El Gobierno de Mazón obvió el alud de llamadas al 112 por la DANA mientras las tuiteaba en redes sociales

El día 29 de octubre, la tecnológica sala de L’Eliana donde se atiende el teléfono de Emergencias 112 y que gestiona el Gobierno de Mazón tenía en su centralita el material necesario para saber cuál era la magnitud de la tragedia. Por la mañana, llamadas desesperadas por inundaciones en pueblos de La Ribera. A mediodía, la gran pantalla led que preside el espacio marcaba como zona de catástrofe Utiel. A partir de las 16 horas, llamadas de auxilio y avisos de ciudadanos aterrorizados en el mortal recorrido del barranco del Poyo, empezando por Chiva hasta acabar en Catarroja. Así, hasta alcanzar más de 19.000 telefonadas que no fueron tomadas en cuenta en el Cecopi que se estaba celebrando, paralelamente, a 100 metros de distancia. De hecho, los avisos telefónicos y la riada del Poyo coinciden temporalmente en un macabro recorrido paralelo.

¿Qué pasó con toda esa información? El Gobierno de Mazón y la consellera responsable, Salomé Pradas, han mantenido que esas llamadas nunca se pusieron sobre la mesa del Cecopi, que nadie del 112 –un teléfono que gestiona una subcontrata de la Generalitat y que es responsabilidad autonómica– les informó del contenido ni de la cantidad de avisos. Pradas ha entregado además a la jueza que investiga las 228 muertes una foto de la sala que ella presidía para demostrarle que ahí no había ninguna pantalla con información y atornillar su versión de la falta de datos para enviar antes la alerta. Esas 19.000 llamadas son una clave política y judicial porque desmonta la tesis principal de Mazón, que se basa en que no tenían información sobre el barranco del Poyo por el supuesto apagón informativo de los organismos que dependen del Estado, especialmente de la Confederación Hidrográfica del Júcar que, aunque no informó de ese barranco en la reunión del Cecopi, enviaba cada cinco minutos las mediciones. La existencia de esos avisos telefónicos en poder de la propia Generalitat invalida la estrategia en la que se basa la supervivencia del president: desde un organismo autonómico sí se estaba recibiendo información de alerta de un barranco desbordado que se llevaba por delante, desde las 16 horas, gente, coches y casas y que la misma administración autonómica tenía la obligación de gestionar.

Pese a que el Consell ha querido mantener que no se le trasladó la información de las llamadas del 112 o que no había información suficiente, la propia cuenta de la Conselleria de Emergencias, la que dirige Pradas, tuiteó varias veces el número de llamadas que estaba recibiendo y poniendo en valor lo anómalo de la cantidad, mientras que su consellera ha negado conocer estas llamadas. ¿Es plausible que un community manager tenga acceso a una información que le es negada a la consellera del departamento?

Desde la mañana, la cuenta de Emergencias de la Generalitat ya estaba dando una información relevante de número de llamadas y avisos importantes, unos avisos que Mazón estuvo todo el día minimizando, con una agenda inmutable y en una comparecencia pasadas la 11.30 en la que habló de un temporal sin grandes incidencias y que acabaría por marcharse, supuestamente, “a la Serranía de Cuenca”. Sin embargo, a las 13.29 h, Emergencias informa en Twitter de que el 112 ha recibido más de 200 llamadas y de que “la mayor parte de los incidentes gestionados se deben a coches atrapados o viviendas inundadas en las que se necesita realizar achiques”.

La segunda y última vez que el departamento autonómico informa a los valencianos sobre las llamadas al 112 a través de la red social es a las 16.57 horas del día 29, tres minutos antes de que empezara el Cecopi y con decenas de muertos. En el tuit adjunta un vídeo de Utiel que no deja lugar a dudas de la magnitud de la riada por la parte del Magro. “Desde el inicio del #temporaldeLevante #Dana ayer hasta esta tarde se han recibido medio millar de llamadas al teléfono de emergencias 112”. Por el sumario judicial se sabe ahora que, dentro de esas 500 llamadas –que se dispararon a lo largo de la tarde y la noche hasta las 19.000– una de ella es desde Chiva, situada aguas arriba del barranco del Poyo, a las 16.40: “El agua está empezando a entrar en vivienda”. A las 16.41: “Se le está inundando la casa”. Poco después, a las 16.53, una casa de tres plantas de Chiva queda “inundada por la lluvia”. A las 17.20, la llamada advierte de que el agua va por la segunda planta.

¿Cómo es posible que una cuenta de una red social de una Conselleria esté informando en directo y en público de llamadas al 112, colgando vídeos del apocalipsis de esa tarde y dando datos de vehículos atrapados mientras la consellera y los mandos responsables en el Cecopi no reciben esa información y hablan de apagón informativo de unos datos que ellos mismos custodiaban y hacían públicos?

La postura de la exconsellera sigue firme, también en su declaración ante la jueza de Catarroja. Allí, además de admitir que no tenía conocimientos para gestionar catástrofes, insistió en que no llegó información al Cecopi sobre los miles de avisos: “Eso les correspondía a los técnicos de la sala [del 112] y a los técnicos de Emergencia”, declaró. Unas semanas antes se había desentendido en una carta en sus redes sociales de esos avisos, aduciendo que no eran su competencia cuando su propio departamento las aportó a la jueza de Catarroja que investiga las 228 muertes.

Su número dos durante la tragedia, Emilio Argüeso, coincidió en un primer momento con la versión de Pradas y dijo por escrito a la jueza que nadie del 112 dio esa información al Cecopi, que se reunía en el mismo complejo de edificios:  “El 112 no envió comunicación alguna al Cecopi, y ello pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte del Cecopi”, decía su abogado en el escrito enviado a la jueza el 18 de marzo. El viernes pasado, cuando declaró en los juzgados como investigado cambió su versión y aseguró que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, le dijo que “no había que tener en cuenta las llamadas al 112 porque de un único accidente de circulación pueden llamar cincuenta personas”, dando a entender que se conocían las llamadas, pero que no se tomaron en cuenta porque el volumen inusitado no tenía por qué corresponder a la magnitud de la tragedia, según este subdirector.

La teoría de que esas llamadas que tenía la Generalitat no se trasladaron a la Generalitat fue desmentida también por una trabajadora del 112 que compareció ante la jueza como testigo en la causa: “Le he explicado que es imposible que no se traslade la información que los trabajadores del teléfono 112 recabamos, que no llegue a los organismos que están dentro de los protocolos, porque todos utilizamos el mismo sistema de comunicaciones”, decía a los medios a su salida del juzgado.

Saber qué se hizo con esa información es clave porque abundaría en la tesis que la jueza explicó en uno de sus autos: que la información estaba por varias vías y que hubo una incomprensible ausencia de reacción en los mandos autonómicos, que acabaron por enviar un SMS  “tardío y erróneo” que no logró salvar a nadie ni dio a los afectados la oportunidad de ponerse a salvo.