El pulso entre Moreno y Puente deja en el aire la gratuidad del transporte público para un millón de jóvenes andaluces

El enésimo pulso entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía -esta vez por aclarar quién subvenciona la gratuidad del transporte público a los menores de 15 años- ha subido un peldaño en la escala de confrontación permanente entre ambas administraciones que, ahora, amenaza con pagar la población andaluza.

Al menos así lo ha trasladado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que este martes ha asumido en primera persona el forcejeo con el ministro de Transportes, Óscar Puente, tras comunicar por carta a su consejera de Fomento, Rocío Ruiz, que Andalucía no recibirá la financiación que ha solicitado para sufragar la gratuidad del transporte a los jóvenes mientras no especifique en sus canales de comunicación oficial que el dinero proviene del Gobierno central.

Moreno ha respondido que si el Ministerio de Transportes no lo paga, el Gobierno andaluz asumirá la medida con fondos propios. Ambos se han exigido este martes una rectificación -trufada de reproches altisonantes- y ambos han fijado sus posturas como un martillo sobre un clavo. No hay abierta ninguna línea de diálogo entre los dos departamentos responsables desde el encontronazo que provocó la carta a la Junta, la semana pasada, confirman desde ambos extremos.

Es un choque de órdagos entre dos dirigentes -o admites que yo pago, o te quedas sin dinero; o pagas a Andalucía, o te denuncio en los tribunales- que deja en el aire la gratuidad del transporte público para un millón de andaluces menores de 15 años, que debía entrar en vigor el próximo 1 de julio.

De momento, el anuncio del presidente Moreno de asumir la medida del Gobierno usando fondos propios de la Junta de Andalucía carece de memoria económica, cuerpo normativo o calendario. Se trata de una respuesta política envuelta en el discurso del agravio a una comunidad de 8,5 millones de habitantes -la más poblada- que el presidente de la Junta, en un giro hiperbólico, ha elevado hoy a nueve millones de personas.

La gratuidad del transporte a los menores andaluces no está presupuestada, porque depende de los datos de tráfico y abonos juveniles que la Consejería de Fomento debía remitir al Ministerio de Transportes, y ésta aún no tiene ni cifras ni proyecto propio para vehicular una medida diseñada por el Gobierno central en un Real Decreto, que el PP rechazó en primera votación y luego apoyó en la segunda ronda.

El Ministerio ha activado 355 millones para subvencionar todas las medidas que fomentan el uso del transporte público, desde la gratuidad para los menores de 15 años hasta descuentos del 40% para el resto de abonos durante el segundo semestre de 2025. Por una estimación de población, a Andalucía le correspondería en torno al 20%, unos 71 millones de euros, cantidad que la Junta estaría dispuesta a reprogramar en sus presupuestos -de en torno a 49.000 millones de euros-, según el anuncio del presidente.

La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta, Carolina España, tampoco ha aportado números al anuncio de Moreno, aunque sí ha dicho que “adelantarán” el dinero necesario, convencidos de que lo recuperarán en los tribunales. La Junta también amenaza a Puente con acudir a los juzgados para reclamarle la financiación de la gratuidad del transporte, aunque por ahora no hay nada que denunciar, porque el Ministerio aún no ha resuelto negativamente la solicitud de la Junta.

Aún hay plazo para negociar, aunque hoy por hoy todos los puentes parecen volados a conciencia. El encontronazo entre Puente y Moreno se ha inflamado en los últimos días, uno llamando “cuentista” al presidente andaluz, otro afeándole su “actitud chulesca”.

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno.

En realidad, Andalucía no ha perdido aún la financiación para la gratuidad del transporte, simplemente la ha solicitado al Ministerio y éste, antes de que expire el plazo de resolución, le ha advertido por carta de que esa resolución puede ser negativa, porque su consejera de Fomento ha incumplido la normativa que regula estas medidas.

Al anunciar la gratuidad para los jóvenes, durante un acto en Granada, Ruiz incumplió el Real Decreto que obliga a los gobiernos autonómicos acogidos al plan estatal a informar de que los fondos son estatales. La consejera no lo hizo en su anuncio y en la nota de prensa posterior que difundió su consejería, se menciona la participación estatal en las bonificaciones de otros abonos al transporte público -el 20%-, pero no que el Gobierno central sufraga íntegramente la gratuidad del transporte para los más jóvenes.

“Son tan irresponsables, que con tal de atribuirse una medida que no es suya, están dispuestos a dejar a los niños de su comunidad de la gratuidad del transporte público de 0 a 14 años”, ha respondido Puente este martes en el Senado, a preguntas del PP.

