«Falta medicación vital, no me voy a exponer a negligencias»: los correos del caso Parches de las ambulancias canarias

Aunque tiene su origen en una denuncia por la presunta falsificación de parches desfibriladores utilizados para la reanimación cardiopulmonar de pacientes pediátricos en ambulancias de Canarias (de ahí que se haya bautizado ya como caso Parches), la investigación que se sustancia desde 2023 en el Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria por presuntos delitos contra la salud pública y falsedad documental, que hasta ahora alcanza a cinco personas y dos empresas, es más amplia.

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entraron el 22 de noviembre de 2023 en la sede de la empresa investigada Tasisa, adjudicataria de uno de los lotes en Gran Canaria y de todos los de Tenerife en el último concurso de transporte sanitario en las Islas. En ese registro, con las actuaciones declaradas secretas, se hallaron numerosos suministros sanitarios caducados: parches desfibriladores pediátricos, agujas para inyección, botellas de bicarbonato sódico, pinzas para cordón umbilical… También blísteres, envases y viales de más de una docena de fármacos con fecha vencida.

Además, la Policía Nacional encontró en ese registro varios correos electrónicos que ya alertaban a finales de 2020, dos años y medio antes de que se abriera la investigación, de las carencias en el servicio.

El primer correo fue enviado el 9 de diciembre de 2020 por Karlos Pérez, enfermero de profesión y delegado del sindicato SITES en el Comité de Seguridad y Salud. El destinatario era el responsable zonal de Tasisa, una de las personas investigadas en esta causa. En ese mensaje, el trabajador ponía en conocimiento de la empresa las deficiencias de la ambulancia medicalizada en la que había hecho la guardia el día anterior. “Falta medicación vital para el ejercicio de nuestra profesión y esencial para los ciudadanos en situaciones críticas”, exponía.

El enfermero trasladaba su preocupación por la falta de material disponible en la base de las ambulancias. “Nos encontramos en ocasiones que no es viable o factible reponer material porque el personal de administración o encargado no está disponible, aspecto que se debería abordar por cuestiones organizativas”, recogía ese correo que incorporaba un archivo adjunto con un listado de más de una treintena de fármacos y material sanitario (mascarillas, monitor desfibrilador, botella de oxígeno portátil…) que debían estar en la ambulancia y no estaban. 

El último informe de la UDEF señala que desde que el trabajador envió ese correo, el 9 de diciembre, hasta el día 31 de ese mismo mes la empresa no adquirió ninguno de los medicamentos sobre los que el trabajador reparó en su ausencia.

Entre medias, en concreto el 20 de diciembre, Pérez remitió otro correo, pero en esta ocasión no sólo dirigido al responsable zonal de Tasisa, sino también a un directivo de su empresa matriz, la multinacional Health Transportation Group (HTGroup). El sanitario señalaba en este segundo mensaje que, tras haber revisado la ambulancia, había comprobado que no se habían solventado las deficiencias denunciadas, por lo que entendía que el vehículo debía quedar inoperativo al no cumplir “con los requisitos como recurso avanzado”.

De ese correo se desprende que el trabajador informó de esta circunstancia a la empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad (GSC) en Canarias, responsable del servicio de transporte sanitario en las Islas, del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y del 1-1-2 en las Islas. “Según me informa, SUC no permite la inoperatividad, por lo que dejo constancia para eludir cualquier responsabilidad legal al respecto, ya que queda el recurso operativo con deficiencias”.

Ambulancia del Servicio de Urgencias Canario en una de las bases.

“Todo ello”, continúa el mensaje enviado por Karlos Pérez a los responsables de Tasisa y de HTGroup, “no permite poner en práctica los protocolos frente a determinadas patologías de emergencias”. “Como profesional, no me voy a exponer a posibles negligencias por deficiencias del recurso”, concluye el enfermero en ese correo.

Justo un día después de ese mensaje, la empresa pública GSC realizó una inspección a esa ambulancia de tipo C (medicalizada). En ella detectó 106 carencias, 99 de productos sanitarios. Faltaba numerosa medicación y material fungible. No había ninguna existencia de 66 productos que debían estar y de otros 33 había alguna unidad, pero no todas las requeridas.

