El alcalde de Estepona, a juicio por contratar sin carga de trabajo a la mujer con la que mantenía una «amistad íntima»

El juzgado de instrucción 5 de Estepona ha dictado auto de procesamiento contra el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por un delito de malversación presuntamente cometido al contratar durante mes y medio a C.P.B., una mujer con la que mantenía una “relación íntima de amistad” y que, tras ser fichada como cargo de confianza, no desempeñó ningún trabajo efectivo para el municipio, según la investigación del juzgado.

El auto de procesamiento, fechado este martes y al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, supone abrir la fase de juicio contra el regidor, alcalde de Estepona desde 2011 y vencedor en los últimos comicios con una aplastante mayoría absoluta. Puede ser recurrido en un plazo de tres días por García Urbano. El juicio se celebrará ante un jurado y el alcalde y las demás partes (Fiscalía y acusaciones populares -PSOE y Vox-) deberán presentarse ante el juzgado el próximo 4 de junio.

El juez aprecia indicios del delito tipificado en el artículo 432 bis: “La autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a tres años, y suspensión de empleo o cargo público de uno a cuatro años”.

La Fiscalía emitió la pasada semana un informe a petición del juzgado, en el que se mostraba favorable al procesamiento de García Urbano. En igual sentido se habían pronunciado las acusaciones populares. Un jurado popular deberá determinar ahora si el alcalde incurrió en malversación al contratar a C.P.B. como cargo de confianza y no asignarle, según la declaración de ella, ninguna tarea en el mes y medio que estuvo contratada. Desde el 13 de febrero de 2023 al 31 de marzo Estepona le abonó algo más de 5.200 euros.

Contratada para “proporcionarle una ayuda económica”

La apertura de juicio contra García Urbano culmina una investigación judicial de cinco meses, adelantada por este periódico el pasado 13 de diciembre. Según el auto, hay indicios de que García Urbano, “aprovechando su condición del alcalde”, contrató a C.P.B. “con la finalidad de proporcionarle una mejora o ayuda económica”. Mantenía con ella una “relación íntima de amistad”, según el juez. Percibió algo más de 5.200 euros netos “sin que se haya acreditado que llegara a desempeñar actividad alguna derivada de este nombramiento”, apunta el juez.

Las diligencias previas por la presunta malversación se abrieron a raíz de otra investigación por una denuncia formulada a finales de octubre por un policía local, pareja de C.P.B., quien decía haber sido víctima de un acoso sexual por parte del alcalde. A esa denuncia se sumó después la propia C.P.B., que compareció como testigo y contó que había estado contratada por el Ayuntamiento de Estepona sin desempeñar realmente ningún trabajo mientras mantenía una relación con el regidor en la que también estaba involucrado el policía.

El juez abrió entonces una nueva investigación por la presunta malversación. Poco después cerró la investigación por los hechos de naturaleza sexual al concluir que todas las relaciones habían sido consentidas. Ese archivo ha sido recurrido ante la Audiencia Provincial de Málaga por los denunciantes.

Mientras, la investigación por malversación ha ido avanzando con las declaraciones del regidor y la mujer contratada, el concejal responsable del área a la que se adscribió, así como la aportación de diversas pruebas documentales: informes municipales, recibos bancarios y conversaciones de Whatsapp.

El alcalde siempre ha repetido que las denuncias contra él “no tienen fundamento” y obedecen a “motivos espurios”, pero este auto, que puede recurrir, le coloca ya en el banquillo de los acusados.

Sin constancia de su trabajo

La mujer declaró ante el juez que nunca le informaron de cuáles eran sus funciones y que no acudió jamás a su puesto de trabajo ni hizo nada para el Ayuntamiento. En su declaración judicial, García Urbano se negó a contestar al juez, a la fiscal o a las acusaciones, y sólo respondió haciendo un alegato de su inocencia, asegurando que las funciones que supuestamente debía desempeñar la mujer eran muy importantes para él, sobre todo en periodo preelectoral.

En teoría, C.P.B. revisaba que todo estuviera bonito en Estepona. Sus tareas implicaban revisar farolas, comprobar el estado de los maceteros y estar atenta a lo que se decía en redes sobre el estado de revista de la ciudad a poco menos de tres meses de las elecciones municipales. Esto es la tarea teórica que señala un informe del área de Recursos Humanos y lo que declaró también el concejal Blas Ruzafa, responsable del Área de Control Externo.

Pero lo cierto es que el Ayuntamiento no tiene ni un solo papel escrito por ella, ni siquiera un mensaje o correo electrónico, en el que conste que reportó alguna vez sobre esas cuestiones. La mujer no tiene formación o experiencia en contratas de limpieza, jardines o mantenimiento. No participó en ningún expediente. No tiene un registro horario. Nunca tuvo correo electrónico, ni acceso a los programas internos del consistorio. No hay nadie que la viera en dependencias municipales. Y, además, ella misma ha negado una y otra vez que realizara tarea alguna.

Ella sí dijo en su declaración que el alcalde le dijo alguna vez que no se preocupara porque el Ayuntamiento era “su cortijo”, y en su día relató que le pagaba (a título personal) el alquiler de un piso en la localidad hasta poco antes de que el Ayuntamiento la contratara.