Dejar a 60 menores migrantes sin centro de acogida: el peaje que el PP murciano se abre a pagar a Vox por los Presupuestos

La insistencia de Vox en imponer sus líneas rojas para la Región de Murcia a cambio de dar luz verde a los presupuestos va dando resultados. Una de sus exigencias históricas, el cierre del centro de menores no acompañados de la pedanía murciana de Santa Cruz, parece haber surtido efecto. Este en concreto es uno de los puntos que llevan reclamando una y otra vez cada vez que tienen la sartén por el mango desde hace seis años, los mismos que llevan abiertas estas instalaciones de acogida.

La Comunidad lleva cuatro meses arrastrando las cuentas del pasado año ante la imposibilidad de acordarlas con Vox. La negociación se truncó el pasado marzo porque el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, exigió en sus redes sociales la suspensión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí. Se trata de un proyecto estatal sobre el que la Comunidad no tiene ningún tipo de competencias.

Y ahora, la clausura del Rosa Peñas es otra de las condiciones que el partido de extrema derecha ha puesto sobre la mesa: “Si de verdad se está en contra de la inmigración ilegal, hay que cerrar el centro de menas de Santa Cruz”, ha reiterado el líder de Vox en la Comunidad, José Ángel Antelo.

Este 9 de abril el Gobierno Regional ha sorprendido abriendo la posibilidad de cerrar el centro de Santa Cruz. La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz Caballero, ha argumentado que el edificio “no tiene cabida en el modelo de acogida y acogimiento residencial, que no es otro que nos marca Europa, Unicef y el Gobierno de España”. 

“Es una petición que se se repite una y otra vez en el argumentario de Vox”, reflexiona en voz alta el coordinador de uno de los hogares y representante sindical del Comité de Empresa, Alfonso Morillas, quien asegura que la noticia les pilló totalmente por sorpresa. “La consejera soltó la bomba y nos dejó fuera de juego”. Siempre hay que buscar la mejora, asegura, “pero el modelo del Rosa Peñas es el que está instaurado por casi toda la Región, tanto en los centros que gestiona nuestra fundación como en otras entidades”.

El centro se abrió en el año 2019, acogiendo a 24 migrantes. Según la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, en la actualidad el centro atiende a un total de 60 menores. La consejera ha asegurado que plantea este cierre porque las instalaciones se diseñaron para una acogida “temporal”, pero la clausura de este centro ha sido una demanda constante de la ultraderecha.

No es la primera vez que Vox condiciona un acuerdo con los populares al cierre de este centro. Fue en otros presupuestos, los de 2020, cuando los de Abascal pidieron que el Gobierno regional se comprometieran con la clausura de las instalaciones de Santa Cruz. Durante esas fechas la consejera de Asuntos Sociales y vicepresidenta del Gobierno de Murcia, Isabel Franco (Ciudadanos), definió a este periódico el Rosa Peñas como un centro “modélico” con capacidad para 72 menores: “El acuerdo se cumplirá pero cuando haya otro centro como el que tenemos ahora; no vamos a permitir que retrocedan los niños en derechos”, aseguraba entonces.

El cierre nunca tuvo lugar. En 2022, Franco prorrogó el concierto social con la fundación Antonio Moreno para financiar las plazas de varios centros de protección, entre ellos el Rosa Peñas, hasta el año 2025. El acuerdo expira este próximo mes de septiembre.

En la Región de Murcia, el número total de menores migrantes no acompañados que la Comunidad tiene en acogida asciende a los 619 niños. De acuerdo con la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante el año 2024 se atendió a un total de 741 niños. Según cifras aportadas por su departamento, “tenemos la ocupación a un 220 por ciento”.

Con la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería este verano se comenzará con el reparto de más de 4.000 niños y jóvenes desde Canarias y Ceuta al resto de comunidades autónomas.

