El Gobierno abre expediente sancionador a una inmobiliaria por cobrar a los inquilinos comisiones ilegales por alquilar

La investigación que el Ministerio de Consumo puso en marcha en octubre contra varias inmobiliarias, tras detectar prácticas ilegales, sigue su curso. Mientras continúan las pesquisas, el departamento que dirige Pablo Bustinduy ha abierto ya un expediente sancionador a una de estas empresas, ante la evidencia de que carga a los inquilinos con cláusulas ilegales, como el cobro de comisiones por la gestión. Esta es la fórmula que algunos portales estarían utilizando para camuflar el conocido como “mes de agencia”, que prohibió la Ley Estatal de Vivienda y que asociaciones de consumidores y usuarios llevan denunciando desde entonces.

La apertura de un expediente sancionador no supone una sanción en sí misma, pero es el paso previo. La normativa permite ahora a la inmobiliaria presentar alegaciones, antes de que la Dirección General de Consumo decida el importe de la sanción que, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios podría ir desde una multa de 100.000 euros, si la infracción es grave, hasta el millón, si se trata de incumplimientos muy graves. Es en ese momento cuando las autoridades podrían dar a conocer el nombre de la inmobiliaria.

Por el momento, desde Consumo solo han deslizado que se trata de una “gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional”. La Dirección General de Consumo inició sus actuaciones tras recibir denuncias sobre este tipo de prácticas ilegales por parte del Sindicato de Inquilinas, Facua Consumidores en Acción y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). En concreto, estas entidades señalaban infracciones relativas al cobro de una comisión por la gestión del arrendamiento, la obligación de contratar un seguro o la imposición de servicios no solicitados.

El Ministerio no dispara con balas de fogueo. En noviembre ya sancionó a cinco aerolíneas de bajo coste con multas de 179 millones de euros, 107 de ellos a Ryanair, por prácticas abusivas. Era la primera vez que la administración imponía multas por faltas muy graves en el ámbito del consumo, tras adquirir esta competencia en junio de 2022, y supuso también un mensaje claro: que el Gobierno ejercería dicha competencia frente a “grandes empresas que se han acostumbrado a ser quienes dictan las reglas en el mercado”, reconocía Bustinduy entonces, en una entrevista en elDiario.es.

Ya en aquel momento el ministro advertía que “la vivienda está actuando como una aspiradora de riqueza, que está consiguiendo que la mejora relativa en la distribución de la riqueza y de la redistribución de los salarios en España sea absorbida por un mercado regido por una lógica especulativa y rentista, que hace que vivir de alquiler se haya convertido en un factor de exclusión social y de pobreza”.

Consumo quiere hacer valer sus competencias para atajar esta vulnerabilidad que sufren miles de inquilinos en plena crisis de la vivienda. Además de la apertura de un expediente sancionador a una inmobiliaria y la investigación que continúa respecto a otras empresas por la misma causa, el ministerio está rastreando también a los grandes gestores de pisos turísticos por posibles “prácticas engañosas”, como hacerse pasar por particulares cuando son empresas.

Además, la Dirección General de Consumo ha abierto otro expediente sancionador a Airbnb, después de que la plataforma se negase a retirar miles de pisos que ofertaba como turísticos, pese a no tener licencia o no mostrarla. El ministerio no comparte el nombre de las compañías que investiga, pero en este caso fue la propia plataforma quien reconoció ser la receptora de esta notificación, con la que se muestra “profundamente en desacuerdo” porque “siempre pide a los anfitriones que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales”.