Un padre y su hijo defendían los bosques en Honduras y acabaron asesinados: “Creían acabar con la lucha contra la tala”

Sobre las 18:00 horas del miércoles 26 de febrero, Ana Luiza Hernández Raudelez vio cómo su pareja, Juan Bautista Silva, de 70 años, recibía una llamada telefónica. Silva, defensor de la tierra que llevaba más de 20 años trabajando en la defensa del medio ambiente local, se preparaba para salir con su motocicleta a fotografiar talas ilegales cerca de Las Botijas, en Comayagua, el centro de Honduras, con el objetivo de que las imágenes pudieran apoyar una denuncia ante la Fiscalía.

Cuando estaba a punto de partir, Ana le sugirió que el hijo de ambos, Juan Antonio Silva, de 20 años, fuera con él, ya que su nuevo teléfono móvil hacía mejores fotos.

Padre e hijo calcularon que estarían de vuelta a las 20:00 horas. A medianoche, su familia, preocupada, llamó a las autoridades, que activaron la búsqueda. Al día siguiente, los encontraron muertos bajo un acantilado cercano a Las Botijas.

Uno de los hijos de Silva descubrió las partes de los cuerpos, que habían sido desmembrados con motosierras, y sus restos abandonados al pie del acantilado. Algunas partes no han sido encontradas.

Sus muertes son un nuevo recordatorio de la feroz violencia a la que se enfrentan los defensores de la naturaleza en Honduras, que en 2023 se convirtió en el país con el mayor número de defensores asesinados per cápita del mundo.

“Seguiremos luchando”

Selvin David Ventura Hernández, uno de los hijos de Juan, cree que la llamada telefónica, desde un número desconocido, es el punto de partida para explicar las desgarradoras muertes. La familia sospecha que la persona que hizo la llamada se hizo pasar por las autoridades. “Mi padre no le dio importancia”, dice Ventura. “En ese momento, ninguno de nosotros se la dio”.

Ahora, la familia vive con miedo. Rara vez salen a la calle y están sopesando mudarse. “Mataron a mi padre y creyeron que así ponían fin a la lucha contra la tala de árboles en la región. Y lo consiguieron; ninguno de nosotros seguirá sus pasos”, afirma Ventura. “Pero lo que no esperaban es que exigiéramos justicia. Ahora están esperando que esto se calme y que nuestro sistema judicial nos falle. Pero seguiremos luchando”.

Selvin Silva llora en el lugar donde fueron asesinados su padre, Juan Bautista Silva, y su hermano, Antonio Silva.

La familia de Silva afirma que el defensor del medioambiente ya había sido agredido con un machete en marzo de 2020, lo que le causó graves lesiones en el brazo derecho y seis días de hospitalización. También aseguran que acudió repetidamente a la fiscalía para denunciar la tala ilegal, pero rara vez se tomaron medidas.

Tras los asesinatos, el Instituto Hondureño para la Conservación de los Bosques (ICF) emitió un comunicado en el que condenó los “actos violentos” y calificó de “trágica” la muerte de los dos hombres. También pidió que se abriera una investigación y se proteja a “quienes denuncian delitos ambientales en defensa del medio ambiente”.

Asesinatos y desapariciones forzadas

En 2023, la ONG Global Witness registró un total de 196 asesinatos y desapariciones forzadas de defensores de la tierra en todo el mundo. Honduras, empatado con México, fue el tercer país con mayor número de muertes violentas de defensores de la tierra (18), por detrás de Brasil (25) y Colombia (79), lo que convierte a Honduras en el país más peligroso en relación con el número de habitantes.

La investigación también muestra que, entre 2012 y 2022, al menos 131 defensores de la tierra y del medio ambiente fueron asesinados en el país centroamericano. Más de la mitad (70) se han cometido desde 2016.

Manifestantes sostienen pancartas con la imagen del exdirector de la empresa energética Desa Castillo mientras esperan el veredicto en el caso del asesinato de la activista ambiental hondureña Berta Cáceres. Honduras, 2016

Laura Furones, asesora principal de Global Witness, afirma que Honduras aparece “con bastante regularidad” como un “país preocupante” para los derechos de los defensores de la tierra. Entre los factores detrás de la alta tasa de violencia contra estas personas, explica, está la presencia de recursos naturales, que pueden ser explotados con fines agrícolas o intereses corporativos. Furones también afirma que Honduras alberga una sociedad civil “bastante activa”, incluidos grupos de activistas indígenas. En algunos casos, afirma, “intentar adoptar una postura y proteger esas tierras y recursos, puede desembocar en violencia”. Según la experta, los activistas que “se interponen en el camino de estos intereses corporativos” también corren el riesgo de ser atacados.