El informe de la UDEF destaca que, a pesar de ello, esa ambulancia no volvió a ser revisada al menos hasta el inicio de la investigación judicial (en verano de 2023) para comprobar si esas deficiencias habían sido solventadas. Es más, aquella fue la única inspección realizada a ese vehículo en cuatro años. La otra ambulancia tipo C de Tasisa no fue revisada ni una sola vez.

Irregularidades que perduran

Entre las conclusiones extraídas a partir de los datos recabados durante su investigación, la unidad especializada de la Policía Nacional apunta que los controles sobre las ambulancias habían sido “extremadamente relajados y apáticos” por parte de GSC y que las irregularidades detectadas, “lejos de haber sido subsanadas, se han ido repitiendo, perdurando en los diferentes recursos”. Además, las penalizaciones que la empresa pública responsable del servicio ha impuesto a la adjudicataria Tasisa por esos incumplimientos (en una cantidad que ronda los 23.000 euros) “han estado por debajo de los importes establecidos según el convenio”.

Como muestra de esa persistencia en el incumplimiento, la UDEF alude en su informe a otros correos electrónicos remitidos por trabajadores de Tasisa en 2023, tres años después de los primeros. El propio Karlos Pérez remitió un mensaje en junio de ese año a la empresa haciendo constar, entre otras cuestiones, que las mascarillas estaban caducadas o que los viales de suero glucosado tenían una concentración del 5% “cuando los indicados para las hipoglucemias eran del 50%”. En este periodo, la empresa ha abierto hasta tres procedimientos disciplinarios contra este trabajador y representante sindical que concluyeron en sanciones. Hasta la fecha todas han sido anuladas. Una por sentencia firme, otra por acuerdo después de que la empresa admitiera un error al calificar los hechos y una tercera con resolución favorable al enfermero en primera instancia, aunque se encuentra recurrida. 

Interior de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario.

También en 2023, poco después de que se abriera la investigación del caso Parches, otro empleado informaba a la empresa a través de un correo de que, al hacer el cambio de unidad, se había dado cuenta de que la mayoría de la medicación se encontraba caducada. En concreto, nueve fármacos tenían fechas de vencimiento en el periodo comprendido entre mayo y septiembre de ese mismo año. Es decir, que ese material “habría estado cierto tiempo en disposición de ser aplicado sobre pacientes del servicio de urgencias”. La UDEF resalta que en los formularios de chequeo de material no hay ningún apartado que haga referencia a las fechas de caducidad de las medicinas.

Ese mismo mes, el denunciante del caso, Ayoze Arencibia, delegado del sindicato SITES y presidente del Comité de Seguridad, puso en conocimiento de la instrucción que se había encontrado otro parche pediátrico caducado desde hacía más de seis meses en otra ambulancia.

A la espera de un informe del IML

La instrucción se mantiene abierta. De momento hay cinco personas investigadas: la apoderada, el responsable zonal y un administrativo de Tasisa y dos gestores de la farmacia donde esta empresa de ambulancias suele adquirir los medicamentos. Están imputados por un delito de falsedad documental (vinculado con la presunta manipulación de parches desfibriladores pediátricos para ocultar que estaban caducados y así ahorrar costes) y contra la salud pública, por los riesgos que acarrea la utilización de material deteriorado o vencido sobre la salud de pacientes que requieren atención urgente.

También tienen la condición de investigadas las empresas Tasisa, adjudicataria de varios lotes del servicio de transporte sanitario en Canarias, y Global Technical Supplies, sociedad que facturó a la primera “grandes cantidades” de mascarillas FFP2, quirúrgicas y batas “a precios bajos” a pesar de que “no está relacionada con la comercialización de repuestos sanitarios”, puesto que está vinculada al sector de la construcción y la industria de la automoción.

El juez instructor solicitó en mayo del año pasado un informe al Instituto de Medicina Legal (IML) de Las Palmas para determinar, a partir de las pesquisas de la UDEF, si ha existido “un riesgo grave para la salud” de los pacientes debido a la presencia en las ambulancias de medicinas caducadas y/o deterioradas. Ese documento aún no ha sido remitido al órgano judicial.

En la causa sí consta un informe de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) que advierte del riesgo grave que puede comportar la utilización de medicamentos caducados por su pérdida de eficacia.