La ‘broma’ de Vox en Lorca para mantener la medalla de honor a Franco, con ayuda del PP: “Es una humillación a las víctimas”

Durante la Guerra Civil española, Ginés Balsalobre Clemente, natural de Lorca (Región de Murcia), maestro de escuela, casado y con cuatro hijos, no tomó parte en más crimen que el de ser leal al Gobierno democrático de la República. Sin pesar sobre él ninguna acusación de delito de sangre –así se reconoce en el sumario de su juicio–, en 1939 un consejo de guerra le condenó a dos penas de muerte. Sus verdugos solo pudieron ejecutar una.

El dictador Francisco Franco nunca estuvo en Lorca, pero su larga sombra planeó sobre la existencia de cientos de republicanos lorquinos: unos, como Ginés, condenados al paredón en el cementerio local de San Clemente; otros, a años de presidio y esclavitud en batallones de trabajadores penados, en los que algunos murieron por extenuación; 40 más, refugiados de la dictadura, terminaron en los campos nazis de exterminio de Gusen, Mauthausen, Hartheim, Dachau y Ravensbrück, según reza en los fondos documentales del Archivo de la Región de Murcia.

En el año en que se conmemora el 50º aniversario de la muerte de Franco, pese a la aprobación de leyes en España para el reconocimiento, la reparación y la dignificación de la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la guerra y la posterior dictadura; y pese a la obligación de desterrar cualquier forma de exaltación del franquismo en el espacio público, algunos ayuntamientos, como el de Lorca, se empeñan en mantener en vigor los honores que le concedieron al dictador en su día.

¿La justificación? Según el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, del Partido Popular, se trata de un debate “estéril” ya superado por la Transición y solo alimentado por quienes “no desean pasar página” y únicamente cuentan “una parte de la historia”.

Archivo | El que fuera alcalde de Lorca, Lucas Guirao, hace una reverencia a Franco durante el acto de entrega de la Medalla de Oro de la ciudad

Obvia el alcalde que la lucha por la memoria histórica en España ha trascendido de marcos generacionales y genealógicos, hasta generar un movimiento social con presencia en todas las comunidades autónomas del país. Según cifras oficiales, los cuerpos de 114.226 víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista continúan desaparecidos a día de hoy. La mayoría, enterrados en fosas comunes de las que solo se han localizado 2.615. De estas, únicamente 531 han sido exhumadas total o parcialmente. Las otras 1.049 permanecen sin intervenir.

Los argumentos de Gil los suscribe también su socia en el Gobierno local, Carmen Menduiña, primera teniente de alcalde y portavoz de Vox, quien ha añadido que el Pleno del Ayuntamiento “no está para tratar asuntos que nada tienen que ver con los intereses de los lorquinos”.

Paradójicamente, en los últimos meses, a instancias de esos dos grupos municipales, esa misma cámara ha sido utilizada para debatir mociones políticas sobre asuntos tan poco locales como el rechazo a la delegación a Catalunya de la gestión de las competencias en materia de inmigración o la reprobación al presidente del Gobierno por “su intención manifiesta de quebrantar la Constitución Española elaborando una ley de amnistía en beneficio de sus socios políticos”.

Dieciocho años de incumplimiento de las leyes de memoria

Desde 2007, el nieto de Ginés Balsalobre, Florencio Dimas, delegado en la Región de Murcia de la Asociación Archivo Guerra Civil y Exilio (AGE), ha liderado múltiples iniciativas para que el Ayuntamiento de Lorca retire la Medalla de Oro concedida en 1962 al dictador Francisco Franco y que le fue entregada personalmente por el entonces alcalde, Lucas Guirao, tres años más tarde.

Floren Dimas, delegado en la Región de Murcia de AGE, mostrando una de las peticiones para la retirada de honores a Franco.

