El PP bloquea la información sobre su asesor que trabaja para Manos Limpias mientras expande sus negocios privados

El PP ha usado su mayoría absoluta para bloquear en la Mesa del Senado el acceso a la información sobre la compatibilidad otorgada al asesor de una de sus parlamentarias para mantener su actividad privada de abogado mientras cobra un sueldo público. Víctor Soriano representa a Manos Limpias en la causa contra el fiscal general del Estado por la supuesta filtración de los correos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso mientras cobra un sueldo público como “personal eventual” de la institución desde enero de 2024. En este tiempo, ha ampliado su negocio privado: de una nueva oficina en Baleares a buscar abrir una causa por la DANA de Valencia contra un ayuntamiento gobernado por el PSPV y Compromis y a través de la que llegar hasta la Confederación Hidrográfica del Júcar. Es decir, al Gobierno central.

Soriano cobra así 56.937 euros anuales del Senado por una dedicación completa que la Cámara Alta, en manos del PP, le permite compatibilizar con actividades privadas. Según la web del Senado, la autorización es para ejercer la docencia y la abogacía. La cuestión es que Soriano ha ampliado esas actividades desde que recibió el visto bueno para simultanearlas. No hay constancia de que dichas compatibilidades se hayan revisado en ningún momento. 

elDiario.es ha intentado por diferentes vías, sin éxito, recabar la documentación que justifica la concurrencia de diferentes actividades en una persona que asiste a una representante en un órgano constitucional como es el Senado. 

La senadora que contrató y firmó la compatibilidad de Soriano, Eva Ortiz, no ha respondido a las preguntas realizadas por este medio. Ortiz fue secretaria general del PPCV cuando lo lideraba Isabel Bonig, quien fuera descabalgada del cargo por Carlos Mazón de la mano de Pablo Casado y Teodoro García Egea.

Pero tampoco la Cámara Alta parece dispuesta a aportar ninguna información sobre una de las personas a las que abona un sueldo mientras pleitea en nombre de Manos Limpias contra el Fiscal General del Estado. El PP ha usado su rodillo absoluto para bloquear desde la Mesa el acceso a la información sobre la compatibilidad otorgada al abogado. Así consta en una resolución del pasado 18 de marzo remitida a elDiario.es por el director de Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Senado, Pablo Javier Pendás Prieto, y en la que se asume que el personal de la Cámara ha tenido que hacer un “esfuerzo por dilucidar y diferenciar los términos” de la petición de información y documentación remitida por este medio.

El texto que remite Pendás, quien también es profesor en el CES Cardenal Cisneros, centro universitario adscrito a la Universidad Complutense que saltó a la fama por ser donde Pablo Casado logró aprobar el 70% de la carrera de Derecho en solo dos años mientras trabajaba, justifica la negativa en que es la propia Eva Ortiz quien concedió la compatibilidad a Víctor Soriano, “no la Cámara como institución”. 

Según la resolución remitida por Pendás y avalada por el PP en la Mesa del Senado, es “la autoridad, senador o grupo parlamentario del que depende el personal eventual en cuestión [quien] fija el régimen de prestación del servicio, y, en consecuencia, quien autoriza las solicitudes de compatibilidad del mismo, atendiendo a las circunstancias de dicho régimen de prestación del servicio y siempre teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto del Personal de las Cortes Generales, que se aplica al personal eventual en la medida en que, según prescribe el artículo 2.3 de la citada norma, ‘no se oponga a la naturaleza de sus funciones”.

Es decir, que el Senado paga a los asesores de los senadores un sueldo público sin controlar, no ya que la autorización de compatibilidad “no se oponga a la naturaleza” de las “funciones” que tiene atribuidas, tampoco comprueba si la información que aporta es cierta o no, o si la persona responsable de la autorización, en este caso la secretaria primera de la Mesa, hace cumplir las obligaciones del personal eventual que fija el Estatuto del Personal de las Cortes Generales y que les es de aplicación.

La resolución asume después que “es la propia Cámara la que determina, a través de normas, acuerdos, instrucciones o decisiones de ámbito interno, [el] régimen de publicidad activa” para las compatibilidades del personal eventual del Senado. Y concreta que es “la propia Cámara” quien decide “qué es objeto de publicidad y cómo o a través de qué medio se produce esa publicidad”. Pero luego añade que “las compatibilidades concedidas al personal eventual de la Cámara, la decisión de lo que se publica y cómo se publica en el Senado viene condicionada por la decisión que en el mismo sentido se haya adoptado en el Congreso de los Diputados”.

