De prohibir su voto a determinar presidentes: Ecuador prueba la evolución del voto indígena en los países andinos

“Ni un solo voto a la derecha”. Fue una de las resoluciones a las que llegó el miércoles, después de cuatro horas de asamblea, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) sobre su apoyo para las elecciones presidenciales del 13 de abril. Había expectativa en la decisión, porque el partido indigenista Pachakutik fue el tercero más votado en la primera vuelta y su 5,3% de votos conseguidos será decisivo para escoger entre el actual mandatario Daniel Noboa y la correísta Luisa González. El resultado fue contradictorio: horas antes del anuncio, la sección amazónica de la confederación, la Confeniae, mostró su apoyo al actual presidente conservador en una carta.

Como aseguró el mismo líder de Pachakutik y Conaie, Leónidas Iza, los 536.000 electores que respaldaron su candidatura en la primera vuelta no son necesariamente indígenas. Ni el electorado nativo seguirá ciegamente la decisión de sus dirigentes. Sin embargo, las alianzas y el apoyo que vienen buscando los candidatos de diferentes ideologías con las organizaciones originarias prueban la evolución de la influencia del voto indígena. No solo en Ecuador, sino en todo el ciclo de elecciones andinas que se completarán con Bolivia (17 de agosto) y Perú (12 de abril de 2026). Un sufragio que les era negado hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX y que ahora les permite gobernar La Paz desde hace casi dos décadas y que provocó una sorpresiva victoria de Pedro Castillo en Lima en 2021.

“El voto indigenista, que no necesariamente es indígena, viene representando un 20% del electorado en Ecuador. Va a distintos puntos del espectro de ideologías, pero está constantemente presente. Tiene una buena base electoral, que bien organizada, puede impulsar una candidatura”, asegura el profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), Gabriel Hidalgo.

Hidalgo toma como referencia los resultados que tuvo el sector rural en los comicios presidenciales desde su primera participación en 1996, cuando, coligado con Nuevo País, terminó tercero con el 20% de los votos. Desde entonces, como Pachakutik, se aliaron y llevaron a la presidencia a Lucio Gutiérrez en 2002; permitieron la victoria de Rafael Correa en primera vuelta en 2009; estuvieron a décimas de la segunda vuelta en 2021; y lideraron las violentas protestas de 2019 y 2022 contra el Gobierno. Queda para la posteridad la fotografía de nativos ataviados de ponchos y whipalas toman el Congreso en 2019 al grito de “¡fuera (Lenin) Moreno!”.

Los valores perseguidos por el movimiento indígena suelen estar asociados con la izquierda, como la justicia social o la expropiación de tierras. No obstante, para el cacique Iza, González no representa a la izquierda, sino la “socialdemocracia”, y ha condicionado el miércoles su apoyo a cambio de varias demandas. “La clase indígena siempre ha sido un actor de contradicción al correísmo, por eso se puede entender que Correa haya impulsado acciones políticas de persecución a sus principales líderes”, asegura Hidalgo. El punto de mayor tensión llegó cuando, en su segundo mandato (2009-2013), Correa reprimió violentamente las protestas antiextractivistas. Fue un punto de quiebre que se conciliaría por primera vez si Pachakutik confirma su apoyo a González.

Dominio indígena en Bolivia

El 7,7% de los casi 18 millones de ecuatorianos se reconoce como de alguna etnia indígena, según el censo de 2022. Es el tercer país sudamericano con mayor población originaria, detrás de Perú (25,7%) y Bolivia (41%). Este último, al igual que sus homólogos sudamericanos, empezó su vida republicana con una Constitución que negaba la participación ciudadana a la clase autóctona, pero fue el primero en incluirla con el sufragio universal implementado en 1952.

“[hasta entonces] Se hablaba de un país de los vecinos y un país de los indios. Su vida no era tomada en cuenta, menos su vida política. Antes de la revolución de 1952, en su cédula se refería quién era su ‘patrón’”, explica Christine Delfour, profesora de la universidad Upem en Francia, especialista en estudios latinoamericanos. Después de la independencia de España, permaneció un colonialismo interno en las nacientes repúblicas que pretendía minimizar o utilizar a la población indígena como carne de cañón. El caso boliviano más representativo fue el de la Guerra Federal (1898-1900). El bando liberal, que enfrentaba a los conservadores, reclutó soldados indígenas con la promesa de reformas sociales solo para perseguirlos y ejecutarlos después de que lograran la victoria.

