El Gobierno de Mazón adjudica otros 6,2 millones en un contrato de emergencia por la DANA a un condenado en Gürtel

Casi seis meses después de la catastrófica DANA del pasado 29 de octubre, el Gobierno autonómico de Carlos Mazón sigue usando el procedimiento del contrato de emergencia —a dedo por naturaleza y con menos control— para obras de reconstrucción. El último contrato, de dos millones de euros, fue formalizado el pasado 15 de abril por la Conselleria de Hacienda, que dirige Ruth Merino, para el suministro de equipamientos informáticos en las oficinas de la Generalitat inundadas por la DANA. Sin embargo, el contrato más voluminoso adjudicado recientemente se lo ha llevado una empresa vinculada al pago de la caja B del PP. La Conselleria de Educación, Universidades y Empleo, dirigida por José Antonio Rovira, adjudicó el pasado 4 de abril un contrato de 6,2 millones a la constructora CHM Obras e Infraestructuras SA, cuyo presidente, el empresario Francisco Javier Martínez Berna, fue condenado en el marco del ‘caso Gürtel’ a un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales y por un delito de falsedad documental.

El grupo alicantino ha recibido un total de 20,5 millones de euros en adjudicaciones de emergencia de la DANA, colocándose entre las mercantiles más beneficiadas por el reparto de fondos para la reconstrucción.

El secretario autonómico y director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Labora), Antonio Galvañ, formalizó el contrato con la empresa para las obras de reconstrucción de dos centros de la Generalitat en la localidad de Catarroja, en la comarca de l’Horta Sud.

El proceso de adjudicación, al que fueron invitadas tres empresas, se justificó por la “extrema urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el comprador”. La documentación consultada por elDiario.es prevé un plazo de ejecución de seis meses para las obras en el Espai Labora, una instalación que integra la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), y de un año para el Centro de Formación de Catarroja.

“La justificación de la contratación de estas obras deriva de la necesidad de mantener en unas óptimas condiciones el edificio y las instalaciones existentes en los mencionados centros, de tal manera que asegure su normal funcionamiento en el cumplimiento de las competencias en materia de formación y atención a la ciudadanía y empresas”, según reza la memoria de la propuesta de adjudicación.

“Importantes desperfectos” en el Labora de Catarroja

Las instalaciones del Labora en Catarroja sufrieron “importantes desperfectos” a consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo. Así, los daños ocasionados por la DANA “imposibilitan” la atención presencial a la ciudadanía. El “temporal” afectó de lleno al sótano y a la planta baja del edificio, “provocando numerosos daños al conjunto del edificio”.

El contrato incluye la ejecución de las demoliciones, reparaciones, intervención en la instalación eléctrica y contra incendios, el ascensor, las actuaciones en el equipamiento y el mobiliario y la gestión de los residuos retirados, así como su transporte a vertederos autorizados.

El órgano de contratación del Labora invitó a tres empresas: Tecopsa (cuyos accionistas están vinculados a la empresa en la que trabajaba el actual jefe de gabinete de Mazón, el secretario autonómico José Manuel Cuenca), Guerola Infraestructuras SL y CHM Obras e Infraestructuras SA. Sin embargo, el informe del Servicio de Arquitectura e Infraestructuras del Labora cuestionó el precio global propuesto por Guerola (“se presume que resulta inviable”) y su cronograma de ejecución de las obras, “muy reducido”.

Finalmente, el órgano de contratación propuso que se adjudicara el contrato a la empresa presidida por Francisco Javier Martínez Berna, al haber obtenido la mejor puntuación.

Hasta finales del pasado mes de febrero (cuando se elaboró el informe de necesidad) aún se estaban realizando labores de limpieza y desinfección de las instalaciones del Labora afectadas por la barrancada, también contratadas por el procedimiento de emergencia, por 82.136 euros.

La Generalitat tuvo que contratar, por un importe de 279.484 euros, el arrendamiento de módulos prefabricados y de contenedores marítimos para seguir prestando el servicio del Labora provisionalmente. Además de la dirección de obra para la reconstrucción del edificio, éste último adjudicado por 236.685 euros.

El departamento que dirige el conseller Rovira no ha contestado las preguntas de este diario sobre el uso del procedimiento de emergencia.