España, un estado aconfesional aunque solo a ratos

Somos lo que somos por influencia del cristianismo. Puede agradar más o menos, pero desde su incidencia en el ordenamiento jurídico a muchas de nuestras tradiciones se explican por esa ascendencia. Hace unas semanas, en una conversación con Javier Cercas para hablar de su libro sobre el papa Francisco, me recordó una reflexión del filósofo Benedetto Croce que lo resume bien: “No podemos no llamarnos cristianos. Todos venimos de ahí. Europa es eso. Atenas y Jerusalén, Jesucristo y Sócrates. Nos guste o no, es así en todos los sentidos”.

Ser consciente de esa procedencia y a la vez cumplir con el artículo 16.3 de la Constitución Española, el que señala que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, se ha antojado siempre un equilibrio difícil. En el punto tres se añade que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Y ahí va la primera pregunta: ¿Las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica deberían incluir tres días, dos o uno de luto oficial por la muerte de un Papa? 

La respuesta debería ser bastante evidente. Por más que se tratase de un Papa mucho más humilde que muchos de sus antecesores, que intentase llevar a cabo cambios positivos, que tratase de plantar cara al Opus Dei y limitar su poder, por pena que se pueda sentir por su fallecimiento o por más que se le quiera homenajear, España sigue siendo un Estado aconfesional. 

Ahí va la segunda pregunta: ¿Se declara luto oficial en función de si el Papa que ha fallecido cae mejor o peor al Gobierno de turno, sea el del Estado o un Ejecutivo autonómico? ¿Y son más días o menos en función de su proximidad ideológica? Es un criterio, como mínimo, arriesgado, por adjetivarlo con prudencia. 

Vayamos a los dos ejemplos más recientes. Cuando en 2005 murió Juan Pablo II, el Gobierno de Zapatero decretó un día de duelo y banderas a media asta en los edificios públicos. Además, en esa ocasión, el presidente sí acudió al funeral. Fue un Papa que impuso la restauración de una Iglesia ultraconservadora y ocultó los casos de pederastia.

Al fallecer Benedicto XVI, en 2022, no se decretó nada. En su caso podría aducirse que no estaba en ejercicio, puesto que había renunciado nueve años antes. Sus ocho años de papado, antes de convertirse en emérito, estuvieron marcados por varios escándalos, el más destacado, el caso Vatileaks, la filtración de documentos internos por parte de su mayordomo que puso al descubierto algunas irregularidades de la Iglesia.

El decreto de duelo oficial ha sido una muestra de que la separación entre Estado e Iglesia a menudo chirría. Es una decisión discrecional, la adopte el gobierno que la adopte, y, por lo tanto, está en su derecho. No está tasado ni están prefijadas las circunstancias. Hemos trasladado la pregunta de por qué en este caso se ha decidido decretar luto oficial y que, además, sean tres días y en La Moncloa nos han explicado que responde al hecho de que el papa Francisco es una figura trascendental y el Ejecutivo ha querido mostrarle así reconocimiento. “Nos sentimos muy cercanos a este papa”, resumen fuentes gubernamentales. 

Respecto a la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral de este sábado, en el Gobierno recuerdan que la representación española es al más alto nivel con la presencia del rey, las vicepresidentas primera y segunda y el ministro Bolaños, en tanto que es el competente de las relaciones con la Iglesia. Y añaden que es una “descortesía” que Feijóo critique al presidente cuando el Gobierno ha invitado al líder del PP sin que tuviese obligación de hacerlo. 

Más allá de las acciones de estos días, es evidente que no acabamos de encontrar el punto medio entre la tradición y la aconfesionalidad. Celebramos la Navidad y la Semana Santa, tanto si somos creyentes como si no. Nos hemos acostumbrado a ver policías municipales, guardias civiles y otros uniformados desfilando en procesiones, y lo damos por normal sin preguntarnos si lo es. Entra, supongo, en la costumbre.

Pero hay otros elementos en la relación con la Iglesia católica que van más allá de la tradición. Ahora que estamos en plena campaña de la renta, estaría bien reflexionar sobre si tiene sentido que exista la casilla que se reserva a los contribuyentes que quieran destinar un porcentaje de su IRPF al mantenimiento de esta Iglesia. 

Puestos a hablar de impuestos, la Iglesia no paga IBI por sus inmuebles porque está incluida en la ley de mecenazgo, que concede beneficios fiscales a aquellas instituciones que prestan un servicio a la sociedad. Cuando hablamos de inmuebles de la Iglesia, hablamos de muchos inmuebles. Hay de todo: casas, garajes, fincas y hasta huertos. Algunos de esos edificios acogen hoteles y lucrativos negocios. Para que te hagas una idea, la cifra de bienes inmatriculados por la Iglesia en España, gracias a una ley aprobada en la etapa de Aznar, es de 35.000. Estaremos de acuerdo en que no son pocos.  

La Fundación Ferrer i Guàrdia presenta cada año un estudio sobre la laicidad en España. En el de 2024, el porcentaje de personas que declararon tener adscripciones de “conciencia- no religiosa” (agnóstico, indiferente/no creyente y ateo) se situó en el 41,5%, el porcentaje más alto desde que lo analizan. Para que te hagas una idea, en 1980 esta cifra era solo del 8,5%. Y otro dato destacado que ayuda a entender la evolución: el incremento ha sido de más de 17 puntos porcentuales desde 2017 hasta 2023. Por religión se entiende que puede ser cualquiera, no solo la católica. Si se mira por edades, los datos aún son más llamativos. El 59,9% de las personas de entre 18 y 34 años se declara atea, agnóstica o indiferente. Esta misma posición también la manifiestan, por primera vez, más de la mitad de los españoles de entre 35 y 44 años. 

Por comunidades, en Catalunya (51,3%) y Euskadi (51%) son mayoría los ciudadanos que se identifican con opciones no religiosas. Madrid e Illes Balears son las otras dos autonomías que les siguen. En el otro extremo se sitúan Ceuta y Melilla, que tienen más de un 70% de personas que se consideran religiosas, seguidas de Extremadura (68,3%) y Castilla-La Mancha (66,9%).

Esa es la España de hoy y hacia dónde evoluciona la religiosidad en un país cada vez más aconfesional aunque en semanas como esta lo hayamos disimulado muy bien.