
El Gobierno andaluz admite por primera vez posibles irregularidades en los contratos sanitarios troceados
La jueza de Cádiz acepta la personación «en calidad de perjudicado» del SAS, que cambia su posicionamiento ya que hasta ahora no aclaraba si ejercería como acusación o como damnificado
La jueza de los contratos sanitarios troceados deja fuera al Gobierno andaluz hasta aclarar si es defensa o acusación
La jueza que investiga si hubo malversación en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada en Cádiz tiene ya por personada a la administración sanitaria andaluza en calidad de perjudicada después de que el propio SAS haya reconocido por primera vez que es “posible perjudicado por los daños que se deriven de las acciones enjuiciadas”, esto es, que ha podido haber algunas irregularidades contractuales que han perjudicado de alguna forma las arcas públicas.
En una providencia del fechada este 10 de marzo, el juzgado acepta finalmente la personación del SAS después de rechazarla hasta en dos ocasiones ya que la Junta no había aclarado en calidad de qué queria personarse, si como acusación o como perjudicado. Ahora queda claro el posicionamiento del SAS, expuesta a través de un escrito avanzado este lunes por la SER.
La causa abierta tras una denuncia de Podemos a raíz de una información exclusiva de elDiario.es Andalucía publicada el pasado otoño, pone bajo sospecha un montante de 235 millones de euros en contratos menores encadenados que el SAS usó para pagar la misma prestación a clínicas privadas, “eludiendo” la ley de contratación, según recoge un informe desfavorable de la Intervención de la Junta, que forma parte de la investigación.
La jueza Rosa García Jover, que investiga posibles irregularidades en el fraccionamiento masivo de contratos del SAS en Cádiz en 2021, ha citado a declarar en calidad de testigos a dos interventores y dos altos cargos del Gobierno de Juan Manuel Moreno. En Cádiz, la investigación del interventor provincial del SAS y su equipo contabilizaron 135.767 facturas al año que sumaban 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial que adelantó elDiario.es, y que obra en poder de la magistrada y la fiscal del caso.
De decir que ‘no había caso’ a personarse
La lider de Podemos en Andalucía, Raquel Martínez, ha reaccionado ya a la decisión del Gobierno andaluz de personarse como damnificado en el caso y ha calificado este movimiento como “una evolución llamativa” por parte de la Junta, que hasta hace poco negaba la existencia de cualquier irregularidad.
“Es curioso ver al Gobierno andaluz en su evolución, pasando de decir que ‘no había caso’ a personarse en una causa que investiga millones y millones de euros de contratos troceados”, ha afirmado Martínez. “El Gobierno de Moreno Bonilla se ha estado saltando la ley, ha estado beneficiando a empresas privadas, a clínicas privadas y haciendo mucho daño al Sistema Andaluz de Salud”, ha denunciado.
Podemos Andalucía recuerda que fue su denuncia la que destapó este escándalo y señala que la Junta se ha visto obligada a reaccionar ante la contundencia de los hechos. Sin embargo, Martínez ha insistido en que este movimiento no puede servir para que el presidente de la Junta evite rendir cuentas: “Moreno Bonilla tiene que dar explicaciones, porque hasta ahora solo se ha escondido. Pero ya la gente se va dando cuenta de que no hay PP bueno, que ya nos está ocurriendo como en Madrid o en Valencia”.