La Intervención de la Comunidad de Madrid investiga el centro a distancia impulsado por Ayuso dentro del ‘Caso FP’

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inauguró el 6 de febrero de 2021 su centro educativo estrella tras la pandemia. El virus había impulsado la manera telemática de relacionarse y su Gobierno ideó hacer un centro de Formación Profesional a Distancia que fuera un referente en la Región, como parte de las 30 medidas estrella postpandemia que presentó en mayo de 2020. Se utilizarían las instalaciones de un antiguo instituto en Alcorcón, pero había que rehacer de arriba a abajo ese centro para ponerlo en marcha. Sería, como anunció Ayuso, “pionero en España y referencia de la educación online en nuestro país”, un ‘hub’ de primer nivel tecnológico y “climáticamente neutro”, como desde la Puerta del Sol. Cuatro años después de su inauguración, el Ellacuría está siendo investigado por la Intervención de la Comunidad de Madrid –los técnicos que se encargan de hacer el control financiero de las cuentas de la Comunidad– como una de las posibles obras fraccionadas, contratadas a dedo en el caso FP, un escándalo de adjudicaciones irregulares que está siendo investigado en un juzgado de instrucción de Madrid y que afecta al menos a una decena de centros públicos.

La obra del Ellacuría se hizo en un tiempo récord, poco más de nueve meses, y costó más de medio millón de euros inicialmente, aunque personas conocedoras del proyecto aseguran que la factura asciende a mucho más. En lugar de sacar la remodelación a concurso tal y como obliga la ley, el Gobierno de Ayuso rehizo el instituto fraccionando y parcheando contratos menores, como adelantó elDiario.es. Pintura por un sitio, ventanas por otro, suelos por otro… Todo a dedo y con el objetivo de que cada uno de los contratos no sobrepasaran los 40.000 euros, el límite del contrato menor que obliga a sacar una obra a concurso. El dinero salió de otros institutos, a los se pidió que recogieran financiación en sus cuentas y luego pagaran esta obra, como confirmó a este medio una de las directoras a quienes se le hizo la petición desde Educación. La manera legal de hacerlo era licitar la obra desde el departamento de Infraestructuras que tiene la Consejería, entonces en manos de Enrique Ossorio (hoy presidente de la Asamblea de Madrid) y su viceconsejera de referencia, Rocío Albert, hoy consejera de Hacienda del Gobierno de Ayuso. Al final se optó por este sistema ilegal que ha derivado en una investigación donde se persiguen delitos de prevaricación en quienes lo ampararon.

Según una respuesta oficial de Transparencia, “durante los últimos meses se ha realizado una investigación interna en relación con la contratación de obras en edificios de Formación Profesional durante los años 2020 y 2021” y el centro de Alcorcón es uno para los que se ha pedido una auditoría a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, como se indica en ese escrito para justificar que no se puede aportar más información, al estar el caso inmerso en una investigación administrativa.

Paralelamente, la Consejería de Educación, hoy en manos de Emilio Viciana y la que envió el primer caso conocido a Fiscalía, ha informado de que ha aportado a la jueza de instrucción “las posibles irregularidades detectadas en la gestión económica y contractual de obras realizadas en cinco centros públicos de Formación Profesional”, aunque no ha especificado cuáles son ni si coinciden con algunos de los casos desvelados por elDiario.es, que ha preguntado a esas mismas fuentes si el Ignacio Ellacuría es una de esas irregularidades enviadas a la jueza. De momento, esta redacción no ha obtenido respuesta.

El caso FP saltó a la luz cuando un empresario que construyó un centro sanitario en el complejo educativo Ciudad Escolar por 2,5 millones de euros empezó a denunciar impagos en 2023. A la vista de que no atendían sus peticiones, empezó a enviar burofaxes a la Dirección General, al consejero de Educación e incluso se reunió con un asesor de la presidenta. Viciana ordenó una investigación, expedientó a dos directores del instituto y cesó a un subdirector de FP en 2024 como posible orquestador de estas prácticas, además de enviar el caso a la Fiscalía. El ministerio público vio en su informe una “grosera y palmaria omisión” de los procedimientos en la Comunidad de Madrid. A partir de ese caso, elDiario.es ha ido desvelando otros, hasta alcanzar una decena los edificios reformados o construidos mediante el fraccionamiento de facturas y las asignaciones a dedo de los contratos.

El juzgado de instrucción 39, que ha abierto la causa tras una denuncia de Podemos que recoge la investigación de elDiario.es, y está tomando declaración a testigos, investigados, además de pedir expedientes para dilucidar quién organizó este sistema de fraccionamiento, quién lo sabía y por qué se saltó la legalidad en todas estas obras. Aunque desde Educación se ha apuntado a funcionarios y a un subdirector de FP, Alfonso Mateos, las prácticas son generalizadas en todas las zonas de Madrid (cada una tiene un director general distinto) e incluso han saltado a centros de Innovación, que nada tienen que ver con la FP, como el centro para el profesorado Las Acacias de Vista Alegre.

Mateos, que declaró hace unos días ante la jueza, se considera un “chivo expiatorio” y explicó que se mandaba dinero a los centros como “gastos extraordinarios” que muchos utilizaron para hacer obras, algo irregular. Reiteró que no era su responsabilidad y apuntó hacia los directores generales de las áreas territoriales (DAT) como responsables de reformas y controles de cuentas, además de especificar que el propio consejero, entonces Enrique Ossorio, era quien firmaba los informes de necesidad para que se pudiera enviar el dinero a los institutos. En otras palabras, que nada de esto pudo hacerse sin el conocimiento de altos cargos del Gobierno de Ayuso.