La quiebra de una empresa lleva a 56 familias a la calle en Menorca y les obliga a negociar con el ‘banco malo’

En la intersección de la carretera general y la avenida Verge del Toro, en el municipio de Alaior, 56 familias esperan en sus casas -de momento- a que llegue la orden de desalojo que las dejará sin techo. El pasado 7 de marzo la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Maó resolvió que los vecinos de ese edificio del extrarradio alaiorense no tienen derecho a permanecer allí tras la quiebra de la empresa propietaria del inmueble.

Según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil, la firma Mussola y Bitácora S.L., cuya sede social se encontraba en el número 13 de la calle Agamenón de Es Castell, comenzó sus operaciones el 2 de diciembre de 2011 con un capital de apenas 3.000 euros y tenía como único socio y administrador a J. F. Carretero, quien no ha respondido a los intentos de elDiario.es por conocer su versión sobre la efímera vida de la empresa, que terminó por quebrar apenas dos años después, y cuya bancarrota hoy amenaza con desahuciar a más de un centenar de personas. Eso sí, con el aval de la Justicia.

“Nos han dicho que nuestros contratos no son válidos y que se nos avisará directamente para el desahucio”, explica José Antonio Andueza, uno de los afectados en diálogo con elDiario.es, y detalla que, según les han indicado, “a los inquilinos se les respetará el contrato hasta que finalice, pero todos dudan de que haya posibilidad de renovación”. “En todo caso, [el edificio] aún no se ha subastado, cuando suceda, veremos”, señala con preocupación. El caso de Alaior se ha convertido en el símbolo de la crisis habitacional en Menorca, un territorio especialmente afectado por la falta de vivienda y cuyo responsable es, según los colectivos por la vivienda, el modelo turístico.

Integrantes de la Plataforma per l’Habitatge de Menorca durante una actividad de protesta.

Los contratos no “constan en el Registro de la Propiedad”

Tras conocerse la primera intimación judicial, los vecinos del edificio de la calle Verge del Toro rápidamente recurrieron a la Plataforma Menorca per l’Habitatge Digne. Se convirtieron en activistas y, desde junio de 2023, organizan e impulsan asambleas semanales para brindar asesoramiento jurídico a otros afectados por casos similares, como los vecinos del edificio situado en el número 22 de la calle Pintor Calbo de Maó.

“El año pasado recibimos un burofax en el que se nos instaba a abandonar nuestras viviendas, que habían pasado a manos de SAREB tras la quiebra de la empresa que administraba la finca hasta entonces. Han sido meses de mucha incertidumbre, pero, finalmente, tras la intervención de las autoridades y las negociaciones, se ha logrado que se reconozca la legalidad de nuestros contratos”, ha expresado a este medio uno de los vecinos afectados, quien reconoce que la intercesión del Ayuntamiento de Maó fue “clave” para establecer contacto y abrir las negociaciones con el “banco malo”. 

Como si fuera una foto estenopeica, la similitud de ambos casos es idéntica, aunque el resultado final está invertido. Mientras los vecinos de Maó han logrado hacer valer sus derechos, los vecinos de Alaior esperan con preocupación los siguientes pasos del Juzgado número 3 de la localidad. Desde la Plataforma per l’Habitatge insisten en que redoblarán la apuesta por defender a los inquilinos. “Desde un primer momento hemos estado presentes. Les aconsejamos que se preparen bien en todos los sentidos, tanto jurídica como socialmente”, expresa una integrante de la Plataforma. 

Consultada por elDiario.es sobre la diferencia entre ambos casos, Raquel, portavoz de la Plataforma y vecina del edificio en vías de desahucio, señala que “el procedimiento al que se enfrentan es una pieza separada de la ejecución hipotecaria, que no tiene posibilidad de recurso y, por eso mismo, según sentencias del Tribunal Constitucional, este procedimiento no puede habilitar un desalojo”. La mujer, que prefiere mantener su anonimato, añade: “Ahora bien, hay muchos jueces que omiten la sentencia del Constitucional y no sólo determinan provisionalmente sobre la validez de los contratos de alquiler, sino que se atreven a determinar fecha de lanzamiento judicial. En Maó el juzgado reconoció los contratos de alquiler del bloque de Maó, pero en Alaior nos topamos con una juez más conservadora y desahuciadora que ha resuelto que los contratos no son válidos a pesar de ser iguales a los de Maó”. 

