Un tercio de los acusados por el mayor pelotazo del ‘caso Púnica’ reconoce los hechos

Un tercio de las 37 personas que se sientan desde este lunes en el banquillo por el juicio celebrado en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely por valor de 224 millones de euros ha reconocido su participación en los hechos, informa Europa Press.

La primera sesión de la vista oral, que juzga la pieza separada número 6 de la trama de corrupción ‘Púnica’, ha servido para escenificar hasta 13 conformidades con la acusación de la Fiscalía, entre las que se encuentran las del constructor David Marjaliza. Su abogado, el penalista José Antonio Choclán, el que ha recordado que tanto Marjaliza como otra de las acusadas, Ana Ramírez, “comenzaron su colaboración desde los primeros momentos de la causa, incluso cuando se encontraba en situación de secreto sumarial”.

Este lunes, las defensas de los conformados han ido anunciando esa adhesión a la acusación del Ministerio Público, como en el caso del exalcalde de Parla José María Fraile. Otros, sin embargo, han explicado que se encuentran todavía “en conversaciones” con la Fiscalía antes de decidir si siguen el mismo camino. Es el caso, entre otros, de las defensas de los que fueran alcaldes de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada Pita o de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro. El juicio se reanudará el jueves con la continuación de las cuestiones previas y, si el tiempo lo permite, con las declaraciones de algunos acusados.

Una “presunta organización criminal”

El juez instructor envió a juicio esta línea de investigación contra 37 acusados —a los que hay que añadir a la propia Cofely— a los que atribuye hasta ocho delitos, entre los que se cuentan los de organización criminal; prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraude o cohecho.

La investigación afecta a los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de las localidades de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de en Medio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019 euros); Alcalá de Henares (11.847.479 euros); Valdemoro (50.280.748 euros); Collado Villalba (35.467.135 euros); Móstoles (60.449.119 euros) y Serranillos del Valle (4.205.589 euros), lo que eleva el total a casi 224 millones de euros.

El ahora exmagistrado Manuel García Castellón explicaba en un auto que entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los investigados de la empresa Cofely y Marjaliza, con su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron “como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban”.

Así, y para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el director general de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial. Todo ello, a sabiendas de que lo que se esperaba de Marjaliza era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanista.

El magistrado detallaba que la relación entre Cofely y el empresario se instrumentó a través de un contrato de asesoría comercial que fue suscrito el día 1 de mayo de 2012 por la mercantil. Por dicho contrato la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable, según fueran las oportunidades de negocio y contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros.

“El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron”, señalaba el instructor.

En este sentido, exponía que la dirección jerárquica habría estado ejercida por Didier, considerado el ‘círculo 0’, quien apoyaba las ofertas, las negociaciones de corrupción y los pagos directos por transferencias a las sociedades de Marjaliza.

En la siguiente esfera el juez situaba al departamento comercial de Cofely dirigido por Constantino Álvarez, quien apoyaba las negociaciones de cohechos que instrumentaban Marjaliza y Pedro García Pérez, responsable de terciario de Mercado Publico del Departamento Comercial.