia. Además, insistían en que con al consulta y la aplicación de la nueva ley educativa aprobada por PP y Vox “no se asegura la presencia del 50% del valenciano en las aulas y se discrimina al alumnado de las zonas castellanohablantes”.

Mazón, quien presumió de “recuperar” un espíritu de consenso lingüístico que no existe, apuntaba que a partir del resultado de la consulta y de la “voluntad expresada de las familias”, se determinarán cuántos grupos de cada lengua hay en cada centro y curso; mientras que Rovira explicaba que, dependiendo de la demanda en ambas lenguas, “cabría la posibilidad de hacer más grupos”. Estas declaraciones contrastan con la realidad, ya que a la Conselleria de Educación le está costando cumplir con la resolución del TSJCV que le obliga a aplicar el acuerdo de plantillas por el que debe incorporar a alrededor de 1.900 docentes. Y todo ello, aduciendo a cuestiones presupuestarias.

La información sobre la consulta, en los centros

Tras la publicación de la orden de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), cada centro debe facilitar a cada alumno o alumna dos documentos: una copia del anexo de la orden en formato bilingüe, con la información básica y fechas sobre la consulta; y la ficha individual del alumno que contiene los datos para poder votar y la información de los progenitores que figura en el censo.

Asimismo, los colegios e institutos también podrán complementariamente informar a través de sus plataformas telemáticas, y tienen la obligación de publicitar la Orden en su tablón de anuncios y web.