El documento concluye: “No es objeto de publicidad y difusión a través de la página web del Senado, en consecuencia, ni la solicitud de autorización de la actividad compatible formulada por la persona interesada, ni el acuerdo o resolución de concesión de la misma”.

Sí ha respondido a elDiario.es el propio Víctor Soriano, quien asegura que la compatibilidad se da “para el ejercicio de una actividad privada, no para autorizaciones concretas”. En este caso, “para el ejercicio de la profesión de abogado” y “sin ninguna limitación” salvo, por ejemplo “ir contra las Cortes Generales” porque “podría estar en conflicto de interés”.

Expansión del negocio: de Baleares a Picassent

El Estatuto que cita el documento remitido por el director de Relaciones Institucionales (hijo de Benigno Pendás, otrora jefe de letrados del Senado y actual miembro del Consejo de Estado, entre otras responsabilidades) establece en su artículo 63.2 que las compatibilidades a los funcionarios de las Cortes (cuyo régimen se aplica a los eventuales) deben ir precedidos de un “informe del Letrado Mayor de las Cortes Generales”, que en este caso no existe. 

Desde la Presidencia de la Cámara Alta que ostenta Rollán se alude a que esa parte del Estatuto no es de aplicación al personal eventual. 

El mismo artículo, en otro apartado, apunta: “El reconocimiento de la compatibilidad habilitará para el ejercicio de la actividad declarada compatible en los términos de la propia resolución”.

La cuestión es que Soriano ha modificado su actividad profesional privada de forma notoria y pública. Y no solo porque sea el representante de Manos Limpias en un caso contra una institución del Estado como es el fiscal general mientras cobra del Senado (un procedimiento posterior a su contratación por parte de Eva Ortiz), sino porque en las últimas semanas ha hecho ostentación de la apertura de un nuevo despacho en Baleares y ha iniciado diferentes causas judiciales. Alguna relacionada con la DANA de Valencia.

El despacho en Palma también le permite adentrarse en el negocio urbanístico balear. No solo en Mallorca, también en Ibiza, donde se presentó en sociedad el pasado 12 de marzo. Ese día, el Senado acogió una sesión plenaria de cerca de ocho horas. Pero durante su celebración, el asesor no solo no estaba en la Cámara Alta. No estaba ni en Madrid ni en la Península Ibérica. 

Estaba en la azotea del Gran Hotel Montesol, pegado al puerto deportivo de la capital de la isla. La apertura del nuevo despacho ha venido precedida de su contratación como representante legal del exfutbolista Marco Borrielo, que tiene abiertos dos expedientes por obras ilegales en su mansión.

Según declaró el abogado a ‘El Diario de Ibiza’, en la isla “se persiguen como delito urbanístico auténticas tonterías”. “En gran parte mi actividad se focaliza en el urbanismo y en los delitos urbanísticos y los delitos de corrupción. Era casi imposible no terminar acumulando clientes, amigos y relaciones de todo tipo en Ibiza”, apunta.

En la misma entrevista, el periodista afirma: “Hoy miércoles 12 de marzo, Soriano dedicará su mañana a celebrar declaraciones en el Tribunal Supremo, como abogado de la acusación en el caso García Ortiz, y luego viajará a Ibiza”. Es decir, un día de Pleno, el asistente de la secretaria primera del Senado estuvo en el Tribunal Supremo, como abogado de Manos Limpias, y después en la presentación de la expansión de su negocio privado. Durante dicha presentación, Soriano alertó del “riesgo de que la inseguridad jurídica acabe con el éxito” de la isla.

Unos días antes de esta presentación se anunció el aterrizaje en Mallorca. Una vez más, su objetivo declarado es el “urbanismo”. En sus propias palabras, “el mercado de Balears es muy relevante por la complejidad de los asuntos que se encuentran, sobre todo, en urbanismo”. “Los casos de delito urbanístico que se dan en Ibiza y, en particular, en Sant Josep, son algo inaudito en el resto de España, se trata de una auténtica persecución por parte de la Fiscalía”, ha dejado también dicho el asesor de la secretaria primera del Senado.

