La Generalitat Valenciana solo ha construido 187 viviendas públicas de más de 2.000 comprometidas con el Gobierno central

El Gobierno valenciano tiene más de una cuarta parte de las viviendas públicas comprometidas con fondos estatales aun sin licitar. El Ejecutivo autonómico y el Ministerio de Vivienda han venido suscribiendo acuerdos desde 2022, en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, para la construcción de 2.184 viviendas cofinanciadas entre ambas administraciones, con un montante de 98 millones de euros, de las que apenas se ha materializado una promoción. Se trata de las 184 viviendas de la pedanía de La Torre, en València, que además tuvieron que ser reparadas a consecuencia de la DANA.

El Ejecutivo que dirige Carlos Mazón, que hizo de la vivienda pública un pilar de promoción en la legislatura, tiene pendiente la construcción de un millar de viviendas, como ya avanzó elDiario.es con información procedente de una respuesta parlamentaria. Mazón se comprometió a construir en esta legislatura 10.000 nuevos inmuebles en la Comunitat Valenciana, reciclando el plan de vivienda del anterior Ejecutivo. Al margen de estas 1.200 viviendas, que ya quedaron adjudicadas por el Ejecutivo del Pacto del Botánico, el Gobierno autonómico está teniendo un severo retraso en la adjudicación y licitación de las obras, con procesos que quedan desiertos. El pasado verano quedó sin cubrir un concurso de más de 700 viviendas sociales, aunque tras varias prórrogas la constructora Culmia logró la adjudicación de 169 inmuebles.

Según los datos consultados por elDiario.es, la Generalitat tiene aún 552 viviendas que han quedado desiertas en los procedimientos públicos, que implican la paralización de 25 millones de euros de ayudas estatales, y 152 viviendas sin licitar. De 32 millones de euros que quedan sin ejecutar del plan de vivienda, 25 dependen de la Generalitat Valenciana. Las promociones desiertas son en las que los promotores privados participaban.

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, junto a la ministra de Vivienda, Raquel Sánchez.

Los acuerdos suscritos en el último lustro con el Ministerio de Vivienda implican la edificación de inmuebles destinados a alquiler social, aquel al que optan los colectivos más vulnerables. Se trata de acciones clave para paliar la crisis de acceso a la vivienda, en un contexto en el que los precios y la presión demográfica no dejan de subir. En concreto, las viviendas que no han logrado cobertura se sitúan en parcelas públicas en las localidades de Jávea, Villajoyosa, Castelló de la Plana, Benifaió, El Puig de Santa Maria, Sagunto y València; municipios con una elevada presión sobre los precios.

En paralelo, el Ayuntamiento de València ha tenido que devolver una subvención vinculada al Plan Estatal de Vivienda, de casi medio millón de euros, por no ejecutarla. En 2023 el consistorio recibió 1,6 millones de euros de la Generalitat Valenciana, procedentes del Gobierno central, proporcionar soluciones habitacionales inmediatas a colectivos vulnerables como víctimas de violencia de género, personas desahuciadas de su vivienda habitual o personas sin hogar. El Ayuntamiento tendrá que devolver 469.448 euros por no haber justificado la ejecución de parte de la ayuda.