A lo largo de este tiempo, Dimas ha presentado hasta seis solicitudes formales para que el consistorio aplicase, primero, la Ley de Memoria Histórica de España de 2007, y posteriormente, la Ley de Memoria Democrática de 2022, que obliga a las administraciones públicas a retirar los reconocimientos que exalten la dictadura franquista.

La norma es clara. Su artículo 40 establece que estas adoptarán las medidas oportunas para revisar de oficio o retirar la concesión de reconocimientos, honores y distinciones que resulten manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales, que comporten exaltación o enaltecimiento de la sublevación militar, la guerra o la dictadura o que hubieran sido concedidas con motivo de haber formado parte del aparato de represión del régimen totalitario de Franco. Una revocación que la norma prevé que pueda hacerse a título póstumo.

Sin embargo, tras 18 años exigiendo que se cumpla la ley, el Ayuntamiento de Lorca aún no ha revocado oficialmente la Medalla de Oro concedida al dictador.

Una medalla de chocolate para mofarse de las víctimas del franquismo

Hasta ahora, las iniciativas de AGE se habían estrellado siempre contra un inexplicable silencio administrativo. Ese que mira para otro lado, deja los brazos muertos e ignora la solicitud del contribuyente, metiéndola en un cajón para dejarla acumulando polvo y durmiendo el sueño de los justos.

Por eso, Dimas cambió de estrategia y en su penúltimo intento porque su ayuntamiento se someta a la legalidad, decidió que su petición fuera debatida directamente en el Pleno municipal, el órgano competente para retirar esa distinción.

A pesar de estar considerado un municipio de gran población, la cámara de representación política del Ayuntamiento de Lorca no cuenta con un reglamento propio que regule su funcionamiento, así que las sesiones se rigen por una norma estatal del año 1986, que no permite que los ciudadanos puedan exponer directamente sus iniciativas.

La petición de Dimas tuvo que cursarse en forma de moción defendida por el portavoz y único concejal de la coalición formada por Izquierda Unida, Podemos y Alianza Verde, Pedro Sosa. Se debatió en la sesión ordinaria del Pleno celebrada el pasado marzo.

Archivo | Celebración del Pleno municipal.

Durante una de sus intervenciones, la portavoz de Vox, a grito pelado y con un semblante dominado por la furia, sacó de un sobre una moneda de chocolate prendida de una cinta con los colores de la bandera de España: “Usted se va de aquí hoy con una medalla”, le espetó al edil de la coalición de izquierdas, ante el regocijo de los otros tres concejales de su partido, la mayoría de los del PP y la sonora carcajada del interventor municipal.

Florencio Dimas, que asistió a la sesión desde la zona reservada al público, explicó a elDiario.es Región de Murcia que no se le va de la cabeza la “sorna cruel” con la que la portavoz de Vox y el propio alcalde “se mofaban de una iniciativa que busca cumplir la ley y defender los legítimos derechos de los represaliados por el franquismo”.

Para el representante de AGE, que “la memoria de un criminal de guerra y autor de delitos de lesa humanidad” siga detentando la máxima distinción local, “es una humillación para las familias de las víctimas”.

Una concesión nula de pleno derecho

El debate dio aún para más. Como cuando el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Diego José Mateos, quien acaba de abandonar la vida política, pidió la asistencia de la secretaria general del Pleno –entre cuyas funciones se encuentra el asesoramiento legal a los corporativos– acerca de si la vigente Ley de Memoria Democrática es de obligado cumplimiento para el Consistorio, extremo que confirmó.

La sorpresa saltó cuando la funcionaria añadió que, tras un estudio preliminar realizado por “curiosidad personal”, concluyó que la medalla a Franco se había otorgado prescindiendo del procedimiento establecido por la normativa de la época.

Y es que, aunque la distinción se entregó en el año 1965, el acuerdo para su concesión se adoptó en un Pleno municipal celebrado en 1962, sin cumplir con los pertinentes requisitos. Según la secretaria, el artículo 305 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales vigente entonces, establecía que, con carácter previo al otorgamiento de honores y distinciones por parte de una corporación municipal, esta debía aprobar en el Pleno un reglamento especial y específico acerca de esta cuestión, que debería exponerse al público y, posteriormente, ser publicado por el Ministerio de la Gobernación.

