Las comunidades del PP abandonan en bloque la reunión con Hacienda para aprobar la condonación de deuda

Apenas una hora después de haber dado comienzo, los representantes de las comunidades autónomas del Partido Popular (PP) han abandonado en bloque el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que Hacienda va a aprobar la propuesta de condonación de 83.000 millones de deuda de las regiones, que asumirá el Estado si consigue una mayoría de apoyos de los grupos parlamentarios en el Congreso.

Los consejeros de Economía y Hacienda de las once comunidades que gobierna que el PP se han levantado de la mesa antes incluso de votar en contra, porque “no creemos que sea la forma de proceder, que se venga aquí con temas aprobados y seamos una comparsa. No queremos seguir trabajando así”, han expresado en los pasillos del Ministerio de Hacienda, justo después de marcharse. El representante de Canarias, también del PP pero que gobierna con Coalición Canaria, ha acompañado al resto de populares.

En las declaraciones previas a la reunión, ninguno de ellos había adelantado la intención de plantar a la ministra María Jesús Montero, aunque sí habían hablado de “teatrillo” y “engaño”. “No podemos aceptar las migajas del pacto de Sánchez con los independentistas”, han proclamado algunos de los consejeros ‘populares’ tras la espantada.

El funcionamiento del Consejo de Política Fiscal facilita que la propuesta tenga garantizada su aprobación. Hacienda cuenta con la mitad de los votos, por lo que solo necesita un voto más, que será, como mínimo, el de Catalunya, gobernada por el PSC y de donde proviene la iniciativa de esta propuesta, incluida en el pacto entre PSOE y ERC para la investidura del presidente Pedro Sánchez en 2023.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha quedado en la reunión del Consejo de Política Fiscal con los consejeros de Economía y Hacienda de Castilla-La Mancha, Asturias, y la consellera de Catalunya. También se ha quedado de ‘oyente’ Navarra. Euskadi no había acudido. Estas dos últimas comunidades no pertenecen al régimen de financiación común, debido a que tienen conciertos propios, y la propuesta de asunción de deuda por parte del Estado no les afecta.

Carta de las comunidades del PP: “Una decisión arbitraria, discriminatoria y politizada”

Antes de abandonar la reunión del órgano, las comunidades del PP han entregado una carta a la ministra de Hacienda. “Expresamos nuestra oposición a que el Consejo de Política Fiscal aborde la mutualización de la deuda autonómica, porque dicha decisión se plantea con el propósito de sostener una mayoría parlamentaria”, dice la misiva, que se puede consultar a continuación.

“Prueba de ello es que fue el líder de Esquerra Republicana de Cataluña quien la anunció de forma unilateral y previamente a que la ministra de Hacienda lo trasladase al resto de las comunidades”, continúa la carta del PP. “Además de tratarse de una decisión arbitraria, discriminatoria (pues ni siquiera se ha tenido en cuenta territorios de España como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) y politizada, cabe señalar que este órgano carece de competencias para tratar un asunto que, por su naturaleza, requiere una Ley Orgánica aprobada en las Cortes Generales”, prosigue.

Este miércoles por la mañana, en el Congreso de los Diputados, la vicepresidenta ha apelado directamente al PP: “No pueden reclamar más recursos para las comunidades autónomas y votar en contra del objetivo de estabilidad que le daba a los territorios 4.500 millones más, votar en contra del impuesto a la banca cuya recaudación va a las comunidades y les daba 1.500 millones más, y no se puede votar en contra de una condonación de 83.000 millones de euros”.

Las once comunidades del régimen común gobernadas por el PP pueden rechazar la propuesta “gratis” en este Consejo de Política Fiscal y Financiera. La complejidad de mantener esa oposición aumenta cuando el asunto pase por el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno necesita el apoyo de la mayoría de los grupos. Del plano territorial, se pasa al parlamentario.

En la práctica, esta condonación o quita de deuda, que proviene de la reivindicación de Catalunya y que el Ministerio de Hacienda ha extendido a “todas” las comunidades, ahorrará aproximadamente entre 5.000 y 7.000 millones en intereses a los que hacen frente las Administraciones regionales. Un coste que recaerá en el conjunto del Estado. En otras palabras, son intereses de la deuda que dejan de pesar en los presupuestos regionales y pasan a la Administración central, aunque sigue siendo “dinero de todos los españoles”. Es por eso, que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insiste en que es una “medida generosa” por parte del Gobierno.

Castilla-La Mancha apoya la quita de deuda

Castilla-La Mancha le ha dado a Hacienda una de cal y otra de arena. La comunidad autónoma, de las pocas gobernadas por el PSOE, ha sido uno de los apoyos con los que ha contado la propuesta de Hacienda para la condanación de deuda. Aunque esta región gobernada por el PSOE ha querido dejar claro que rechaza “el reparto” del impuesto a la banca entre las comunidades autónomas, según acordó el Gobierno en su diseño con sus socios nacionalistas de Euskadi y Catalunya en el Congreso.

En el caso de la región que preside el socialista Emiliano García-Page, la quita de deuda asciende a casi 5.000 millones de euros, cerca del 30% de toda la deuda de la comunidad autónoma. Es la sexta región más beneficiada según este cálculo entre las quince del régimen de financiación común.

En rueda de prensa previa al Consejo de Política Fiscal de esta tarde en la sede del Ministerio, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha adelantado la posición de la región: “Este Gobierno reconoce lo que está bien, que es la condonación, pero reconoce también lo que está mal, y es repartir los impuestos en función de la riqueza de las regiones. Miramos exclusivamente por los intereses de la región y desde luego no hacemos de la financiación una lucha partidista como está haciendo el Partido Popular”.

Antes de entrar al Consejo de Política Fiscal, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha dicho que se ha hecho “justicia” con Castilla-La Mancha y ha señalado que el método utilizado “es un punto de partida” para acordar el nuevo modelo de financiación.

El reparto de la condonación o quita de la deuda sigue criterios “técnicos y transparentes” según “la población ajustada de cada territorio, el sobreendeudamiento en la anterior crisis financiera y el esfuerzo fiscal [fases 1, 2 y 3, en el primer gráfico de esta información]” de los últimos años, explicó la ministra de Hacienda este mismo lunes.

En la tercera fase de ajuste, hay otra clave importante de la propuesta de Hacienda. En sus cálculos premian a las regiones que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en IRPF. Es decir, que hayan exigido un mayor esfuerzo fiscal a sus contribuyentes, que no hayan bajado impuestos.

Este último ajuste se ha ceñido a la parte del IRPF que depende de las comunidades autónomas, pero evita entrar en otros impuestos cedidos a las comunidades, como Patrimonio o Sucesiones, que los gobiernos del PP de la Comunidad de Madrid o Andalucía han utilizado para hacer competencia fiscal a la baja en los últimos años.

Precisamente, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se mostró este lunes a favor de la propuesta de Hacienda para condonar la deuda a las comunidades autónomas, pero pidió a su socio de Gobierno que sea a cambio de una condicionalidad: que esos gobiernos no bajen los impuestos a la riqueza, en un claro mensaje a las dirigidas por el Partido Popular.

“Si la ley termina aprobada en los términos que hemos planteado, porque requiere de una ley, no hay condicionalidad”, aclaró la ministra de Hacienda este lunes. “Esta condonación se asume por parte del Estado y no hay ninguna contraprestación que nos tengan que hacer las comunidades autónomas. Lo he dicho desde el primer momento: somos generosos porque creemos en el Estado de las autonomías y creemos también en que hubo un perjuicio a las comunidades autónomas en la anterior crisis financiera que provocó un sobreendeudamiento”, reiteró.