Las actas secretas de la muerte de García Caparrós enfrentan a PSOE y Sumar, que estudia recurrir al Constitucional

La desclasificación íntegra de las actas de la Comisión del Congreso que investigó la muerte de Manuel José García Caparrós, el joven malagueño que falleció de un balazo durante la gran manifestación por la autonomía del 4 de diciembre de 1977, ha enfrentado este jueves a PSOE y Sumar, socios en el Gobierno de España, con una advertencia expresa de la coalición de izquierdas.

El grupo parlamentario Sumar estudia si presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional después de que el PSOE haya vuelto a votar en la Mesa del Congreso de los Diputados en contra de la iniciativa para “desclasificar los nombres de las personas que asesinaron a Manuel José García Caparrós”, que murió por un disparo proveniente de un agente de la Policía Armada.

El nombre de ese agente sigue siendo desconocido porque la Mesa se niega a sacarlo del anonimato, esgrimiendo un informe de la directora del Departamento de Documentación, en el que se aduce que está prohibido por la Ley de Patrimonio Histórico y del Decreto, que regula el sistema de archivos de la administración. Sumar recurrió la última negativa de la Mesa a desanonimizar esos papeles. Formalmente, pidió una “reconsideración”, amparándose en la Ley de Memoria Democrática, pero los socialistas se han opuesto. Sólo votaron a favor los dos diputados de Sumar en la Mesa, Esther Gil de Reboleño y Gerardo Pisarello. El PSOE se sumó a los siete votos en contra.

Una próxima modificación legal

De fondo, hay una disputa por capitalizar la iniciativa en un asunto cargado de simbolismo. En el PSOE ha sorprendido la reacción de Sumar, porque para solventar este bloqueo, que dura casi 50 años, la Mesa ha puesto en marcha una modificación de la norma que regula el acceso a la documentación parlamentaria y el régimen del Archivo del Congreso.

Así lo anunció María Jesús Montero, vicepresidenta y futura candidata socialista a la Junta de Andalucía, el pasado 27 de febrero, en un acto de reparación al que acudieron las tres hermanas del joven asesinado. Fuentes socialistas advierten de que Sumar estaba al tanto de esta iniciativa.

La nueva norma reemplazaría a la Instrucción del 4 de julio de 1984, que rige actualmente, y pretende armonizar la normativa sobre transparencia del Congreso con el acceso a la documentación de la cámara baja. Fuentes de la Mesa del Congreso anticipan que la reforma dará la posibilidad de acceder a la documentación sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Manuel García Caparros “de manera abierta, transparente y sin anonimizar”. Formará parte del I Plan de Parlamento Abierto, cuya aprobación está prevista para el próximo 18 de marzo, sin que ello implique la modificación inmediata de la disposición legal que regula el acceso.  

Sumar: “Excusas cada vez más retorcidas”

Sumar no se conforma con esta vía y quiere que la Mesa ampare su iniciativa y desclasifique ya los documentos, amparándose en las leyes de memoria. La coalición de izquierdas subraya que no existe ningún informe de los servicios jurídicos que justifique la negativa a conceder acceso completo, tan solo el de la directora del Departamento de Documentación.

También recuerda que en 2017, la última vez que se concedió anonimizado, no estaba en vigor la Ley 20/2022, que hoy constituye ahora el “marco jurídico central” de todo lo que tiene que ver con la “memoria democrática”. Ese marco obligaría a integrar la aplicación de la Ley de Patrimonio y del Decreto que regula el acceso a los archivos de la Administración en un marco mucho más favorable a la plena transparencia.

En su petición de reconsideración, que este medio ha podido consultar, Sumar recuerda el principio constitucional de autonomía parlamentaria, que concede al Congreso la facultad de autorregularse, lo que incluiría la posibilidad de desclasificar y permitir la consulta de documentos.

Algo que debería hacerse, recuerda la coalición, “en consonancia con los principios constitucionales y los derechos fundamentales”. “Para que pueda garantizarse de forma plena, este derecho [el derecho a la verdad reconocido en la ley] conlleva el acceso a la información completa y veraz sobre los hechos ocurridos”, señala Sumar. De ahí, que este jueves haya lanzado la advertencia de un posible recurso al Tribunal Constitucional.

La andanada también ha sido política. Esther Gil de Reboleño, diputada de Sumar y vicepresidenta tercera de la Mesa, ha criticado los “vaivenes del PSOE sobre la memoria democrática en Andalucía”, lamentando el voto en contra dos semanas después de que Montero prometiera a la familia García Caparrós que “moverá cielo y tierra para destapar los nombres de los asesinos” del joven. Eso “no es tomar en serio la historia, la memoria y la dignidad del pueblo andaluz”, ha señalado la diputada.

Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía y diputado de Sumar por Málaga, Toni Valero, ha sostenido que “las excusas del PSOE para votar que ‘no’” a dicha iniciativa “son cada vez más surrealistas y retorcidas”.

Documentación de “carácter secreto”

Algunas personas han accedido en estos años a la documentación de la Comisión que investigó aquella muerte en 1977. Una de ellas fue Eva García Sempere, diputada de IU-Podemos, quien en 2017 revisó los documentos pero encontró los nombres tachados. La secretaria judicial Rosa Burgos sí accedió a esos documentos, aparentemente sin restricciones, en 2007, y los publicó años después en su libro Las muertes de García Caparrós, editado por la Revista El Observador en 2017. El Congreso también concedió el acceso sin anonimizar a Jaime Relanzón, comandante de la Guardia Civil, en su calidad de instructor de un expediente de responsabilidad patrimonial.

Sin embargo, la Mesa del Congreso argumenta en su último informe, emitido en enero para responder a la petición de Sumar, que para acceder a los documentos se requiere una autorización expresa, y que en todo caso la consulta no puede saltarse la prohibición porque “la documentación cuya consulta se solicita sin anonimizar tiene carácter secreto”.