La Fiscalía endurece su posición y pedirá prisión en todos los juicios por pirateo de agua en Doñana

Los agricultores que vayan a juicio acusados de extracciones ilegales de agua del acuífero Doñana se van a encontrar a partir de ahora con una posición mucho más dura por parte de la Fiscalía. De hecho, a partir de ahora el ministerio fiscal pedirá penas de prisión en estos casos, una decisión que se adopta al considerar que hace falta más contundencia ante este tipo de situaciones.

Así lo han acordado las fiscales de Medio Ambiente de las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla, la última de las cuales es la que sostiene la acusación pública en el caso de los pozos ilegales de la Casa de Alba. La decisión ha sido adoptada junto con el fiscal jefe responsable de los delitos medioambientales, Antonio Vercher, y la premisa es pedir cárcel cuando la extracción ilegal de agua dañe el acuífero de Doñana.

Esto en la práctica implica que hablamos de poco menos que todos los casos, ya que el mal estado de estas masas subterráneas se agrava con cualquier bombeo sin permiso. Tres de las cinco masas de agua del acuífero están declaradas como sobreexplotadas, fruto de un “robo de agua” según la organización WWF que equivale a 4.200 piscinas olímpicas que permitirían regar 4.800 campos de fútbol.

Demasiadas sentencias de conformidad

Este anuncio de mano dura por parte del ministerio público se produce, además, después de que recientemente la Fiscalía de la Audiencia Nacional instase al Gobierno a actuar contra 250 empresas agrícolas precisamente por pirateo de agua en Doñana. Ello, después de una investigación conjunta con la Guardia Civil que ha revelado durante 2022 y 2023 una situación de “extracción masiva, sistémica, simultánea, persistente, fuera de control e ilegal” de aguas subterráneas.

Por lo que respecta a la decisión de solicitar prisión en estos casos, desde el ministerio fiscal se considera que en los últimos años “ha aumentado de forma preocupante” el número de sentencias de conformidad, lo que no se corresponde con la dimensión del problema. Por ello, el criterio del fiscal jefe de Medio Ambiente es, a partir de ahora, apostar por el “uso prevalente” del Derecho penal frente al administrativo para castigar las infracciones “en un entorno tan sensible” como es Doñana.

Drones para la detección

Por cierto, que en esta reunión de las fiscalías se ha decidido también proponer el empleo de la información obtenida por drones para la localización de pozos ilegales de agua. Desde el ministerio público se explica que los bombeos ilegales emplean conducciones eléctricas que pueden ser detectadas por estos aparatos.

Precisamente, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, señalaba recientemente en Sevilla que en su departamento siguen trabajando “con herramientas innovadoras” en la lucha contra el regadío ilegal en el entorno de Doñana. La última incorporada es un sistema de teledetección con inteligencia artificial, a lo que se une que “utilizamos los drones para identificar invernaderos ilegales y con eso lo que hemos conseguido en el último año es reducir un 20% más los invernaderos ilegales”.

“Ponemos todo nuestro empeño”, resaltó Aagesen en un encuentro organizado por Radio Sevilla de la Cadena SER. El nuevo arsenal tecnológico ha propiciado, a su juicio, que “los propios actores que quieren actuar en la ilegalidad se hayan dado cuenta de que ya no pueden porque hay un sistema en tiempo real que les está vigilando”.

1.200 pozos cerrados desde 2018

Y por lo que respecta al cómputo de pozos cerrados, la vicepresidenta tercera aportó el dato de que se han cerrado 1.200 desde 2018, año en el que “había más de 1.200 hectáreas ilegales y se han reducido casi a la mitad”. Según la última actualización del Marco de Actuaciones para Doñana, entre los 1.197 puntos de extracción clausurados hasta el pasado mes de diciembre había 721 ilegales y 476 legales, en concreto los de la comunidad de regantes del Fresno tras recibir agua en superficie.

En cuanto a los que carecían de permiso, ya hay sellados 294, encargándose la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (el organismo estatal responsable de adjudicar los derechos de riego) de 132 y cerrando voluntariamente los propios agricultores los 162 restantes. A esto hay que sumar 55 bombeos precintados por medidas cautelares y 18 suspendidos por estar inmersos en procedimientos judiciales, completándose la cifra con 205 pozos cuya clausura está en tramitación.