La carta ‘preventiva’ a Madrid y el “doble rasero” con Guipúzcoa

El mar de fondo en esta polémica es un forcejeo político entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las comunidades del PP, singularmente los dos grandes bastiones: Andalucía y Madrid. Los socialistas denuncian que los gobiernos regionales que pilotan sus rivales están capitalizando algunas de sus apuestas políticas sufragadas con fondos estatales (o europeos), a las que se acojen (las ayudas al transporte gratuito de titularidad autonómica son voluntarias) pero sin informar que la autoría es del Ejecutivo central, como establece el artículo 14 del Real Decreto de estas medidas al transporte.

A finales de marzo, el departamento de Puente también envió a la Comunidad de Madrid, que gobierna Isabel Díaz Ayuso, una carta de advertencia similar a la que la semana pasada remitió a la consejera andaluza de Fomento. Pero aquella fue una misiva preventiva, después de que el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, dependiente del Gobierno de Ayuso y de varios ayuntamientos, anunciara en su cuenta de X (antes Twitter) que “desde el 1 de julio ampliaría la gratuidad del abono infantil de los 7 a los 14 años”.

La diferencia es que la Junta de Andalucía recibió la carta de advertencia de Puente cuando ya había solicitado los fondos al Ministerio de Transporte, mientras que Madrid aún no había pedido formalmente el dinero cuando hizo su anuncio en las redes sociales. “En este departamento no se tiene constancia de la presentación de la citada solicitud por parte de tu comunidad autónoma, sin la cual no sería posible la concesión de ayuda alguna”, decía la carta del Ministerio, dando por hecho que el Ejecutivo de Ayuso contaba con el dinero del Estado para sufragar la gratuidad del transporte a sus jóvenes, aunque formalmente no lo habían pedido. Tampoco habían anunciado que fueran a abonarlo con fondos propios, como hizo Moreno este martes, casi como reacción de desafío ante las advertencias del ministro.

La Junta de Andalucía recibió el toque de atención de Puente cuando ya había dado ese paso de solicitar el dinero del Ministerio, pero la consejera de Fomento informó personalmente -y a través de una nota de prensa- de la gratuidad del transporte público para los jóvenes andaluces sin especificar que los fondos provenían del Gobierno central.

En puridad, incumplía los requisitos que el Real Decreto impone a las comunidades, ayuntamientos y entidades locales que quieran acogerse a esta medida. Sin embargo, también lo había incumplido la Diputación Foral de Guipúzcoa, gobernada por PNV y PSE, al atribuirse la autoría de la gratuidad del transporte para los menores vascos de 15 años.

La presidenta del órgano responsable de transportes públicos de Guipúzcoa y diputada socialista de Movilidad Sostenible, Azahara Domínguez, lo anunció en persona en su cuenta de Instagram -sin mencionar la financiación estatal- y tampoco lo hizo en la nota de prensa de la Autoridad Territorial de Transporte de Guipuzcoa (ATTG) que recogía la medida.

Algunos medios, como El Confidencial, han publicado este martes una comparativa tanto del anuncio de la gratuidad del transporte tanto en redes sociales como de las notas de prensa que emitieron los gobiernos andaluz y guipuzcoano, constatando la similitud de ambos casos. Horas después, la nota de prensa de ATTG, consultada por este periódico en su página web, ofrecía otra redacción, donde ya sí incluía explícitamente la financiación estatal de la medida, acorde con lo que exige la norma: “El gobierno de España se hará cargo de la gratuidad de las personas menores de entre 6 y 14 años, del 50% de las menores de 25 y del 20% del resto, mientras que las administraciones locales competentes asumirán el 20% restante”.

Moreno ha denunciado este “doble rasero” este martes, durante un coloquio organizado en Málaga por El Mundo, para denunciar la discriminación que sufre su comunidad por estar gobernada por el PP, frente al territorio vasco, donde el PNV es un socio fundamental del Ejecutivo de Sánchez, y con el que gobierna en coalición en Guipúzcoa. Preguntado por la diferencia entre el caso de Guipúzcoa y el andaluz, desde el Ministerio de Transportes no han dado ninguna explicación al respecto.

El Ejecutivo andaluz, con el presidente en cabeza, y el PP regional han convertido este asunto en el último casus belli contra el Gobierno de Sánchez, más concretamente contra su vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y, a la sazón, secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero. La portavoz de la Junta ha redirigido el tiro hacia ella, la rival de Moreno en las próximas elecciones andaluza, que el presidente ha fechado hoy en junio de 2026, “cuando tocan”, aunque los socialistas no descartan un adelanto el próximo otoño.