Un desarraigo más

Españoles, argelinos, marroquíes, gambianos o senegaleses. Son 60 los niños y niñas de entre 10 y 12 años que conviven en el centro: “Algunos llevan aquí ya cuatro años, tienen sus amigos, van al colegio o al instituto, a extraescolares por las tardes y tienen amigos y arraigo comunitario”, relata Alfonso Morillas, quien pone el acento en que son niños -españoles o extranjeros- que ya han sufrido uno o más desarraigos en su vida “y ahora tendrán que enfrentarse de nuevo a un proceso similar”.

Estos presupuestos, continúa, “serán los presupuestos de la vergüenza, por cerrar un centro simplemente por la exigencia de Vox”. El coordinador de uno de los módulos del Rosa Peñas insiste en que “nunca” les habían trasladado antes la intención de cerrar las instalaciones: “En navidades estuvo aquí la directora general, en la Consejería siempre han hablado muy bien del centro y de nuestro trabajo”.

Esa es otra “gran inquietud”: cuál será el destino de los 80 empleados que prestan servicio en el centro. “No nos han comunicado nada, no nos han dado ningún plazo; solo el anuncio de la consejera antes de las vacaciones de Semana Santa y no sabemos si nos trasladarán a otro lugar o simplemente, nos quedaremos sin trabajo”. Preguntadas por este periódico, fuentes de la Consejería de Política Social han descartado ampliar información sobre el posible cierre del centro de menores.

“No somos Amazon, que llevan cajas, trabajamos con personas y eso conlleva un desgaste emocional grande, porque nos encargamos de niños y niñas con su mochila, que muchas veces comparten con nosotros”, cuenta Morillas.  

Una segunda familia

“Los trabajadores del centro y los chicos con los que compartimos hogar son una segunda familia, es como una segunda casa”, cuenta al otro lado del teléfono Abdeljalil, argelino de la ciudad costera de Mostaganem, al noroeste del país. Son las cinco de la tarde de este jueves y acaba de salir de trabajar de un bar en un barrio de la capital murciana. A sus 21 años, lleva cinco en España, desde que se decidió a cruzar desde Argelia a España en patera: “Lo logré al tercer intento, con otras siete personas, y llegamos hasta Cartagena, donde nos rescató la Guardia Civil y nos atendió la Cruz Roja”.

Al centro Rosa Peñas llegó en 2019. “Cuando entré estaba nuevo, nuevo”. Pasó allí dos años, desde los 16 a los 18. “En cada hogar conviven hasta 24 personas y tres en cada habitación; el ambiente era muy familiar y las personas que trabajan allí se implican mucho con los chicos; en general nos tenemos todos mucho cariño”. 

Abdeljalil aboga por mantener el centro en marcha: “Hay chicos que ya están viviendo allí, haciendo su vida normal, como cualquier otra persona; gracias a mi paso por Santa Cruz ahora tengo dos formaciones, de cocinero y camarero porque siempre me gustó la hostelería, un alquiler y una oportunidad de ayudar cada mes a mi familia y salir adelante”. Su compañero de piso actualmente “es uno de los chicos que conocí en el centro de Santa Cruz, que además trabaja conmigo, hemos hecho todo un recorrido juntos”.

Polémica vecinal

La polémica estuvo alimentada por simpatizantes y políticos de Vox desde el primer día, que llegaron a organizar protestas bajo el lema ‘Stop centros de menas’. “Es verdad que cuando abrió el centro hubo cierta polémica, pero siempre hemos sido muy transparentes y ninguno de nuestros chicos o chicas ha tenido ninguna relación con la delincuencia o episodios violentos”, destaca Morillas. “Nunca, nunca se les ha podido achacar una conducta negativa en la comunidad en Santa Cruz o los pueblos de los alrededores; sabemos que hay vecinos en contra, pero el trato siempre ha sido cordial y amable”.

El cien por cien de los menores “está en recursos escolares, en colegios, institutos, formación profesional, cursos de preparación para el mundo laboral; van a jugar a fútbol, a pintura, algunos forman parte de los scouts, y romper con todo eso de golpe es fuerte”, cuenta Morillas, quien advierte de que “los chicos también empiezan a preguntar, porque sienten este lugar como su casa”.