El fiscal del caso Palau y del 9-N dirigirá la nueva unidad contra la corrupción que rechaza la asociación conservadora

Emilio Sánchez Ulled, el fiscal anticorrupción que dirigió la acusación en el caso Palau y en el juicio por la consulta del 9-N, será el fiscal de sala coordinador de delitos contra la administración pública, una unidad de nueva creación que forma parte de uno de los compromisos del llamado Plan de Regeneración y cuya puesta en marcha rechaza la mayoritaria y conservadora Asociación de Fiscales. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha propuesto su nombramiento en una reunión del Consejo Fiscal, el órgano asesor del máximo representante del Ministerio Público, celebrada este martes. 

Se trata de un nuevo instrumento para hacer frente a los delitos que socavan el patrimonio público, pero bajo el que este colectivo abiertamente enfrentado al fiscal general ve una maniobra política para arrebatar investigaciones a la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón, un fiscal nombrado cuando el PP estaba en la Moncloa y al que García Ortiz renovó en su puesto. Este lunes, la asociación pidió al fiscal general que se apartara de esta designación al entender que ese nuevo cargo tendrá entre sus funciones fijar criterio sobre el delito de revelación de secretos por el que le investiga el Tribunal Supremo. 

Fuentes fiscales sostienen, sin embargo, que el objetivo es que el trabajo de esta unidad especializada discurra en paralelo al de la Fiscalía Anticorrupción, que sí tiene función jurisdiccional. Explican que estas unidades especializadas no llevan casos concretos y se encargan de coordinar la actuación del Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional en relación a algunos delitos concretos y unificar el criterio a seguir.

Estas fuentes explican que al frente de la representación del Ministerio Público en la causa contra el fiscal general seguirá estando la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde. Y recuerdan que García Ortiz se ha abstenido de intervenir en este caso desde que se abrió. Sánchez Ulled fue presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que estaba afiliado García Ortiz hasta ser nombrado fiscal general. 

Además, García Ortiz ha propuesto el nombramiento de Fernando Rodríguez Rey, también vinculado a la UPF, como fiscal de sala coordinador de delitos económicos. Se trata también de una plaza de reciente creación por parte del Gobierno. Rodríguez Rey ya ocupaba en la actualidad el puesto de fiscal de sala de delitos económicos, aunque no existía como tal una unidad para unificar criterios y coordinar a todos los fiscales, que es lo que se pretende hacer ahora. 

Por otro lado, la actual fiscal superior de Asturias y delegada de violencia de género en esta comunidad autónoma, María Eugenia Prendes, ha sido propuesta como fiscal de sala de violencia contra la mujer. Prendes era la única candidata a sustituir a Teresa Peramato, ascendida a jefa de una de las secciones de penal del Supremo. Además, el hasta ahora fiscal adscrito al fiscal de sala coordinador de seguridad vial Mario Jesús Sanz Fernández-Vega ha sido propuesto para ocupar la plaza de fiscal de sala de esta especialidad.