El presidente del Supremo rechaza la campaña de Trump para destituir al juez que ordenó frenar las deportaciones a El Salvador

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha contradicho a Donald Trump en su campaña para promover un impeachment contra el juez federal de Washington que ordenó frenar los vuelos de deportación con más de 200 venezolanos a las prisiones de El Salvador. Mientras aún se investiga si la Casa Blanca ignoró deliberadamente la resolución del juez, esta mañana el presidente estadounidense ha pedido que el Congreso inicie un proceso para destituir al magistrado. En un comunicado publicado poco después, el presidente del Supremo ha señalado que esa no es la solución.

“Durante más de dos siglos, se ha establecido que el impeachment no es una respuesta apropiada al desacuerdo sobre una decisión judicial”, dijo Roberts en un comunicado emitido por el tribunal. “El proceso normal de revisión en apelación existe para ese propósito”. Roberts forma parte de la mayoría conservadora del Supremo, aunque es de perfil moderado. Fue nombrado para el cargo por el expresidente George W. Bush.

El presidente estadounidense había solicitado este martes por la mañana la destitución del juez federal James Boasberg, quien emitió la orden judicial para frenar la deportación de los venezolanos en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros. En un post en Truth Social, Trump atacó a Boasberg, llamándolo “lunático radical de izquierdas”.

Por primera vez, Trump secundaba las peticiones de Elon Musk y de su vicepresidente, JD Vance, para destituir a los jueces que han bloqueado las acciones del gobierno, y pedía al Congreso que iniciara un proceso de impeachment contra Boasberg.

El fin de semana, la Casa Blanca desafió al poder judicial deportando a los más de 200 venezolanos a las prisiones de El Salvador, a pesar de la resolución judicial. El argumento oficial era que el vuelo ya había despegado antes de que el juez emitiera la orden. Aunque el gobierno de Trump insiste en que el vuelo de deportación despegó justo antes de que el juez emitiera la orden por escrito, la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, insinuó ayer que se había ignorado la orden verbal. Boasberg había dado hasta el mediodía de hoy para que se certificara por escrito que ninguna persona había sido deportada una vez que la directriz judicial había entrado en vigor.

Boasberg convocó una audiencia este lunes para determinar por qué su orden, aparentemente, había sido ignorada por la Casa Blanca. El Departamento de Justicia argumentó que “una orden verbal no se ejecuta como una orden judicial [escrita]”. El abogado del gobierno, Abhishek Kambli, se negó a responder cualquier pregunta detallada sobre los vuelos de deportación y defendió que Trump tenía amplia autoridad para expulsar inmigrantes con poco o ningún proceso legal, de acuerdo con la Ley de Enemigos Extranjeros. Por ello, Boasberg dio hasta el mediodía de hoy para que el gobierno estadounidense certificara por escrito que ninguna persona había sido deportada después de que la orden escrita entrara en vigor. Se trata de una información clave para determinar si finalmente se desobedeció su autoridad.

Más allá de la falta de colaboración, antes de que comenzara la audiencia, el Departamento de Justicia intentó cancelarla y, en un movimiento aún más extremo, solicitó al tribunal de apelaciones federal que supervisa al juez que apartara a Boasberg del caso.