Feijóo endurece su campaña contra el Constitucional e ignora la ley que impide enjuiciar sus sentencias

Alberto Núñez Feijóo ha afirmado este lunes en una entrevista en El Mundo que los magistrados del Constitucional, “sin duda”, forman parte de “un tribunal político al servicio del Gobierno”. El presidente del Partido Popular ha insistido en uno de los grandes puntos de conflicto entre el Constitucional y el Supremo en la actualidad: si sus magistrados pueden prevaricar en sus decisiones. “Nadie, ni los magistrados del Tribunal Constitucional, están exentos de incurrir en delitos de prevaricación”, ha dicho el líder del PP apoyándose en recientes autos del Supremo que abren la puerta a investigar a sus colegas del Constitucional a pesar de las limitaciones de la ley.

Preguntado por si le “preocupa” la situación actual del Constitucional y su actual presidente, Cándido Conde-Pumpido, Feijóo ha sido claro: “Me preocupa mucho que haya cundido en la sociedad española que el Tribunal Constitucional es un tribunal político al servicio del Gobierno”. Y ha afirmado que sus magistrados no son inviolables: “Y por tanto, cualquier magistrado, juez o fiscal puede cometer delitos. Nadie, ni los magistrados del Tribunal Constitucional, están exentos de incurrir en delitos de prevaricación”.

Las palabras de Feijóo llegan en el momento álgido de la campaña del PP contra el tribunal de garantías y también en el momento de mayor tensión entre el Constitucional y el Supremo en una relación ya tensa de por sí. Tal y como reveló elDiario.es, el sector progresista del Constitucional ha expresado su preocupación por tres autos recientes en los que la Sala de lo Penal del Supremo rechaza querellas contra ellos pero abriendo la puerta en que, en otros casos, sí puedan ser investigados por prevaricación.

Son querellas y denuncias de Vox, HazteOir, Iustitia Europa y una asociación –la mayor parte acusaciones populares del caso contra Begoña Gómez– que acusan al sector progresista de prevaricar por las sentencias y autos sobre el caso de los ERE de Andalucía, primero por admitir a trámite los recursos de los cargos socialistas andaluces condenados y después por anular o reducir la mayor parte de sus condenas. La Sala de lo Penal del Supremo, tal y como reveló este periódico, ha rechazado todas esas querellas pero afirmando que los magistrados del Constitucional no están exentos de una posible acusación por prevaricación.

En el sector progresista del Constitucional entienden que la decisión, aunque correcta en su fallo, va mucho más allá de lo que permite la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 4.2: “Las resoluciones del Tribunal Constitucional no podrán ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado”, explica esa norma. A pesar de eso, en estos autos, el Supremo ha llegado a afirmar que “ello no supone el otorgamiento de carta blanca al Tribunal Constitucional para resolver sin atenerse jurídicamente a la cuestión”.

En Domenico Scarlatti consideran que este y otros dos autos posteriores, aunque han ido bajando la intensidad de esta afirmación, constituyen una suerte de advertencia después de meses de conflicto por resoluciones de casos como los ERE de Andalucía o la condena de Alberto Rodríguez en los que el Constitucional ha revocado resoluciones relevantes del Supremo.

Feijóo se alinea con las tesis del Supremo y explica en esta entrevista con El Mundo que “lo que está haciendo el Tribunal Constitucional en este momento no lo había hecho nunca ningún otro: derogar, enmendar y anular sentencias del Supremo”. Cita expresamente el caso de los ERE y explica que son decisiones que han hecho “temblar los cimientos del Estado”.

Se declara “preocupado” por la posibilidad de que el caso del fiscal general y sus recursos acaben en el Tribunal Constitucional: “Es una pregunta muy procedente, porque lo que está pasando con el Constitucional no había pasado jamás. ¡Jamás!”.