El Congreso vota quitar la protección al lobo por la puerta de atrás

Colado como enmienda en una ley para evitar que se desperdicie comida, el Congreso vota si se vuelven a cazar lobos en España. La disposición –que cuenta con el apoyo a priori de PP, Vox, PNV y Junts– elimina la protección de la especie al norte del Duero. Sin esa protección, los lobos podrán matarse en lo que los promotores de la idea denominan “gestión” del Canis lupus sigatus.

La enmienda deshace de un plumazo el proceso que desembocó en 2021 en la inclusión del lobo en todo el territorio nacional en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre). La justificación con la que el PP incrustó la medida en una norma contra el despilfarro de comida es que los ataques al ganado de “fauna silvestre” generan “cuatro millones de kilos de carne desperdiciada”. Con ese razonamiento ha bastado.

La disposición se introdujo en el trámite del Senado (donde los populares cuentan con mayoría absoluta), pero debe ser refrendada –o desaparecer– en el Congreso este jueves. Es el previsto apoyo del PNV y Junts, unidos al PP y la ultraderecha de Vox, lo que daría los votos suficientes para desproteger al lobo por la vía rápida, cuatro años después.

El portavoz del PP, Miguel Tellado, pidió a última hora de este miércoles retrasar una semana las enmiendas incorporadas en el Senado.

La enmienda –que desprotege las manadas al norte del Duero– es un calco de un artículo introducido por el PP en una proposición de ley “relativa a la protección del lobo y la cohabitación con la ganadería extensiva” que fue admitida a trámite por el Congreso en febrero de 2024 con los votos a favor de populares, Vox, Junts y PNV. La alianza parlamentaria antilobo viene de más lejos. Y ahora se reedita para insistir sobre el argumento por la puerta de atrás: la vía exprés de una enmienda para acceder a una norma que nada tiene que ver y que se encuentra en sus últimas fases de tramitación, a la que se le tuvo que colgar la justificación de la carne desperdiciada.

Fuentes parlamentarias del PNV afirman que “la ganadería extensiva en Euskadi no es compatible con la presencia del lobo. No lo ha sido nunca”. En el País Vasco en 2023 el Ejecutivo autonómico hablaba de dos manadas (compartidas) y entre 9 y 11 lobos, pero en los datos remitidos al Ministerio de Transición Ecológica en marzo de 2024 se indicaban ejemplares individuales y no manadas reproductoras. El grupo parlamentario afirma que “los ataques a rebaños se han incrementado y de no tomar medidas, irán en aumento”. Así que proponen “un control poblacional y planes de gestión”.

“Supone un precedente peligrosísimo para saltarse mediante una ley todo el procedimiento reglado por otra ley para incluir, modificar o eliminar una especie del listado de protección”, analiza el director de Conservación de WWF, Luis Suárez.

Suárez se refiere a que ese listado fue creado por la ley de Biodiversidad y tiene un procedimiento detallado. Ese procedimiento indica que la iniciativa para que una especie entre o salga es de oficio del Gobierno o de las comunidades autónomas o asociaciones o individuos y, en todo caso, “deberá ser motivada e ir acompañada de la información científica justificativa, así como las referencias de los informes y publicaciones científicas que se hayan podido utilizar”.

El reglamento indica que luego se tiene que remitir el expediente a la Comisión de Flora y Fauna Silvestres que consulta con el Comité Científico. En el caso del lobo, por ejemplo, ese Comité Científico emitió un dictamen en febrero de 2020 en el que analizaba que la especie no cumplía los requisitos para la categoría de Vulnerable, pero sí pedía que todas las poblaciones sin distinción fueran incluidas en el Lespre. Eso fue lo que finalmente ocurrió, aunque aún transcurrió más de un año de procedimiento antes de que se hiciera efectivo.

Lo cierto es que, en este caso que se dirime en el Congreso, ha sido suficiente con que el Partido Popular redacte en la enmienda que los “residuos de cadáveres” de ataques al ganado suman “cuatro millones de kilos de carne, dado que fueron más de 14.000 las reses muertas entre terneros, vacas, potros y ovejas” para modificar el listado. No aportan sin embargo datos de que esos ataques se achaquen directamente a lobos.

Suárez entiende que si se saca a parte de la especie de la protección “se va a un limbo: se retrocede a 2020, pero con los planes de las comunidades autónomas sin actualizar, que buscarán sistemas para volver a matar lobos”, vaticina.

Por lo pronto, una norma así “haría decaer la actual estrategia del lobo –pensada para la convivencia entre carnívoros y ganadería– y con ella los fondos que lleva aparejados”, insiste el ambientalista. Son unos 20 millones anuales que los Presupuestos Generales destinan a las comunidades autónomas.

La senadora del PP, Lorena Guerra Sánchez, espetó en el pleno en el que se discutió esta medida que el Gobierno debe “dejar que las comunidades autónomas gestionen el problema como corresponde”. La gestión del lobo autonómica ha tenido entre sus piezas angulares las denominadas “extracciones” de ejemplares. Es decir: partidas de caza para diezmar manadas.

Y precisamente el plan de gestión (o de caza) diseñado durante años por la Junta de Castilla y León (uno de los gobiernos más beligerantes contra la calificación del lobo como protegida) fue finalmente anulado por la Justicia. El Tribunal Superior de Castilla y León falló que los planes desde 2019 a 2022 carecían de sustento legal. Era octubre de 2024 y se habían matado 399 lobos con esos planes.

Malos tiempos lobunos

Desde que todos los lobos en España fueron protegidos, las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria secundaron al sector ganadero que reclama poder matar ejemplares. Los cazadores también se unieron, ya que son los últimos beneficiarios de los planes de gestión cinegética: son quienes disparan y cobran los trofeos.

Sin embargo, fue el cambio de postura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo que les ha dado gasolina. Von der Leyen promociona un cambio en el estatus legal de la especie desde que su poni preferido sufrió un ataque.

Las protestas de agricultores y ganaderos en toda la Unión Europea, aprovechada por los partidos de ultraderecha para crecer electoralmente, terminaron por que la UE patrocinara una degradación de la protección internacional del lobo en el Convenio de Berna. Acto seguido, la Comisión de Von der Leyen propuso que se modificaran en ese sentido las leyes europeas.