Impunidad

Las cifras de Global Witness coinciden con las registradas por las autoridades locales. A finales de febrero, la Comisión de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH) señaló que desde 2022, 35 defensores de la tierra han sido objeto de muertes violentas en el país.

Frank Cruz, coordinador de la Defensoría del Pueblo Indígena y Afrohondureño de CONADEH, asegura que casos como la muerte de Silva y su hijo disuadirán aún más a los defensores de la tierra de denunciar delitos ambientales. “El mensaje que se envía es: ‘no denuncies, porque si denuncias, te matarán”, lamenta.

Cruz cree que son varias las razones por las que muchos hondureños deciden no denunciar los delitos medioambientales. Dice que el Estado “no tiene capacidad suficiente” para responder a las denuncias, mientras que algunas personas que viven en territorios remotos “no conocen sus derechos” y desconocen la protección a la que tienen derecho. Otros, según Cruz, se han enfrentado a amenazas de violencia. Según él, la impunidad está contribuyendo a la normalización de la violencia contra los defensores de la tierra en Honduras.

“Si los agresores o autores de estos delitos, muertes y actos de violencia supieran que van a ser investigados, acusados y procesados por los órganos del Estado, no cometerían estos delitos”, dice Cruz, y añade que el Gobierno debe aplicar medidas a medio y largo plazo para “recuperar la confianza” de estas comunidades. “Cuanta menos impunidad haya, menos normalización. Cuanta más persecución haya, más sensibilización”, concluye.

Mauro Lara, coordinador de desarrollo forestal comunitario del ICF, trabajó con Juan como parte de una cooperativa forestal. Según Lara, aunque nunca ha registrado formalmente ninguna amenaza en la región donde operaba Juan, es probable que los defensores de la tierra se hayan enfrentado a ellas. “En general, la gente tiene miedo de enfrentarse a los madereros o de hablar de ellos. En la región se les teme”, dice.

De Berta Cáceres a Juan López

El país se ha enfrentado anteriormente a condenas por su gestión de los asesinatos de defensores de la tierra, del territorio, de los pueblos originarios y del medioambiente. En abril de 2009, la Corte Interamericana condenó a Honduras por la muerte de Blanca Jeannette Kawas Fernández, activista medioambiental asesinada a tiros en febrero de 1995. Kawas se había opuesto públicamente a la tala ilegal y a los proyectos empresariales que se iban a llevar a cabo en la península de Punta Sal, en la costa norte. El tribunal consideró que al menos un agente del Estado estuvo implicado en su muerte.

En marzo de 2016, la activista medioambiental Berta Cáceres fue asesinada a tiros, lo que desencadenó violentos enfrentamientos. Antes de su muerte, Cáceres había participado en iniciativas para impedir la construcción de una presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, considerado sagrado por la comunidad indígena lenca. Cáceres, galardonada con el premio Goldman de Medio Ambiente en 2015, llevaba tiempo sufriendo amenazas y fue asesinada por sicarios.

Berta Cáceres, líder indígena y activista medioambiental asesinada en 2016.

El asesinato de Juan López –activista contra la minería, defensor del agua y líder religioso local– en septiembre de 2024 provocó la condena internacional, incluida la del entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el Papa Francisco. López regresaba en coche de la iglesia cuando un grupo de hombres le disparó. Desde 2018, había estado abogando contra un proyecto minero en el parque nacional Carlos Escaleras, llamado así en memoria de otro ecologista hondureño, asesinado en octubre de 1997.

Ha pasado más de un mes desde las muertes de Silva y su hijo Antonio. Por el momento, las autoridades no han detenido a ningún sospechoso. No ha habido novedades desde el 19 de marzo, cuando el comisario de policía Miguel Martínez declaró que el caso estaba “en manos de la fiscalía”, y afirmó que la investigación seguiría su curso. 

Traducción de Emma Reverter.