El Gobierno quiere acabar con los «chiringuitos» en la universidad (otra vez)
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Cuando el Gobierno quiere darle importancia a algo, lo anuncia Pedro Sánchez. Ayer le pasó a la universidad. Y esto es noticia en sí mismo, porque no es un tema habitual de discusión política de primer nivel. Hay presidentes que han llegado a estar horas hablando durante su investidura sin mencionarla siquiera.
El caso es que, como probablemente oísteis en algún momento del día, el Gobierno va a endurecer los requisitos para la creación de universidades (privadas) en España. Con toda probabilidad muchos no os habríais enterado si hubiera sido la ministra Diana Morant la encargada de contarlo. Mini punto para el Gobierno con esto, porque iba haciendo falta, y quizá es que uno tiende a importantizar lo suyo, pero hace falta tener este debate público porque la situación se está descontrolando.
Vamos con la chicha: la medida está pensada para acabar con los “chiringuitos” o “fábricas de títulos” –son palabras del presidente– que proliferan últimamente por todo el Estado. Si sigues este boletín sabes que esta es una de nuestras obsesiones. Lo explicó Sánchez ayer bastante bien: el sistema universitario español, público y de calidad, es uno de los grandes activos del país desde que empezó la democracia. Con sus problemas y retos, por supuesto, pero ha abierto puertas a generaciones enteras y, aunque no se puede decir que el ascensor social esté perfectamente engrasado, sí ha mejorado la vida de mucha gente. Pero ahora está en riesgo.
Porque en los últimos años está sufriendo el ataque de algunos Gobiernos regionales, que creen que la universidad es otra cosa. Que su papel no es democratizar el acceso y ofrecer formación de calidad para todos. Que financiar la pública es tirar dinero () y que “el mercado” se ocupa de todo. Algunos partidos –sí, PP nacional pero sobre todo madrileño, te estoy mirando a ti– están más a las oportunidades de negocio que ofrece el sector. Que no son pocas ni reducidas. Que luego no haya plazas en lo público o que las universidades se caigan a pedazos es una preocupación de pobres.
Y al calor del cariño que ofrecen estos gobiernos regionales han proliferado campus de todo tipo y condición en los últimos años, pero con una característica común a casi todas: no hay investigación, son más “academias” que universidades (de nuevo, la palabra la utilizó Sánchez ayer).
Solo en Madrid hay uno aprobado en una planta de un edificio de un polígono industrial y otra en un antiguo concesionario de coches. Madrid siempre es diferente, pero a veces es solo pionera: abre caminos que parecen extremos, pero que luego otros recorren. Andalucía, ahora y en este caso te miro a ti.
(Abro un pequeño paréntesis porque, hablando de Madrid y la universidad, esta semana os han interesado mucho los planes de financiación que ha presentado Ayuso).
Vuelvo al tema. La paradoja es que todo está pasando pese a que el exministro Castells aprobó un decreto que estaba dirigido específicamente a parar este tipo de centros. Pero cometió dos errores Castells, como explica el catedrático Carles Ramió en esta entrevista que publicamos hoy: no hizo vinculantes los informes de idoneidad que elabora el Ministerio de Universidades cuando hay una propuesta de nuevo centro y en vez de imponer que hay que cumplir los requisitos antes de cumplir les dio un margen de cinco años.
Por esa rendija se han colado proyectos que ni se acercan a cumplir con los requisitos. Y, como también dice Ramió, a ver quién cierra una universidad en activo. Más cuando es el mismo que la ha aprobado quien debe sancionarla (el Gobierno regional). No parece factible.
Ante el fracaso del decreto Castells, el Gobierno ha decidido por fin mover ficha. Era un movimiento esperado, pero la espera se viene hablando de esto desde hace un año y se estaba alargando. Estas son las principales medidas antichiringuitos, si lo queremos llamar así:
La Aneca deberá emitir un informe vinculante sobre la calidad del centro. Será lo más objetivo posible, en base a unos parámetros. Con esta medida se espera acabar con la laxitud de determinados gobiernos regionales a la hora de aprobar proyectos con informes en contra.
Las universidades online tendrán carácter estatal y deberá aprobarlas el Congreso. Se quiere evitar así que estos centros, que están en auge, elijan una comunidad laxa para asentarse y de ahí ofrezcan sus servicios a todos.
Los nuevos centros deberán tener al menos 4.500 estudiantes en cinco años, para tener una “masa crítica” de alumnado y que no parezcan academias.
El texto del real decreto se conocerá el miércoles, y con los detalles vendrá el diablo. De momento las fuentes consultadas ayer a vuelapluma valoran positivamente las medidas, porque responden a los principales problemas que planteaba el decreto Castells. El tiempo dirá y nosotros estaremos ahí para contártelo.
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