El Poder Judicial estima que la carga de trabajo de los juzgados de violencia machista aumentará un 12,9% por la reforma del Gobierno

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que la carga de trabajo de los juzgados especializados en violencia de género aumentará un 12,9% con la ley de eficiencia, que determina que comenzarán a asumir todos los casos de agresiones sexuales cuando la víctima es una mujer independientemente de que el acusado sea o no su pareja o expareja. En el modelo actual, en vigor desde 2005, estos juzgados sólo tramitan procedimientos en los que exista vínculo afectivo entre agresores y agredidas. Está previsto que esta parte de la reforma entre en vigor el 3 de octubre de 2025.

El cambio va en línea con una concepción amplia de la violencia machista a la que apunta el Convenio de Estambul ratificado por España hace diez años y que implica considerar como tal actos violentos cometidos contra mujeres por el hecho de serlo más allá de la pareja o expareja. Por eso, a partir de octubre, el mismo juez que instruye el caso de una mujer a la que su marido maltrata psicológicamente, lo hará también con la joven a la que agrede sexualmente un compañero de trabajo o un hombre en un bar.

El estudio realiza una estimación de la carga de trabajo que esta ampliación de competencias va a generar por autonomías y por partido judicial y los resultados van desde un máximo del 20% a un mínimo del 2,79%. Según el informe, en esa horquilla influyen variables como las características de cada territorio, el tamaño de las localidades, los medios de que disponen y la ubicación geográfica (interior o zonas costeras). 

El incremento más notable de asuntos en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se daría en Catalunya y en Illes Balears, donde la estimación del aumento de la carga de trabajo es del 20,25 y del 19,60%, respectivamente. Les siguen Murcia (18,3 %), Galicia (18,27 %), La Rioja (17,36 %), Navarra (17,19 %), Castilla y León (17,17 %), Cantabria (15,23 %), Castilla-La Mancha (14,58 %), Madrid (14,36 %), Asturias (14,13 %), Canarias (13,55 %) y Extremadura (12,08 %). Por último, Comunidad Valenciana (8,04 %), Andalucía (7,32 %), Aragón (4,23 %) y País Vasco (2,79 %).

 El estudio permite conocer también la disminución del volumen de asuntos que recaerán en los Juzgados de Instrucción y en los Mixtos cuando entre en vigor la ley. La reducción del número de asuntos también varía según las características del territorio y se movería entre el 3,55% de Illes Balears y el 0,35% del País Vasco.

Esta reforma ha soliviantado a los profesionales que están al frente de estos juzgados especializados, que se reunirán este martes con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo. En un comunicado difundido la semana pasada por 136 titulares de juzgados de violencia sobre la mujer —el 96% del total—, estos alertaban de que esta ampliación de competencias “puede provocar un colapso del sistema judicial en estos casos” si no aumentan los recursos materiales y personales. Y advertían de que esa sobrecarga de trabajo afectaría “la calidad y rapidez de la atención a las víctimas, generando espacios de desprotección y dificultando la instrucción adecuada de los casos”.