Bruselas ve ilegal el laudo que obligaba a España a pagar 101 millones a Antin por la retirada de las ayudas a las renovables de Rajoy

La Comisión Europea considera que España no tiene que pagar la multa de 101 millones de euros al fondo de inversión luxemburgués Antin que determinó un laudo arbitral por la retirada de las ayudas a las renovables que aplicó Mariano Rajoy en 2013. Bruselas considera que esa compensación choca con el marco legal del mercado interio y considera que supondría una ayuda de estado ilegal.

“La Comisión Europea ha concluido que un laudo arbitral, en el que se condena a España a pagar una compensación a Antin por la modificación de una medida de apoyo a la electricidad renovable, constituye una ayuda estatal ilegal. En la decisión, la Comisión ordena a España que no pague ninguna compensación basada en el laudo arbitral. La decisión también exige a España que garantice que no se produzca ningún otro pago, ejecución o aplicación del laudo arbitral”, señala la Comisión Europea en un comunicado.

“La decisión recuerda la obligación de los jueces nacionales de asistir a España para garantizar el cumplimiento de la decisión de la Comisión, incluyendo la adopción de todas las medidas necesarias para impedir el reconocimiento, ejecución o aplicación del laudo arbitral en terceros países”, agrega la nota que zanja así la investigación que Bruselas inició en 2021 sobre ese conflicto entre España y el fondo de inversión luxemburgués por la desaparición de las primas a las renovables que inicialmente aplicó José Luis Rodríguez Zapatero en 2007 y que Rajoy eliminó seis años después.

El régimen de apoyo a la producción de electricidad procedente de fuentes renovables del Gobierno socialista, no obstante, no fue notificado a la Comisión Europea para su autorización con arreglo a las normas sobre ayudas estatales. En aquel momento, Antin invirtió en ese sector en España. En 2013, el Ejecutivo de Mariano Rajoy modificó el régimen de ayudas y eliminó las primas que se estaban aplicando a la energía renovable. Ese cambio sí fue comunicado a Bruselas, que le dio el visto bueno en 2017.

Al aplicarse con efecto retroactivo, Antin inició un procedimiento de arbitraje para reclamar una compensación por el perjuicio a sus inversiones y el laudo concluyó en 2018 que debía recibir 101 millones de euros al considerar que España había infringido el Tratado sobre la Carta de la Energía al modificar el régimen de apoyo a las energías renovables de 2007 e instaurar un nuevo régimen de apoyo en 2013, en virtud del cual el nivel de apoyo era inferior.

La Comisión Europea zanja, al menos por ahora, el conflicto al concluir que España no debe pagar esa compensación, que tenía en el punto de mira activos de la empresa pública Navantia.