El Gobierno acuerda llevar a Ayuso al Constitucional por negarse a recordar el pasado franquista de la Puerta del Sol

El Consejo de Ministros ha acordado este martes llevar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el Tribunal Constitucional por negarse a colocar una placa en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol que recuerde su pasado franquista. Así, el Ejecutivo de Pedro Sánchez hace efectiva la medida que anunció hace un mes, después de que el gobierno madrileño declinara la instancia de negociación propuesta por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática como paso previo.

El choque entre administraciones se alarga desde el pasado mes de octubre, cuando el Gobierno central inició los trámites para declarar al edificio, que es la sede del ejecutivo madrileño, Lugar de Memoria. Esto implicaría la colocación de una placa en la que se mencione que el inmueble fue sede de la Dirección General de Seguridad durante el franquismo, pero Ayuso se niega apelando a cuestiones como “la neutralidad, el respeto a la historia o a la imagen institucional”, según ha esgrimido en varias ocasiones su portavoz Miguel Ángel García Martín.

A pesar de la oposición frontal de la Comunidad de Madrid, el Gobierno insiste en la declaración, que es una de las figuras contenidas en la Ley de Memoria Democrática y algo que llevan reclamando las asociaciones memorialistas desde hace años. Paralelamente, los populares madrileños han utilizado “todos los resortes legales” a su alcance para evitarlo, ya que consideran que es “una barbaridad” vincular el inmueble con el franquismo a pesar de que fue epicentro de la tortura policial del régimen y por él pasaron miles de represaliados.

Así, el gobierno autonómico interpuso un requerimiento pidiendo el archivo del expediente ya iniciado y gracias a la mayoría absoluta del PP en la Asamblea aprobó a finales de año una enmienda a una ley ómnibus que en la práctica obliga a que la instalación de cualquier placa o distintivo en el edificio requiera “la previa autorización” de la comunidad y establece que no se autorizará ninguna “que pueda perjudicar o generar confusión sobre la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia”.

Es precisamente esta ley la que impugna ante el Tribunal Constitucional el departamento dirigido por Ángel Víctor Torres, que la considera “incompatible con la distribución constitucional de competencias”, de acuerdo con el informe elaborado por el ministerio. “El ejercicio de las competencias del Estado en materia de memoria no resulta incompatible con el desarrollo ordinario de las funciones institucionales autonómicas ni de la utilización de los inmuebles destinados a ello”, añade el texto.

Por su parte, el PP madrileño lleva estos meses desplegando su argumentario contra la medida llegando hasta el punto de elaborar un vídeo en el que reúne a los expresidentes Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Alberto Ruiz-Gallardón y Joaquín Leguina para justificar su oposición. La producción repasa la historia de la Real Casa de Correos, pero está plagada de omisiones y medias verdades. El discurso de las diferentes voces que intervienen se repite: apelan a la reconciliación entre españoles de la Transición y recurren a la violencia republicana durante la Guerra Civil y a ETA además de acusar a quienes quieren colocar una placa de “guerracivilismo”.

La DGS coordinaba los servicios policiales de todo el Estado, no solo de Madrid. Y en sus calabozos se practicaron todo tipo de torturas físicas y psicológicas. Víctimas y asociaciones memorialistas llevan años reclamando que allí se instale una placa que cuente también esta parte de su pasado al igual que ocurre con otros hechos. Y es que la Real Casa de Correos ya cuenta con tres placas conmemorativas: una que conmemora el levantamiento del 2 de mayo de 1808, otra en homenaje a las víctimas del 11M y una última a los muertos por la pandemia de Covid.