El Gobierno de Pradales defiende que autorizó «de acuerdo a la legalidad» el salto de Sagardui a la Sanidad privada

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha afirmado que la autorización a la exconsejera de Salud de 2020 a 2024, Gotzone Sagardui, para que pudiera fichar como directora médica de una clínica privada se hizo “en tiempo, forma y de acuerdo a la legalidad”. Ha garantizado también que así ha sido igualmente en la veintena de casos de excargos que, como es preceptivo, han de recibir el visto bueno de la Administración para pasar a la actividad privada si lo hacen en los dos años siguientes al cese para estudiar posibles conflictos de intereses.

Este periódico ha publicado, con base en documentación oficial, que Sagardui solicitó permiso para fichar por la clínica Vithas San José de Vitoria el 27 de noviembre de 2024, cumpliendo con las exigencias de la normativa, una ley de 2014 y un decreto de 2016. Esa misma normativa obliga al Ejecutivo a resolver el expediente en el plazo de un mes y, antes, a solicitar un informe al departamento del alto cargo afectado para analizar su compatibilidad. En el caso de Sagardui, ese informe de Osakidetza se emitió el 23 de diciembre -aunque luego hubo otras versiones- y la autorización llegó el 30 de enero, es decir, fuera de plazo y cuando la aludida llevaba ya varias semanas en su nuevo puesto. De hecho, la ley remarca que si la Administración no cumple con los plazos se puede empezar a trabajar con normalidad, como ha sido el caso.

Ubarretxena, que es la consejera a la que le compete la firma -“la resolución será competencia de la persona titular del departamento que tenga atribuida la competencia de función pública”-, ha aseverado en rueda de prensa que el salto de Sagardui a la Sanidad privada ha sido “totalmente legal”. “Todo el procedimiento de la señora Sagardui se ha hecho en tiempo, forma y de acuerdo a la legalidad”, ha recalcado a preguntas de los periodistas, al tiempo que ha rebajado su firma “lo que menos vale” de todo el expediente. También ha puesto en valor la “objetividad” con la que trabajan los funcionarios encargados de esta materia, un órgano “independiente”. Se llama “registro de personal”.

El Gobierno, además, insiste en que dentro del plazo legal de 30 días Sagardui tenía ya conocimiento por parte de la Administración de que su informe iba a ser positivo. Eso no consta en el expediente. De hecho, en el portal de transparencia se orilla totalmente la autorización firmada por Ubarretxena a finales de enero y se da como fecha de finalización del procecimiento el 28 de diciembre de 2024, es decir, justamente cuando pasó un día desde que se agotó el plazo. El Ejecutivo insiste en que si ‘a posteriori’ se hubiese detectado algún problema se podría haber actuado igualmente e impedido la incorporación de Sagardui a Vithas.