En este caso, este departamento, “aprobó el reglamento para la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad de Lorca a Franco el 7 de enero 1963, un año después de que el Pleno de la corporación ya hubiese acordado su otorgamiento”, aseguró la funcionaria.

Así, el Ayuntamiento de Lorca tiene dos vías para revocar la medalla a Franco. La primera de ellas es seguir el ejemplo de otro municipio murciano, el de Mula, cuyo consistorio retiró este febrero la misma distinción, otorgada al dictador también en 1962. Se ha conseguido después de que en noviembre del año pasado se aprobara en el Pleno una moción presentada por el concejal de Izquierda Unida, Antonio Moreno, que contó con el apoyo de los ediles del PSOE. Los de PP y VOX se abstuvieron “porque si votaban en contra estaban votando en contra de la ley”, subraya Moreno.

Sin embargo, sus correligionarios en Lorca parecen haberse declarado en rebeldía y se mantienen en el incumplimiento de la norma.

La otra opción, sería iniciar de oficio la revisión del procedimiento para la concesión de la mellada y declararlo nulo de pleno derecho al no estar sometido a la normativa vigente en 1962.

“Si cualquier ciudadano o cualquier entidad puede solicitar el inicio de este procedimiento por la vía administrativa, eso es lo que tienen que hacer”, ha declarado Gil, dejando en manos de ciudadanos o asociaciones lo que es una obligación del ayuntamiento como administración pública y, particularmente, iniciativa suya como regidor.

Judicialización del incumplimiento de la ley

Si el Ayuntamiento de Lorca persiste en su decisión de no revocarla distinción, podría ser sancionado con una multa por importe de hasta 150.000 euros, siendo responsable solidario del pago “quien haya ordenado la realización de las acciones u omisiones constitutivas de infracción”, conforme a lo previsto en la Ley.

De momento, AGE está a la espera de que se le facilite un informe de la secretaría general de Pleno sobre el asunto antes de poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía.

La asociación memorialista también iniciará acciones legales contra la portavoz de Vox por hacer apología de Franco, al que se refirió como “Caudillo” y “Generalísimo”, durante la celebración del Pleno –un acto público– y ensalzar su figura.

Menduiña atribuyó al dictador la construcción de pantanos y “más de cuatro millones de viviendas sociales” (el Estado franquista solo construyó 370.000), la creación de la Seguridad Social (cuyo germen se sitúa en el año 1883), el subsidio familiar, el seguro obligatorio de la vejez e invalidez (ya existía un Retiro Obrero en 1919), la ley de accidentes de trabajo (la primera se aprobó en 1900), la red nacional de ferrocarriles (la dictadura empleó a miles de prisioneros de guerra y presos republicanos para reparar y tender kilómetros del trazado ferroviario), la ONCE, grandes hospitales (un total de siete centros clínicos de más de quinientas camas, frente a los 74 levantados en democracia), las universidades laborales (impregnadas del proyecto político e ideológico de la Falange Española), la Formación Profesional (ya existía en el siglo XIX adscrita a la Dirección General de Instrucción Pública) y las pagas extras de junio y diciembre (de las que no contó que se idearon para compensar el alza de los precios y el encarecimiento generalizado del nivel de vida de los españoles en aquella época).

“Por fortuna, esa entusiasta exaltación del catálogo de la mitología franquista ha quedado registrada en una grabación de vídeo institucional, que aportaremos como prueba testimonial e irrebatible del alcance punible de sus manifestaciones”, advierte Dimas, quien considera que la diatriba de Menduiña vulnera el artículo 38.1 de la Ley de Memoria Democrática, pero, sobre todo, “inflige un doloroso desprecio hacia las víctimas”.