El momento de la demanda interna en España y Europa

La reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump, de establecer aranceles generalizados a las importaciones a Europa –y resto del mundo– supone un cambio de calado en la economía internacional. Las barreras comerciales impuestas afectarán tanto a los flujos de exportación como a las cadenas de suministro globales. Prácticamente todos los análisis económicos coinciden en señalar que estas medidas limitarán el comercio internacional, elevarán los costes de producción y encarecerán los precios finales de los productos. Esto no solo afectará a empresas directamente exportadoras, sino también a aquellas que dependen de bienes importados o de proveedores que los utilizan. En economías interconectadas como la nuestra, las consecuencias se extenderán a todos los sectores.

Esta situación coloca a la economía española y europea ante un escenario especialmente complejo. La dificultad no radica únicamente en las mayores trabas al comercio exterior. Se suma el hecho de que durante la década de 2010 España apostó por un modelo de crecimiento basado en las exportaciones. La estrategia consistió en impulsar el crecimiento económico a través de una devaluación salarial. Esta se implementó mediante reformas laborales orientadas a la desregulación del mercado de trabajo y la debilitación de la negociación colectiva. El objetivo declarado fue contener los salarios para abaratar los productos españoles y ganar cuota de mercado internacional.

Sin embargo, los estudios económicos posteriores muestran que esta vía no dio los frutos esperados. Según los estudios en la materia entre 2009 y 2017 España dejó de crecer un 0,2% anual de PIB como consecuencia directa de la reducción salarial. En otras palabras, el país creció menos de lo que habría podido si no se hubiera adoptado la senda de la devaluación interna. Además, la estrategia no produjo mejoras significativas en la competitividad externa. Los datos muestran que entre 2009 y 2017 los costes salariales reales cayeron un 14%. Sin embargo, los precios de exportación apenas se redujeron un 2%. Es decir, la ganancia empresarial absorbió casi en su totalidad la bajada de salarios, sin que ello se tradujera en una mejora en los precios internacionales de los bienes españoles. Es decir, ya en su momento la estrategia seguida no consiguió los objetivos pretendidos.

Si a esto le sumamos este nuevo contexto global de mayor proteccionismo y tensiones geopolíticas, confiar en el crecimiento por la vía de las exportaciones se presenta como una estrategia cada vez más incierta. 

Por ello, una política económica eficaz para los próximos años debe basarse en el refuerzo del consumo interno. Esto implica abandonar cualquier enfoque de austeridad y apostar por políticas fiscales expansivas, con inversiones públicas orientadas a sectores estratégicos. Por supuesto, esto no significa gasto improductivo (olvidémonos de cavar zanjas o nuestra versión española de “hacer rotondas”), sino el impulso público a sectores con externalidades positivas: investigación y desarrollo, digitalización, transición energética y educación.

A su vez, es necesario reforzar el poder adquisitivo de los hogares mediante políticas salariales, negociación colectiva efectiva y una protección social robusta. Se debe favorecer la estabilidad del empleo y fomentar instrumentos de flexibilidad interna como los ERTE, que demostraron su eficacia durante la última gran crisis (la pandemia).

También se deben establecer ayudas públicas a empresas especialmente golpeadas por los aranceles. No obstante, estas subvenciones deben vincularse a garantías de mantenimiento del empleo. No se trata de salvar algunas empresas, sino de preservar el tejido productivo y la capacidad de consumo del conjunto de la población.

Frente a un mundo más incierto y fragmentado, España debe fortalecerse desde dentro. Apostar por la demanda interna no significa caer en el proteccionismo, supone reconocer que una economía sana y resiliente necesita un mercado interno robusto, ciudadanos con capacidad adquisitiva, servicios públicos de calidad e inversión estratégica.