Sumar registra una proposición de ley para blindar el derecho al aborto en la Constitución

Sumar quiere que España siga los pasos de Francia y reforme su Constitución para blindar el derecho al aborto. El grupo plurinacional ha registrado este jueves una proposición de ley para introducir en el articulado de la Carta Magna un punto en el que se reconozca “el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” para que sea “libre, informada, plena y universal”.

“Bajo la perspectiva feminista y de justicia social, la IVE es inseparable del derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sobre su cuerpo. Reconocerlo como parte de la historia humana es un paso necesario para garantizar su despenalización y acceso seguro”, argumenta la exposición de motivos del texto que el grupo y al que ha tenido acceso elDiario.es.

La iniciativa propone una reforma sencilla. Se trata de modificar el artículo 43 de la Constitución, el que hace referencia al derecho a la protección de la salud de los españoles y españolas. Ese artículo ya establece que es competencia de los poderes públicos “organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, así como que los “poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte”.

Sumar quiere añadir a continuación un cuarto punto para que se reconozca “el derecho a una interrupción voluntaria del embarazo que sea libre, informada, plena y universal”. “Los poderes públicos garantizarán el ejercicio de este derecho con absoluto respeto a su autonomía física”, añade la nueva redacción que propone el grupo.

Aunque en España se puede abortar legalmente desde 1985, el Congreso ha reformado las leyes que regulan este derecho en dos ocasiones. Primero con la ley que impulsó el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, que entre otras cosas permitía la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 sin necesidad de justificación y hasta las 22 semanas en situaciones de riesgo grave para la vida o la salud de la persona gestante, o en caso de anomalías fetales graves.

Aunque años después el Gobierno de Mariano Rajoy trató de limitar esa legislación, durante la legislatura pasada el Ministerio de Igualdad de Irene Montero impulsó una nueva reforma para blindar ese derecho. “Esta norma eliminó la necesidad de permiso de los padres, madres o tutores legales para acceder al aborto a los 16 años, intentó blindar legalmente el acceso a la IVE en centros públicos, y estableció medidas que perseguían evitar la coacción a la que las mujeres podían verse sometidas a través de protocolos de políticas activas de maternidad y ayudas al nacimiento”, recoge la exposición de motivos del texto de Sumar.

El grupo plurinacional entiende no obstante que todavía quedan pasos para una “verdadera garantía real del derecho al aborto”. “Seguimos pasando por desplazamientos forzosos a otras provincias o comunidades para poder abortar, la objeción de conciencia tiene amparo legal y el acoso ante las clínicas abortivas continúa siendo una realidad. Además, las mujeres en situación administrativa irregular enfrentan múltiples barreras cuando desean interrumpir voluntariamente su embarazo; las dificultades burocráticas, la desinformación, el miedo a ser expulsadas o denunciadas y las desigualdades territoriales obstaculizan su ejercicio de este derecho”, expone la proposición de ley.

Con este texto, Sumar quiere que España siga los pasos de Francia, que hace poco se convirtió en el primer país del mundo en introducir este derecho en su Constitución. El 4 de marzo de 2024 las dos cámaras parlamentarias de ese país se reunieron en el Palacio de Versalles para votar a favor de inscribir en la ley fundamental la “libertad garantizada a la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo”.