Varios tribunales tratan de involucrar a Europa en una guerra inédita con el Constitucional

El Constitucional se ha encontrado con un debate inédito en sus 45 años recién cumplidos de historia: tribunales que acuden a Europa para buscar la forma de no cumplir sus resoluciones. Conflictos abiertos con la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE de Andalucía, pero también con el Tribunal Superior de Madrid sobre un pleito entre empresas VTC, que llevan al tribunal de garantías a plantearse, por primera vez en su trayectoria, qué hacer cuando un juez español le puentea y lleva sus alegaciones a Luxemburgo. Todo mientras el Partido Popular azuza la deslegitimación contra el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.

Las sentencias con las que la mayoría progresista del Constitucional anuló o matizó la mayor parte de las condenas del caso de los ERE de Andalucía no sentaron bien en la Justicia ordinaria. No gustaron en el Supremo, donde algunos consideran que el tribunal de garantías ha ido mucho más allá de sus atribuciones para doblarles el brazo en uno de los casos más relevantes de la última década. Tampoco en la Audiencia Provincial de Sevilla, que declaró probado el desfalco delictivo de más de 600 millones de euros y ha visto cómo su sentencia sobre la causa ha quedado reducida a la mínima expresión.

Esta disconformidad tan descarnada, hasta la fecha, se había trasladado a la opinión pública por el método habitual que usan jueces y fiscales: de forma anónima y a través de los medios de comunicación. Pero ha sido la Audiencia de Sevilla la que ha dado un paso más cuando ha llegado el momento de aplicar las sentencias del Constitucional y ha preguntado a las partes si no debe, como pide el PP, elevar consultas a Luxemburgo y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si, como asegura el tribunal andaluz, las sentencias del caso del tribunal de garantías no son “del todo compatibles con el Derecho de la UE”.

La propuesta de la Audiencia de Sevilla cayó como una bomba en un Tribunal Constitucional donde los ánimos ya estaban encendidos desde hace semanas a cuenta del caso de los ERE de Andalucía. Los magistrados del sector progresista todavía miraban de reojo al Supremo por sus insinuaciones de poder llegar a juzgarles por prevaricación cuando, según fuentes de la sede del Constitucional en la calle Domenico Scarlatti, llegó una decisión del tribunal andaluz que consideran “inaudita”. Una forma, entienden algunos, de sortear su criterio y buscar la forma de incumplir las sentencias que desinflaron el caso de los ERE.

Los jueces hispalenses no han sido ni los únicos ni los que más lejos han llegado en este intento de llevar a Europa las sentencias del Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con división interna, ha elevado una cuestión prejudicial a Luxemburgo sobre un laudo arbitral entre empresas VTC –que genera discrepancias internas en el TSJM desde hace años– que, en la práctica, explora la vía para que Europa les exonere de aplicar la sentencia del Constitucional que les quitó la razón. El voto particular de un magistrado discrepante define lo que hacen sus compañeros: “Sortear el pronunciamiento del Constitucional promoviendo la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión”.

La cuestión prejudicial del TSJM ya va camino de Luxemburgo pero el Constitucional ha puesto en marcha la maquinaria para, llegado el caso, interceptar la consulta de la Audiencia de Sevilla sobre el caso de los ERE. Ha solicitado al tribunal información sobre los pasos que está dando y el enfrentamiento, poco habitual entre tribunales, se ha convertido en público y frontal: la Audiencia de Sevilla, antes de remitir su providencia, ha preguntado al Constitucional que para qué necesita ese documento.

Los movimientos de ambos tribunales territoriales, que algunas fuentes del Constitucional consideran como un intento “inaudito” de no ejecutar sus resoluciones, abren un debate que pocos juristas se atreven a zanjar por adelantado. Desde la capacidad de un tribunal para elevar cuestiones prejudiciales sobre sentencias y no sobre leyes hasta la vía que se abre para que, en la práctica, un juez pueda soslayar la aplicación de una sentencia del Constitucional alegando que, según su criterio, puede contradecir el derecho comunitario.

El margen de maniobra del tribunal de garantías para frenar estas maniobras no está claro. Un primer informe interno del Constitucional afirma que no se puede cortar el paso a la Audiencia de Sevilla y algunas fuentes esgrimen una resolución reciente, del pasado mes de octubre, del propio TJUE, que dio la razón a un tribunal territorial rumano pero con un matiz importante: en ese país un juez que deja “inaplicadas de oficio” las resoluciones del Constitucional se enfrenta a “procedimientos disciplinarios”. Eso, dice Luxemburgo, va contra el derecho comunitario.

Campaña contra el Constitucional

El conflicto judicial abierto por la Audiencia de Sevilla contra el Constitucional llega después de meses de campaña de la derecha política española contra el tribunal de garantías para deslegitimar sus sentencias tras instaurarse una mayoría progresista con Cándido Conde-Pumpido al frente. Convertido por el PP en “el Constitucional de Pumpido”, el debate abierto por dos tribunales territoriales sobre la ejecución de sus sentencias se ha convertido en gasolina política. Sobre todo en Andalucía, donde el caso judicial de los ERE ha acompañado a la debacle del socialismo andaluz.

