La investigación de las oposiciones de Policía salpica a Catalá: la jueza multa a la alcaldesa de València por obstruir la causa
El juzgado de lo contencioso impone una sanción de mil euros a la líder del PP y acusa al consistorio de vulnerar derechos de los comisarios que demandaron al jefe de Policía Local por beneficiar en unas pruebas a mandos afines
La policía de Valencia admite que puso las notas antes de recibir los trabajos de los comisarios en las pruebas impugnadas
La investigación de las pruebas de mejora de la Policía Local de València, que apunta a irregularidades por parte de un tribunal encabezado por el jefe del cuerpo, José Vicente Herrera, salpica ahora a la alcaldesa y dirigente del PP local, María José Catalá. El juzgado de lo contencioso número 5 de Valencia, que aborda la posible infracción administrativa en unas oposiciones también investigadas por amaño, sanciona a la responsable del consistorio por obstruir el proceso que lleva más de un año abierto y que afecta a la cúpula del cuerpo, con el jefe en el foco.
Desde febrero de 2024 el juzgado ha reclamado al Ayuntamiento de Valencia los expedientes de los exámenes por la denuncia de dos comisarios, además de las valoraciones y los trabajos en los que los comisarios se apoyaron para realizar las pruebas orales, y ha realizado constantes apercibimientos a la Administración para que aporte una documentación clave. En paralelo, y en base a los primeros documentos presentados por el Ayuntamiento, los mismos comisarios que denunciaron en el contencioso interpusieron dos querellas en dos juzgados de instrucción, acusando al jefe de Policía y otros dos mandos de cuatro delitos para beneficiar a comisarios afines y situarlos en lo alto de la cúpula.
En el escrito que comunica la sanción, fechado este 16 de abril, la jueza recuerda que ha transcurrido más de un año desde la interposición del recurso de los comisarios “sin que se haya podido continuar el procedimiento por la falta de presentación del expediente administrativo” por parte del consistorio, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. La magistrada afea una “conducta especialmente reprochable” del Ayuntamiento, ya que, “con la misma, impiden la continuación del presente procedimiento, vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva” de los comisarios que denunciaron las pruebas y los actos administrativos parejos a ellas.
La jueza le impone a la dirigente del PP de Valencia, como responsable de la Administración pública, una multa de mil euros. “Se ha de determinar que la responsabilidad de la Administración demandada se individualizaba la persona responsable, el Alcalde del Ayuntamiento de Valencia, en cuanto órgano que representa al consistorio, resulta ajustado a Derecho, y proporcionado a las circunstancias del caso concreto, especialmente la excesiva dilación producida”, prosigue el escrito.
Un año dilatando el proceso con cambios de versión
El pasado marzo, el juzgado que investiga la validez de los ascensos abrió una pieza separada para imponer sanciones al Ayuntamiento por no aportar los expedientes completos de la evaluación. El contencioso 5 de Valencia, que lleva un año pidiendo la documentación sobre los trabajos evaluados, volvió a reclamar al consistorio la remisión de los registros que acreditasen el depósito de las presentaciones de los comisarios y anunció multas de hasta 1.200 euros para el funcionario responsable de no haberlas enviado. Jefatura señaló a un agente como responsable de esta omisión, y, cuando se le comunicó la sanción, presentó un escrito de alegaciones apuntando que este no tenía responsabilidad sobre el expediente, que se tramita en otra unidad administrativa, y por ello no podía cumplir con el requerimiento, aunque sí asume un retraso en las comunicaciones.
El Ayuntamiento de València no aportó los registros de solicitud y entrega de los trabajos hasta el 7 de abril, el primer día hábil después de que los dos comisarios que han denunciado este proceso interno presentaran un escrito en el juzgado acusando al jefe de Policía de un delito de obstrucción a la justicia. La Policía Local y los servicios municipales han venido realizando un vacile constante a los requerimientos judiciales, respondiendo a las solicitudes sin adjuntar la documentación, o adjuntándola de manera incompleta.
Remitida esta documentación por los servicios jurídicos de la Policía Local, más de un año después, se aprecia que el tribunal encabezado por Herrera puso las notas sin tener en mano todos los trabajos de los aspirantes, pese a que en el acta de la comisión de valoración se indica que sí se habían depositado estos trabajos. Además, se desprende un trato de favor al comisario que mejor puntuación obtuvo en la prueba, que deposita su trabajo presencialmente -sin aportar registros- y no a través del correo electrónico como los siete restantes.
Dos investigaciones por amaño
Cuatro mandos de la Policía Local pidieron la impugnación de las pruebas de mejora de la cúpula en 2023, un proceso de ascenso temporal para cubrir necesidades del cuerpo, al observar irregularidades. Las pruebas de mejora ya fueron recurridas en 2021 y, como consecuencia de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Valenciano, tuvieron que ser repetidas en 2023.
Ignorados por el Ayuntamiento, que desestimó la última petición formal de los aspirantes respecto al examen, dos de estos comisarios recurrieron en el juzgado de lo contencioso el acto administrativo que rechazaba la impugnación. Ya se advirtió en ese momento que el Gobierno local no podía dar carpetazo al recurso de los mandos, que después acudieron a los tribunales.
Con las pruebas obtenidas en la primera remesa de documentación, los comisarios presentaron dos querellas contra el jefe y otros dos mandos que formaban parte del tribunal que los examinó, un proceso que sigue de cerca la Fiscalía Anticorrupción. Un análisis de metadatos admitido por el juzgado indica que las actas de evaluación se realizaron después de que los comisarios pidieran la revisión -y no en el momento del examen, como se fechan- y que el documento se creó desde el ordenador del comisario que obtuvo la mejor nota, modificado después por un miembro del tribunal.
Jubilación forzosa del jefe
En medio de la vorágine judicial, José Vicente Herrera solicitó la prórroga de su edad de jubilación para permanecer dos años más al frente del cuerpo policial. A su vez, el Ayuntamiento aborda la oposición definitiva para cubrir tres plazas del primer escalón del cuerpo, recurridas por Comisiones Obreras y uno de los aspirantes. Este jueves, en la Junta de Gobierno Local, el Ayuntamiento le ha denegado la prórroga al hombre de máxima confianza de la alcaldesa, que la ha salpicado con la guerra abierta en la cúpula. El consistorio ha decretado la jubilación forzosa del jefe, que dejará de trabajar el próximo 28 de abril. Para entonces, Catalá tendrá que haber designado un sucesor que se haga cargo de un cuerpo con los mandos divididos.