ElDiario.es ha tenido acceso en exclusiva al auto judicial emitido por la magistrada, quien señala como fundamentos de derecho que las 56 familias podrían quedarse en la calle porque los contratos no “constan como inscritos en el Registro de la Propiedad” y, por lo tanto, “los ocupantes no tienen derecho a permanecer en el inmueble”. Desde la Plataforma han perdido la fe en que el Juzgado Número 3 de Maó haga justicia. “Seguramente, después de la subasta y la adjudicación, [la jueza] intentará determinar un lanzamiento que entendemos ilegal tanto porque los contratos son válidos y son de buena fe por parte de las familias inquilinas y porque, aun si no fueran válidos, este procedimiento de ejecución no se podría desahuciar. No lo decimos nosotros, lo dice el Constitucional”, insiste Andueza.

Tras conocerse el auto de la jueza, el alcalde de Alaior, José Luis Benejam, imitó a su homólogo maonés y organizó un encuentro con las familias afectadas junto a la directora insular del Instituto Balear de Vivienda, Águeda Reynés, quien aprovechó la ocasión para explicar que el Institut Balear De La Vivienda (IBAVI) ha decidido no ejercer el derecho de tanteo y retracto para evaluar la compra de los pisos en cuestión, lo que significa que no intervendrá para facilitar que los inquilinos pasen a ser propietarios. “Aquí lo que hay es un problema político, no jurídico ni comercial. Es un problema de régimen. El Gobierno podría adaptar la legislación hipotecaria a la sentencia del Constitucional mañana mismo en el BOE, pero se niega a hacerlo, y las administraciones municipales apenas se interesan por estos casos”, señalan desde la Plataforma.

Edificio de Maó cuyos vecinos lograron acordar con la SAREB.

Ruido de llaves

El auto judicial que abre la puerta al desalojo de los vecinos de Alaior una vez se concrete la subasta del inmueble ha coincidido en el tiempo con otro evento paradigmático en materia de vivienda en Menorca: el III Foro Inmobiliario organizado en el Ateneu de Maó y al que asistió lo más granado del sector, así como el presidente del Consell Insular, Adolfo Vilafranca, y el conseller d’Habitatge del Govern, José Luis Mateo.

En el evento, el corredor inmobiliario José Pons Yela, de la firma Bonnin Sansó, señaló que “el problema son los políticos que solo saben construir promesas, pero no casas, políticos como uno de los ministros del Gobierno de España, que tenía a sueldo a varias de sus amigas para que le quitaran el estrés cada tanto”. Finalmente, Yela terminó su alocución señalando que la falta de viviendas está relacionada con la “inmigración ilegal” y afirmó que “los jóvenes” no acceden a créditos hipotecarios porque “quieren cambiar el Iphone o viajar por el mundo para buscarse a sí mismos en lugar de trabajar”.

Varios integrantes del edificio de la calle Verge del Toro de Alaior se acercaron a la actividad a pesar de que, según dijeron, no fue anunciada ni publicidad en prácticamente ningún lugar. “Tuvimos que escuchar una sarta de delirios de mal gusto y peor educación que solo fomentan el odio y el racismo. Ni siquiera nos dejaron intervenir a aquellos que nos quedamos hasta el final y quisimos plantear las cosas que charlamos en la Plataforma o en otros espacios donde discutimos la enorme crisis de vivienda que atraviesan Menorca y España”, comenta Andueza.

Tanto los vecinos del edificio de Maó como los del edificio de Alaior han confirmado que asistirán a la próxima movilización del 5 de abril. “En los lugares como Menorca los alquileres de temporada y el modelo turístico expulsan a los vecinos y precarizan a los trabajadores del sector. En la isla hay al menos 9.000 viviendas vacías destinadas al turismo y nosotros pagamos más del 50% de nuestro salario por un piso precario. Nos parecería genial que el gobierno de Marga Prohens cambiara totalmente de discurso y, de un día para otro, dijera que hay que declarar Menorca como Zona Tensionada para regular un poco los precios de los alquileres”, enfatizan integrantes de la Plataforma, mientras llenan de carteles la ciudad llamando a movilizarse.