El Supremo rechaza un bulo sobre cuentas en República Dominicana de miembros del Gobierno que el PP impulsó

El Tribunal Supremo ha enterrado un bulo que el Partido Popular promocionó desde el Senado: que la mayor parte de los miembros del Gobierno y algunos dirigentes del PSOE blanquean dinero en República Dominicana. Los jueces inadmiten la denuncia de un abogado, vinculado en el pasado al exjuez Fernando Presencia, que llegó al Supremo después de fracasar en la Fiscalía Anticorrupción y después de que la presidencia del Senado, controlada por el PP, la remitiera también al Consejo del Poder Judicial. La “única fuente” de la denuncia, reprochan los jueces, son declaraciones de Víctor de Aldama sin más apoyo que una lista falsa de cuentas bancarias.

La denuncia fue presentada por el abogado Eduardo Martín-Duarte, que en el pasado ejerció la defensa de Alberto Royuela, ultraderechista que desde hace años difunde el bulo del ‘expediente Royuela‘ y que pasó un tiempo en prisión provisional por colaborar con la asociación del exjuez Fernando Presencia, expulsado de la judicatura por prevaricador. Martín-Duarte explicó hace semanas que esos documentos llegaron a sus manos de “terceros desconocidos”.

La denuncia era muy similar a las que Alberto Royuela y Fernando Presencia presentan y promocionan desde hace años en tribunles de todo el país: listados de decenas de cuentas bancarias en paraísos fiscales atribuidas en falso a políticos, periodistas y todo tipo de figuras públicas, generalmente del espectro progresista. Esta denuncia usaba un formato similar para atribuir cuentas, entre otros, a María Jesús Montero, Teresa Ribera, Ángel Víctor Torres, Óscar López, Cristina Narbona o Santos Cerdán.

La denuncia mezclaba informaciones periodísticas de distintos medios próximos a la derecha, relacionaba esas noticias con algunas declaeraciones judiciales del empresario Víctor de Aldama para después aportar esa lista de cuentas bancarias. Su denuncia, dicen los magistrados, “ni siquiera concreta conductas de corrupción o blanqueo”, más allá de algunas afirmaciones y de aportar el listado de cuentas “sin señal ni marca que explique su elaboración y origen” sin añadir ningún indicio “que avale razonablemente su realidad”.

Esta denuncia, a la que el PP llegó a dar trámite en el Senado, es para el Tribunal Supremo “un conjunto de afirmaciones, que pretenden sustentarse en la mera referencia a titulares de noticias difundidas en medios de comunicación, difusas y carentes de apoyo y base objetiva”. Noticias que ha mezclado con “valoraciones” y sin ofrecer ningún dato creíble.

“Se limita a consignar en una tabla de elaboración casera un conjunto de datos sobre los que no existe la más mínima base indiciaria que conforme su coincidencia con la realidad salvo su plasmación en unas hojas igualmente de elaboración propia, sin formato reconocible, carentes de valor acreditativo alguno”, reprocha el tribunal.