Dos altos cargos de la Junta de Andalucía declaran ante la jueza por la presunta malversación en la contratación sanitaria

Después de que dos interventores provinciales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ratificaran el día anterior el contenido del informe que dio origen a la denuncia y a la investigación judicial de los contratos troceados en Cádiz, este jueves ha siudo el turno de dos jefas de servicio que, también en calidad de testigos, se han limitado a decir ante la jueza que no se encargaban de hacer informes y han confirmado que revisaron los expedientes. Según ha explicado fuentes del caso, en una breve comparecencia judicial han declarado que se trataba del procedimiento de fiscalización habitual.

Estamos hablando de la causa judicial abierta tras una denuncia de Podemos, a raíz de una información exclusiva de elDiario.es Andalucía publicada el pasado otoño, que pone bajo sospecha un montante de 235 millones de euros en contratos menores encadenados que el SAS usó para pagar la misma prestación a clínicas privadas, “eludiendo” la ley de contratación, según recoge un informe desfavorable de la Intervención de la Junta, que forma parte de la investigación.

El coportavoz de Podemos Andalucía y diputado de Por Andalucía José Manuel Jurado ha valorado positivamente que continúe la investigación sobre el fraccionamiento de los contratos pero ha mostrado a través de un comunicado su preocupación por la actitud de la Junta hacia los interventores, a los que culpabiliza y desconfía, a pesar de que sus informes señalan “irregularidades” y “posibles fraudes”. A su juicio, esos contratos fraccionados “no han mejorado la sanidad pública andaluza, con listas de espera que siguen aumentando, particularmente en Córdoba, y se critica la gestión del gobierno de Moreno Bonilla, que se percibe como una privatización perjudicial”.

Este tema también ha sido motivo de una pregunta del Grupo Socialista a la consejera Carolina España este mismo jueves en la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento de Andalucía. El PSOE ha preguntado a la consejera si, ahora que se han personado como responsable civil subsidiario y admitido por escrito que ha habido menoscabo de fondos, si estaría dispuesta a aprobar una comisión de investigación en sede parlamentaria.

“Ustedes han reconocido por escrito en sede judicial que ha habido menoscabo de fondos públicos. ¿De qué cantidad estamos hablando? ¿Qué estimaciones del menoscabo han hecho para decir la personación como responsable civil subsidiario?”, le ha espetado la parlamentaria socialista Alicia Murillo, quien ha afirmado que “donde ustedes decían que había un bulo, ahora reconocen que hay menoscabo de fondos públicos”.

La diputada socialista se ha referido a que la representación letrada del SAS pasó en el plazo de una semana de plantear a la titular del Juzgado, Rosa María García Jover, que la reconociera como perjudicada, rol procesal a la que la jueza accedió, para seguidamente solicitar su calificación como responsable civil subsidiaria.

Murillo, quien ha afirmado que la Consejería que gestiona Carolina España “es la columna vertebral del Gobierno andaluz” por el hecho de que es la responsable de “la organización, los ingresos, los gastos, la contratación, la intervención y el control de los fondos públicos”, ha apuntado ese cambio en el papel procesal de la Junta que “ha reconocido por escrito que ha habido un menoscabo de los fondos públicos” y seguidamente le ha planteado “de qué cantidad están ustedes hablando”.

“Fíjese cómo han ido ustedes cambiando el relato en esto de los contratos de emergencia y los contratos fraccionados”, ha proseguido argumentando la diputada socialista, quien ha esgrimido unas declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, cuando afirmó que “es falso que el SAS haya adjudicado 458 millones de euros en fraude de ley” y que después pasó a decir que “esto era un montaje del Partido Socialista, que era una causa fake”.

La consejera Carolina España Ha asegurado que esa personación como “responsable civil subsidiario” en las diligencias previas del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz responde al propósito del Gobierno andaluz de “aportar información, colaborar con la justicia y tener acceso a toda la información”, mientras que ha sostenido que “este Gobierno respeta la justicia” cuando el PSOE “no puede decir lo mismo”, antes de reafirmarse en que “no presionamos a nadie”.

“No lanzamos ataques ni contra los jueces, ni contra los fiscales, ni contra la sentencia, ni contra la presunción de inocencia”, ha asegurado la también portavoz del Gobierno andaluz, que ha situado esa diferente comportamiento hacia la actividad judicial como “la diferencia entre ustedes y nosotros” y por ello la idea de la Junta de Andalucía es “dejar trabajar a los jueces” y ha augurado que “seguramente nos irá bien”.

Ha reivindicado sobre el control interno de los fondos públicos la creación de una Dirección General de Contratación y de una Oficina de coordinación de fondos públicos, además de que “hemos reforzado la Intervención y hemos digitalizado los procesos” y de la creación de los cuerpos superiores y técnico de Intervención y de Auditoría, iniciativas a las que ha sumado la Oficina Andaluza contra el fraude y la corrupción, puesta en marcha la pasada legislatura.