El Gobierno se compromete a derribar El Algarrobico este año

María Jesús Montero ha anunciado este miércoles la intención del Gobierno de demoler El Algarrobico, al menos la parte situada en dominio público marítimo terrestre, antes de que termine 2025. La ministra de Hacienda y próxima candidata socialista a presidir la Junta de Andalucía ha asegurado que “la demolición será una realidad” este año en un foro organizado en Sevilla por Prensa Ibérica y El Correo de Andalucía.

El anuncio coincide con la publicación en BOE de la apertura del plazo de alegaciones contra la expropiación de los terrenos que pretende el Gobierno, un camino que por ahora recorre sin la compañía de la Junta de Andalucía. El Gobierno de Juan Manuel Moreno es partidario de persistir en la vía judicial que lleve, antes que nada, a anular la licencia con la que se levantó entre 2003 y 2006 esta mole enclavada en una playa de Carboneras (Almería) en el parque natural de Cabo de Gata.

Montero ha dicho que el derribo se producirá “con o sin la colaboración de la Junta”, a la que ha acusado de “arrastrar los pies” y buscar “excusas”, lo que ha contrapuesto al cumplimiento de los plazos en la vía de la expropiación que ahora explora el Gobierno central.

El concurso de la Junta de Andalucía es necesario al menos para expropiar la zona más alejada de la playa, es decir, los terrenos no ubicados sobre la servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, en torno al 60% del total que ocupa la estructura. Hasta ahora, la Junta de Andalucía rechaza la vía de la expropiación, anunciada por sorpresa por la propia Montero en una comparecencia a pie de playa el pasado 10 de febrero. El Gobierno de Moreno cree que esta vía no solo no será más rápida, sino que podría abrir nuevos escenarios que “eternicen” la demolición, que apenas ha avanzado en los casi veinte años transcurridos desde que un juez paralizó la obra en febrero de 2006.

La vía de la expropiación ya se intentó en 2007, sin éxito. Pero el Gobierno central cree que ahora será diferente, porque desde entonces han recaído decenas de resoluciones judiciales que ratifican la ilegalidad de la construcción y confirman el deslinde que establece que ese terreno es zona de servidumbre de protección. Apela a la incapacidad de la Junta y del Ayuntamiento para avanzar en la restitución de la playa hasta ahora, y asegura que dispone de dos informes de Abogacía del Estado que avalan la expropiación.

15 días para alegaciones

La publicación este miércoles en el boletín supone un paso más en la dirección elegida por el Gobierno central, que vislumbra el final del trayecto este mismo año. El anuncio supone pasar ya la pelota a la promotora, Azata del Sol, para que se pronuncie en un plazo de 15 días sobre el proceso expropiatorio y, más en concreto, sobre la declaración de utilidad pública de la finca de la que es propietaria.

Al amparo de la Ley de Costas, el Consejo de Ministros acordó el 11 de febrero declarar la utilidad pública de 16.432 de los 32.654 metros cuadrados que tiene la parcela. Ahora, el BOE anuncia que somete a información pública la relación de bienes y derechos afectados, únicamente esa parcela, para que las “personas interesadas y/o titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados” puedan presentar las alegaciones sobre posibles errores u omisiones u “oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación”. En su caso, Azata deberá remitir sus alegaciones a la Delegación del Gobierno.

Sigue sin conocerse el justiprecio que el Gobierno va a ofrecer a los promotores del hotel ilegal. En su día, el Ejecutivo calculó en unos seis millones el coste de demoler El Algarrobico, sin especificar cuánto correspondería a la expropiación y cuánto a los trabajos de demolición. Tampoco aclaró ese extremo a los técnicos de la Junta con los que se reunió el 5 de marzo. Existe un protocolo suscrito en 2011 entre Gobierno central y Junta de Andalucía por el que el primero asume los costes derivados de la demolición y la segunda las tareas de desescombro y restauración de la playa.

Choque con el Gobierno andaluz

En su anuncio de este miércoles, Montero ha resaltado la falta de consenso con el Gobierno de Moreno, al que ha acusado de indolente. El Algarrobico es una de las materias en las que se ha hecho más patente el choque entre ambas administraciones desde que la vicepresidenta asumió la candidatura socialista a recuperar la Junta de Andalucía en las elecciones previstas, si no hay adelanto, para 2026.

Después de que Montero compareciera el 10 de febrero ante la mole, el Gobierno central ha acusado a la Junta de Andalucía de cerrarse a nuevas soluciones que desatasquen el tapón jurídico-administrativo que enreda cualquier paso desde hace casi dos décadas. En el Gobierno de Moreno, en cambio, observan con desconfianza la estruendosa entrada del Gobierno y Montero en un asunto que el presidente andaluz había etiquetado como prioritario, llegando a mencionarlo en su discurso de Navidad de 2023.

Hasta ahora, todos los anuncios en torno a El Algarrobico han acabado en fiasco. El último de ellos lo hizo la Consejera andaluza de Sostenibilidad, Catalina García, que el 15 de octubre anunció que “en seis meses” se podría comenzar la demolición. El 15 de abril se cumple ese plazo.

La Junta de Andalucía sigue prefiriendo insistir en la anulación de la licencia como paso previo a todo. Sin embargo, no apoyó que fueran los jueces los que la revisaran directamente, de modo que para completar este paso se necesita la participación del Consistorio de Carboneras, cuyo alcalde ya ha dicho que podría tardar hasta cinco años en hacerlo y se ha mostrado partidario de dar uso al edificio. El Tribunal Superior de Andalucía le advirtió hace un par de semanas con multarlo y dar traslado a Fiscalía para que lo investigue por desobediencia si no inicia ya el expediente de revisión de la licencia.