Al igual que en Ecuador, la vida partidista del movimiento originario en Bolivia se vuelve significativa en la década de los noventa. Partidos como Movimiento Revolucionario Túpac Katari o Movimiento Indígena Pachacuti logran representación parlamentaria, y en 1993 el aimara Víctor Hugo Cárdenas es elegido como vicepresidente y se convierte en el primer indígena en el Gobierno. Todo el ímpetu de la época es capturado y unificado por Evo Morales y su partido Movimiento al Socialismo (MAS). Desde los comicios de 2005 le allanaron el camino para tres victorias en primera vuelta de forma apabullante.

Han tenido que pasar casi 20 años, agresivas represiones, como la de Chaparina contra comunarios que rechazaban una carretera que atravesaba su territorio, y una crisis interna para que el monopolio del MAS se vea amenazado. Las luchas dentro de las mismas organizaciones entre las facciones que apoyan a Morales y las del lado del actual presidente, Luis Arce, evidencian por primera vez una dispersión del voto nativo. “Ser indígena no es ser del MAS”, reclamaba la diputada de la nación Sura, Toribia Lero, en una intervención la semana pasada en el Congreso que se viralizó en el país. Federaciones y sindicatos de trabajadores, a cargo de varios ministerios y antes unificados, están empezando a tomar un bando para las próximas elecciones del 17 de agosto.

La irrupción de Castillo en Perú

La realidad política indígena en Perú se diferencia de sus países vecinos. Su constitución no reconoce un país plurinacional que otorga a las naciones ancestrales autonomía plena, como sí lo hacen los últimos textos magnos de Ecuador (2008) y Bolivia (2009). Es más, no se menciona de manera directa la palabra “indígena”, sino comunidades campesinas y nativas.

El voto universal se implementó recién en 1979 y fue uno de los últimos países de la región en instruir una reforma agraria en 1963. A pesar de ser la cuna del movimiento intelectual indigenista entre 1920 y 1930, con José Carlos Mariátegui como principal faro, apenas se tradujo en el Parlamento.

“A diferencia de otros Estados donde se observan partidos políticos importantes que tienen candidatos indígenas que reivindican lo indígena y llegan al parlamento con agendas relacionadas con los derechos de sus tierras, en Perú no ha ocurrido. Es una tarea en la que participan más las plataformas”, sostiene el investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Paulo Vilca.

A pesar de que en los libros de historia se reconoce a Alejandro Toledo, presidente desde 2001 hasta 2006, como el primer jefe de Estado con ascendencia autóctona, nunca se identificó con lo indígena, explica Vilca. Existen casos de legisladoras vinculadas al indigenismo como la ayacuchana Tania Pariona o la puneña Paulina Arpasi, pero no han sido la regla.

El paradigma dio un giro con la llegada al poder del profesor Pedro Castillo, defensor de su procedencia campesina, en 2021. “Gran parte de su apoyo vino de la zona sur del país, que es la zona con mayor porcentaje de población indígena, principalmente quechua y aymara, pero también la de mayor índice de pobreza. Tradicionalmente ha votado por candidatos antiestablishment, de izquierda radical”.

Fue también el sur (Arequipa, Puno) el epicentro de las masivas manifestaciones sociales entre diciembre de 2023, después de la destitución y aprehensión de Castillo, hasta marzo de 2024, que fueron reprimidas por el ejército con un saldo de 60 muertos. Es la principal razón de la crisis política del gobierno de Dina Boluarte, con una aprobación del 3%.

A pesar de la actual incidencia del voto indígena en los países andinos, todavía existe un paternalismo excesivo de la clase política. El investigador y docente de la Universidad Privada Boliviana (UPB), Andrés Laguna, lo define como prebendarismo: recibir un beneficio o cargo a cambio de apoyo en los comicios. Comenta: “Tuto Quiroga [candidato opositor para las elecciones bolivianas] decía en un coloquio que en Bolivia todos somos mestizos. Racialmente puede ser cierto, pero la identidad cultural es mucho más compleja que tu mapa fenotípico. Es una categoría homogeneizante y la igualdad invisibiliza la diferencia. Estamos en un país donde las diferencias deben ser reconocidas no para generar división, sino para constituir proyectos comunes donde tanto tú como yo nos sintamos representados”.