Trump dice ante Bukele que «estudia» deportar ciudadanos estadounidenses a El Salvador: «Si podemos, será bueno»

El primer mandatario latinoamericano que visita Washington es el nuevo carcelero de Donald Trump: el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En declaraciones al inicio del encuentro en el Despacho Oval, Trump ha respondido, cuando se le ha preguntado si podía aclarar si también se está planteándose deportar a El Salvador personas migrantes que ya tengan la ciudadanía pero sean acusadas de cometer crímenes, que lo están “estudiando”.

“Si son criminales… Porque podemos hacer estas cosas con el presidente [Bukele] por menos dinero y tener más seguridad. Tenemos una población penitenciaria gigante. Tenemos a otras personas que también lo están negociando. Estamos estudiando ahora mismo las leyes. Si podemos, eso es bueno”, ha dicho el republicano.

El líder del país centroamericano ha logrado ganar puntos ante el presidente estadounidense al convertirse en un elemento útil para los planes de deportaciones masivas de Trump. La prioridad del viaje deja entrever cuál es la manera en que el presidente estadounidense va a acercarse a Latinoamérica y cuáles serán sus prioridades con sus vecinos que hay más allá de la frontera sur.

Tras recibirlo en el Despacho Oval, Trump se ha referido a Bukele como su “buen amigo”, quien le ha “ayudado” mucho en su plan de deportaciones masivas. “Nos estáis ayudando mucho”, ha afirmado el presidente estadounidense en referencia al uso de prisiones salvadoreñas. Bukele ha respondido: “Queremos ayudar”.

La visita de Bukele coincide con la batalla legal por el regreso a Estados Unidos de Kilmar Abrego García, el salvadoreño que fue deportado “por error” a la megacárcel CECOT en el polémico vuelo del 15 de marzo. La semana pasada el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) ignoraba las órdenes de una juez federal de Maryland para que devolviera a Abrego García. La justificación del Gobierno, que admitía que se trató de un “error administrativo”, era que no tenía “poder” para hacerlo regresar. Este Bukele y Trump se han sentado este lunes en el Despacho Oval, no para hablar del futuro de una persona inocente que fue encarcelada sin antes pasar por un juez, sino para abordar nuevos acuerdos migratorios. 

El DOJ presentó el domingo un nuevo recurso —a raíz de la respuesta del Supremo, que planteó que los tribunales pueden no tener poder para ordenar el retorno— en el que defiende que los jueces federales “no tienen autoridad para ordenar” al ejecutivo cómo gestionar “las relaciones exteriores”. La resolución de la disputa sobre Abrego García marcará un precedente sobre el margen de acción del ejecutivo para llevar a cabo su campaña de deportaciones masivas.

Bukele ha pasado de ser un aliado más del presidente a prácticamente convertirse en su principal colaborador en la campaña del miedo contra la comunidad migrante. Ahora bien, no lo ha hecho gratis. La Casa Blanca pagó unos seis millones de dólares para encerrar en la CECOT a Abrego García y a los más de 200 venezolanos que fueron deportados bajo el paraguas de la ley de Enemigos Extranjeros. Todos ellos estaban acusados de pertenecer, supuestamente, a las bandas criminales MS-13 y Tren de Aragua. Ninguno contó con garantías procesales, tal como puso de manifiesto una jueza del tribunal de apelaciones. Esta norma de 1789 es otra de las principales herramientas con las que Trump quiere aplicar mano dura contra las personas sin papeles.

Elemento clave del plan de deportaciones masivas

En los planes de deportaciones masivas de Trump, las prisiones de El Salvador se han convertido en un elemento clave. No solo por cuestiones prácticas, sino también para imponer relato a través del cual infundir miedo en la población migrante e incluso en los mismos ciudadanos estadounidenses. Cuando en enero Bukele ofreció sus prisiones a Estados Unidos durante la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, planteó la posibilidad de alojar tanto migrantes como ciudadanos que hubieran cometido crímenes. 

En una de sus publicaciones, Trump amenazó con enviar a la CECOT a las personas que fuesen detenidas por atacar coches Tesla en protesta contra Musk y el nuevo Gobierno. “Espero ver a los malhechores terroristas enfermos recibir condenas de 20 años de prisión, por lo que están haciendo a Elon Musk y a Tesla. ¡Quizás podrían cumplirlas en las cárceles de El Salvador, que se han hecho tan famosas últimamente por sus condiciones tan agradables!”, escribió.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el pasado septiembre un informe sobre el estado de excepción en El Salvador en el que relataba toda una serie de acciones en el sistema penitenciario, incluidas detenciones sistemáticas sin pruebas en celdas llenas a rebosar sin agua ni comida.

De entre todos los líderes reaccionarios que cortejan a Trump, Bukele ha sabido ganarse un lugar destacado. La buena sintonía entre ambos mandatarios responde a esa admiración que siente el presidente estadounidense por los líderes autoritarios que aplican mano dura. La manera en que Bukele ha combatido el crimen en su país no es lo único que parece inspirar al gobierno Trump. 

Elon Musk, uno de los principales aliados de Trump, ha citado en diversas ocasiones la presidencia de Bukele como un modelo a replicar en Estados Unidos. En varias publicaciones en X, en las que Bukele respondió a Musk dándole la razón, el multimillonario defendía lo siguiente: “La única manera de restaurar el gobierno del pueblo en Estados Unidos es destituir a los jueces. Nadie está por encima de la ley, incluidos los jueces. Esto fue lo que hizo falta para arreglar El Salvador. Lo mismo se aplica a Estados Unidos.”

En El Salvador, Bukele logró que en 2021 el parlamento —controlado por su partido— destituyera a los jueces del Tribunal Constitucional, la más alta instancia judicial del país. Ya entonces saltaron las alarmas en un país que caía en el abismo del autoritarismo. Justo el martes pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la 32ª prórroga del régimen de excepción. La normativa, que suspende algunos derechos y garantías constitucionales, ha permitido, de acuerdo con las autoridades, la detención de más de 83.000 personas y que se hayan registrado más de 633 días ―no consecutivos― sin homicidios.

Pese a la reducción de homicidios, organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han pedido, sin éxito, la derogación del régimen de excepción por considerar que permite violaciones de los derechos humanos y el arresto de personas inocentes.