Pero el urbanístico no es el único interés de Soriano como abogado. Soriano i Piqueras, su despacho, ha asumido “la defensa legal de un colectivo de vecinos del barrio de l’Omet, en el municipio valenciano de Picassent, que resultaron gravemente afectados por la DANA del pasado 29 de octubre”. “Estas familias continúan sin poder acceder a sus viviendas, que permanecen precintadas por orden administrativa”, asegura el comunicado.

En Picassent gobiernan el PSOE y Compromís en coalición. Pero Soriano apunta además contra la Confederación Hidrográfica del Júcar, entidad estatal dependiente del Gobierno central que se ha convertido en uno de los principales objetivos de la contraofensiva de la Generalitat valenciana, su president, Carlos Mazón, y del PP para quitarse de encima la responsabilidad por la tragedia de octubre y, de paso, endosársela a Pedro Sánchez.

El pasado marzo, en un programa de La 8 Mediterráneo, Soriano mostró una “discrepancia” con la jueza de Catarroja que instruye la investigación sobre la DANA: “Se ha concentrado en los hechos que tienen que ver con la administración de la Generalitat, y hay otros, los que tienen que ver con la Confederación Hidrográfica del Júcar”.

A Soriano aún le da tiempo a otras compatibilidades. Por ejemplo, ha resucitado la veterana Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, un artefacto jurídico en forma de asociación usado desde el siglo pasado para ejercer la acusación popular en casos judiciales.

Al frente de la asociación (inscrita en 1992 en el registro oficial del Ministerio del Interior sin que se hayan registrado modificaciones en su dirección) está una de las abogadas del despacho Soriano i Piqueras Abogados, SLU: María Ángeles López Sargues. Exalcaldesa precisamente de Catarroja por Unió Valenciana, partido fagocitado por el PP.

En declaraciones a elDiario.es, Soriano afirma que ADED es “cliente” de su despacho, pese a que el abogado figura como dueño del dominio ‘estadodederecho.es’, donde ha estado alojadas la web de la asociación hasta hace escasos días, tal y como se puede comprobar en las propias redes sociales de Soriano o en Archve.org.

ADED se ha personado así como acusación popular contra el ayuntamiento socialista del municipio valenciano de Alboraya en una causa que investiga un posible delito urbanístico en la construcción de una piscina descubierta.

Pero ese dominio redirige ahora a otro producto: el medio de comunicación Urbanismo.info. La propia página informa de que su propietario es METRÓPOLIS ALSP ABOGACÍA DE LOS NEGOCIOS, SL, una de las marcas comerciales usadas por Víctor Soriano. El propio abogado copa buena parte de los titulares del autodenominado “Periódico digital de urbanismo y sector inmobiliario”.

Soriano asegura a elDiario.es que él no es el dueño de Metrópolis ALSP, sino accionista “minoritario” a través de su despacho original, del que sí es dueño al 100%. En noviembre de 2024, en la web del despacho Soriano i Piqueras se mencionaba a Metrópolis ALSP como una “filial” propia.

Soriano afirma a este medio que “no” interviene “en la labor profesional de Metrópolis”. “Gestiono mi patrimonio y tengo plena libertad para hacerlo”, dice. Según el abogado, él es dueño de “participaciones sociales de un despacho que es socio de otro despacho”.

El Registro Mercantil recoge que Soriano es “administrador único” de la empresa desde el 5 de diciembre. Ese mismo día, Metrópolis ALSP informó de una ampliación de capital y de la pérdida del carácter “unipersonal” de la firma. Las operaciones de la empresa empezaron un poco antes, en noviembre. Durante ese mes, la empresa era 100% propiedad del despacho de abogados Soriano i Piqueras, siempre según la documentación pública oficial.

Preguntado por la acumulación de trabajo, Soriano responde: “Mi prioridad es el Senado”. “Así lo ha valorado Eva Ortiz al autorizar la compatibilidad”, sigue. El abogado asegura que “el personal eventual no tiene horario” sino “disponibilidad plena” y que hay “momentos de más y menos trabajo”. 

“No hay ninguna afección a mi actividad”, apunta. “Si la hubiera, decidiría en qué ámbito tengo que cambiar cosas”, añade Soriano, quien asegura que sus otras labores “no interfieren en absoluto” con la que ejerce en el Senado. Eso sí, reconoce haber pedido una “excedencia” en la universidad por no poder asumir la carga de trabajo, y matiza que “en el despacho hay bastante gente colaborando”. “Me permite desentenderme un poco de la labor”, concluye.