El Gobierno aprueba los cambios en el Código Penal para castigar los nuevos delitos tecnológicos contra los menores

El Gobierno ya tiene listos los cambios en el Código Penal para incorporar por primera vez los nuevos delitos tecnológicos que pueden afectar a personas menores de edad, como los montajes con Inteligencia Artificial “con el ánimo de parecer reales para vejar” (los llamados deepfakes) o el engaño online a niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto que se hace pasar por un igual “para obtener fotografías o contenido audiovisual” (grooming).

El Consejo de Ministros ha aprobado este jueves en segunda vuelta la norma para proteger a los menores en los entornos digitales, que incluye estas modificaciones. El proyecto de ley, donde también se contemplan otras medidas como la “orden de alejamiento digital” o la obligación a los fabricantes de instalar sistemas de control parental eficaces, comienza ahora el proceso de tramitación parlamentaria.

En los nueve meses que han pasado desde que se dio luz verde al anterproyecto (primera vuelta) hasta ahora, el Gobierno ha recabado una veintena de informes en torno a la ley. Entre ellos del Consejo General del Poder Judicial, de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo Fiscal o del Consejo Estatal de Participación de la Infancia y la Adolescencia, ha explicado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También ha comparecido ante la prensa la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

“Estamos ante un caso de preocupación de las familias que desde el Gobierno tenemos que abordar y regular”, ha afirmado Bolaños, quien a renglón seguido ha justificado que una regulación de este tipo es demandada por la mayoría de la población. “Según una encuesta del CIS, el 94% de los ciudadanos están a favor de restringir o limitar el acceso a internet delos menores de edad”. Rego ha destacado que es un “avance importante en la democratización del entorno digital” del que han participado los niños, niñas y adolescentes “con aportaciones absolutamente sensatas sobre una ley que afecta al uso de sus libertades”.

En materia penal, Bolaños ha desgranado el articulado de la ley que implica modificaciones en los tipos. Se incorpora la “pena de alejamiento de los entornos virtuales” para prohibir el acceso o la comunicación a través de redes sociales, foros, plataforma de comunicación o cualquier otro lugar en el espacio virtual en los casos en los que “el delito se comete en su seno”. Para ello habrá que modificar los artículos 33, 39, 40, 45, 48, 56, 70 y 83 del Código Penal.

También serán penados los conocidos como deepfakes, que consisten en difundir imágenes o voces manipuladas tecnológicamente y aparentemente reales. Por ejemplo, simulando situaciones de contenido sexual, como ocurrió en el caso de las chicas adolescentes de Almendralejo. La conducta entra en el Código Penal como un delito contra la integridad moral.

La ley contempla, asimismo, el agravamiento de las penas en ciertos delitos en los casos en los que el infractor utilice una “identidad falsa, ficticia o imaginaria” para “facilitar la ejecución de la conducta delictiva”. O se atribuya una edad que no tiene, por ejemplo. “Regulamos esto que se conoce como grooming y que se basa en el engaño a menores como parte de los delitos contra la libertad sexual”, ha explicado Bolaños, que ha subrayado que también se considerará delito “poner material pornográfico a disposición de los menores”.

Control parental de “fábrica” o el veto a las cajas botín

El proyecto también apela a las compañías tecnológicas, que tendrán que instalar “de fábrica” un sistema de control parental en todos sus móviles, tablets, ordenadores de uso personal y televisores inteligentes. Este sistema deberá ser gratuito y universal, para resolver las posibles “asimetrías” que se generan con la autorregulación y evitar que quede en manos solo de las compañías. Algunos dispositivos ya incorporan estos mecanismos aunque no todos. El Gobierno defiende que entra dentro de su “marco competencial”, pese a que las compañías venden sus productos en todo el mundo. “Se acabaron los sistemas de control parental que no controlan nada, deben ser efectivos”, ha dicho Bolaños. “Tiene que ser gratuito y funcional”, ha agregado Rego.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros prohíbe a los menores acceder a los mecanismos aleatorios de recompensa, conocidos como cajas botín, que existen por ejemplo en algunos conocidos videojuegos porque pueden suponer un riesgo para las personas más vulnerables. Se asimilan a los juegos de azar y los expertos han estudiado que pueden favorecer conductas compulsivas e irreflexivas que pueden llegar a ser patológicas.

La edad para prestar consentimiento para el tratamiento de datos personales aumenta de 14 a 16 años, según la nueva norma. Y, por tanto, lo hacen también los años mínimos para abrir una cuenta en redes sociales. Por debajo de los 16, a partir de ahora, se necesitará un consentimiento de madres, padres o tutores legales. Esto armoniza a España con otros países europeos y con el umbral de edad para otras actividades como el consentimiento para cualquier intervención médica.

En las escuelas y en el pediatra

Se contemplan nuevas medidas de alfabetización digital en todas las etapas para enseñar a los alumnos y alumnas a usar de forma segura, y garante con sus derechos, los medios digitales. Desde la protección de datos hasta la información sobre los riesgos. Es uno de los reclamos históricos de las organizaciones de infancia, que consideran que controlar el acceso a determinados contenidos debe ir siempre acompañado de propuestas educativas que ayuden a los menores a desenvolverse conociendo sus riesgos. Con la ley se impulsarán, además “espacios de encuentro donde los menores puedan hacer actividades lúdicas y saludables” al margen de la tecnología.

“La dimensión es lo suficientemente amplia para que haya una conversación abierta con toda la sociedad […] Va más allá del enfoque legislativo”, ha defendido Rego, cuyo ministerio es responsable de la estrategia nacioanl para la protección de la infancia y la adolescencia en los entornos digitales. “Vamos a poner en marcha una escuela de padres y madres en colaboración con los ayuntamientos y un plan de investigación sobre los efectos de las tecnologías en los niños, niñas y adolescentes. Es un punto de partida, seguimos trabajando”, ha subrayado.

A los programas de revisión anuales en el pediatra –los rutinarios que se hacen desde el nacimiento hasta los 14 años– se incorporará un protocolo para identificar posibles usos abusivos o inadecuados de las tecnologías que comprometan su salud, provoquen aislamiento o carencias en el desarrollo, según el proyecto, que atiende así a una recomendación de la Organización Mundial de la Salud para “reorganizar los entornos que influyen en la salud mental” de los menores. “Introducimos la prevención a través de la sanidad pública, para el diagnóstico precoz de comportamientos problema