“Sevilla es hoy el símbolo de la independencia judicial”, ha dicho estos días Cuca Gamarra desde la capital andaluza, sede de la 27 Interparlamentaria del PP este fin de semana, después del movimiento de la Audiencia a instancias de su propio partido. “Conde-Pumpido dijo que había que mancharse la toga con el polvo del camino, y él mismo se la ha manchado demasiado”, ha apostillado Elías Bendodo.

El movimiento de la Audiencia de Sevilla llega unos días después de que el Constitucional diera por apagado el enésimo fuego entre ellos y el Tribunal Supremo, presentado por la derecha como antagonista de un tribunal politizado al servicio del Gobierno. La Sala de lo Penal había dictado varios autos en los últimos meses inadmitiendo querellas de la extrema derecha contra el Constitucional pero abriendo la puerta a que, en otros casos, sus magistrados pudieran llegar a ser juzgados por prevaricar en sus decisiones. El conflicto se había dado por zanjado en Domenico Scarlatti con un último auto del Supremo que excluía esa posibilidad.

La mayor parte de los recursos que llegan al Tribunal Constitucional se quedan en la puerta y no pasan el primer filtro de la admisión a trámite. Pero las sentencias de este tribunal que enmiendan la plana al Supremo o a otros juzgados y tribunales territoriales no son poco habituales. Los últimos datos disponibles son de 2023 y revelan que de las 148 sentencias dictadas en procesos de amparo a lo largo de ese año casi la mitad, un total de 69 resoluciones, fueron estimatorias de forma total o parcial.

De Alberto Rodríguez a Alberto Cortina

El caso de los ERE de Andalucía es el primero en que un tribunal ha decidido abrir la vía europea para intentar soslayar al Constitucional. No lo hizo el Supremo, por ejemplo, cuando el Constitucional reprochó a la Sala de Manuel Marchena que hubiera dejado sin escaño a Alberto Rodríguez. Tampoco cuando, años antes, el mismo Constitucional anuló la condena impuesta al cantante César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo. O cuando, hace poco más de un año, dio la razón a Arnaldo Otegi y frenó la intención del Supremo de llevarle de nuevo al banquillo por el caso Bateragune después de que Europa diera la razón al líder de EH Bildu. Tampoco años antes cuando, en contra del criterio del Supremo, legalizó a Sortu como partido político.

Las condenas anuladas o rebajadas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros líderes históricos del socialismo andaluz tampoco constituyen la única guerra abierta que ha existido entre la cúspide del Poder Judicial español y el Tribunal Constitucional. La hemeroteca del CGPJ todavía guarda un comunicado, inédito entonces y desde entonces, del pleno de la Sala de lo Penal del Supremo acusando al Constitucional, en febrero de 2008, de haber pisado su negociado y haber “vaciado” sus funciones al revocar una de sus sentencias.

El Constitucional venía de absolver a Alberto Cortina y Alberto Alcocer en el caso Urbanor, uno de los grandes casos judiciales económicos de la década de los ochenta. Y lo hizo reprochando al Supremo que les hubiera condenado a más de tres años de cárcel sin tener en cuenta los plazos de prescripción y que el caso, en resumen, había caducado por el camino.

La respuesta del pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, unos días más tarde, fue emitir un comunicado en el que acusaban al Constitucional de “vaciar” el equilibro entre Supremo y Constitucional: “Se desconoce su esencia, fijando una interpretación de la legalidad ordinaria que sólo corresponde al Tribunal Supremo”, dijo la Sala de lo Penal con acusaciones similares a las que se vierten casi dos décadas después contra el Constitucional a cuenta del caso de los ERE.

Ninguno de los magistrados que había entonces en el Constitucional, que presidía la progresista María Emilia Casas, siguen hoy en la corte de garantías, pero varios magistrados del Supremo siguen formando parte de la Sala de lo Penal que denunció entonces la injerencia: el hoy presidente Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y un entonces recién incorporado llegado de la Fiscalía Manuel Marchena. El conflicto ha coleado durante caso una década: todavía en 2016 un Constitucional de abrumadora mayoría conservadora acusaba a los tribunales ordinarios de incurrir en “reiterada rebeldía” al no asumir su doctrina sobre la prescripción de delitos.

El PP tampoco renunció entonces a cargar contra un Constitucional de precaria mayoría progresista cuyos enfrentamientos con el Supremo se remontaban a la década de los años 80, cuando la Sala de lo Penal llegó a llamar a declarar a los magistrados del tribunal de garantías por la filtración de la sentencia del caso Rumasa. La lista de agravios es larga y las críticas del PP tampoco son nuevas. “La situación del Constitucional me da pena”, llegó a decir Manuel Pizarro, entonces candidato del partido de Mariano Rajoy, en plena guerra abierta entre tribunales en 2008.

El propio Cándido Conde-Pumpido, entonces fiscal general, provocó el rechazo del Constitucional al afirmar que discrepaba de forma “total y radical” con la sentencia que absolvía a ‘los Albertos’. Los actores se repiten en un conflicto similar que, en este caso, va camino de Luxemburgo.