El Gobierno retira el recurso contra la orden del Supremo que le obliga a hacerse cargo de mil menores en Canarias

El Gobierno central ha retirado este viernes un recurso que había presentado contra las medidas cautelares impuestas por el Supremo que obligaban al Estado a hacerse cargo de más de mil menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran actualmente bajo tutela de los servicios de protección de Canarias. Todo después de que la semana pasada el órgano judicial diera un plazo de diez días al Ejecutivo para que garantice el acceso de dichos menores al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional.

En el recurso finalmente retirado, según ha adelantado El País y han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas, la Abogacía del Estado cuestionaba las cautelares y sostenía que la competencia para la acogida de estos menores corresponde a la comunidad autónoma canaria, independientemente de que hayan solicitado protección internacional. Las retirada de las alegaciones de la Abogacía afecta a las medidas cautelares, pero el pleito sobre el fondo del asunto sigue adelante hasta que haya sentencia.

El Supremo dictó el pasado 26 de marzo una medida cautelar que obligaba al Gobierno de Pedro Sánchez a garantizar en diez días la acogida de unos mil menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en las islas y que han solicitado asilo o han manifestado su voluntad de hacerlo, describiendo la situación de estos como “insostenible”.

Los magistrados explicaron que en estos momentos “estos menores no acompañados solicitantes de asilo se encuentran a cargo exclusivamente del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma”, sin que conste que se haya puesto a disposición de los mismos los recursos, programas y mecanismos propios de este sistema de acogida para los solicitantes de asilo a cargo de la Administración del Estado, “sistema al que estos menores tienen pleno derecho”.

“En la actual situación resulta urgente que se garantice el acceso de estos menores no acompañados solicitantes de asilo al sistema estatal de acogida del que no pueden permanecer al margen, por lo que dicho acceso debe acordarse como medida cautelar”, resolvió la Sala Tercera, en una resolución de la que fue ponente la magistrada Ángeles Huet.

Sin embargo, el auto del Supremo entendía que el sistema estatal de acogida de los menores que solicitan protección internacional »no ha sido puesto a disposición» de los jóvenes acogidos en Canarias a pesar de ser un sistema al que tienen »pleno derecho». Según el documento, el acceso de los jóvenes a este servicio permitiría corregir el hacinamiento en el que conviven los menores en Canarias, »abiertamente incompatible con el superior interés del menor que resulta obligado proteger».

En octubre de 2024, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias requirió al Ministerio de Migraciones que los jóvenes solicitantes de asilo fueran derivados a recursos del Estado. Sin embargo, según indicó la responsable del área, Candelaria Delgado, en diciembre del año pasado todavía no habían obtenido respuesta.

El Alto Tribunal considera que los menores en situación de desamparo son competencia de la comunidad autónoma. Sin embargo, cuando además de menores son solicitantes de asilo, debe intervenir también el Estado. Por ello, en todo el proceso el Gobierno central y el autonómico deben colaborar para garantizar el interés superior de los menores.

Según las cifras de ACNUR, 546 menores no acompañados han presentado ya en Canarias la solicitud de protección internacional, 350 están pendientes de cita para manifestarla y otros 325 ya la han manifestado y están citados para presentar la solicitud.

Este mismo jueves, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunió con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, en Santa Cruz de Tenerife y, al término del encuentro, Torres aseguró que el Gobierno cumplirá el requerimiento del Tribunal Supremo, pero matizó que veía imposible hacerlo “de la noche a la mañana”. Además, recordó que el auto del Supremo no establecía que hubiese que trasladar a esos 1.000 menores fuera de las islas, aunque su atención la realizase el Estado.