El juez agota las diligencias sin hallar ninguna prueba de que el fiscal general filtrase los mensajes de la pareja de Ayuso

El juez Ángel Hurtado no ha tenido suerte en Irlanda y tampoco en Estados Unidos. Las comisiones rogatorias que el magistrado del Tribunal Supremo envió para que Google y WhatsApp revelaran los mensajes del teléfono del fiscal general no han tenido éxito y la causa por la filtración de un correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso sigue igual que estaba hace varios meses: con los dos acusados negando haber filtrado ningún email de Alberto González Amador y con el juez y la Guardia Civil convencidos de que sí lo hicieron. Por ahora ninguna de las pruebas recabadas por el juez ha demostrado, ni siquiera indiciariamente, que Álvaro García Ortiz o sus subordinados participaran de alguna manera en esa filtración.

La diligencia fallida tenía mucha importancia para el instructor. El fiscal general borró los mensajes de su teléfono móvil poco después de que el Supremo hiciera pública la apertura de la causa contra él. Un movimiento que justifican desde Fiscalía en una medida habitual de protección de datos y que para el juez es un “indicio” de que intentó borrar pruebas que le pudieran incriminar en la filtración. El objetivo de Hurtado era recuperar esos mensajes, donde esperaba encontrar pruebas que demostraran que él y Pilar Rodríguez habían difundido el correo o, al menos, participado en la maniobra.

La negativa de Google y WhatsApp deja al Tribunal Supremo solo con los testimonios como elemento para decidir. La versión del fiscal general, la fiscal provincial de Madrid y varios testigos es que en marzo de 2024 recabaron la información del caso tras descubrir que la Fiscalía había denunciado a la pareja de Ayuso por fraude fiscal y que esa dación de cuentas se aceleró vertiginosamente cuando, en la noche del día 13 de ese mes, Miguel Ángel Rodríguez y algunos medios empezaron a difundir versiones falsas sobre las negociaciones del empresario para reconocer sus delitos y evitar la cárcel.

Tanto García Ortiz como los fiscales Pilar Rodríguez y Diego Villafañe han explicado ante el juez que el objetivo nunca fue filtrar esa información para perjudicar, en última instancia, a la presidenta madrileña, sino recabar la información del caso por los cauces establecidos y, en última instancia, emitir el comunicado del 14 de marzo para desmentir esas informaciones falsas. La segunda versión es la de Alberto González Amador, las acusaciones y el informe de la Guardia Civil sobre los mensajes que sí pudieron ser intervenidos en el teléfono de Pilar Rodríguez, fiscal superior de Madrid y también imputada.

Ese informe llegó a la mesa del juez un mes después de arrancar las diligencias. Los agentes otorgaban un papel “preeminente” al fiscal general en la operación para recabar información que acabó en la filtración y afirmaban que esa fuga de datos “debe iniciarse” en el Ministerio Público. La Unidad Central Operativa llegó a esta conclusión después de analizar los mensajes que Pilar Rodríguez mandó a otros fiscales en esos días de marzo: mensajes con detalles sobre cómo la Fiscalía General se movilizó para obtener toda la información del caso y, a última hora de la noche, la confesión de González Amador, pero ninguna orden directa o indirecta sobre filtrar el documento. Ninguna prueba de que alguno de los fiscales filtrasen la información.

Los dos imputados y los Abogados del Estado que ejercen su defensa han expuesto, en sus escritos y declaraciones, que la Guardia Civil ha tergiversado sus mensajes y sus palabras para formar un relato en el que el objetivo de los fiscales no era emitir un comunicado sino filtrar la información a la prensa. La fiscal provincial de Madrid llegó a definir como “humillante” que la UCO, por ejemplo, deslizara en un informe que participó en la filtración para ganarse un ascenso.

Los testimonios de otros fiscales y de varios periodistas tampoco han servido para demostrar que existiese algún tipo de maniobra desde la cúpula de la Fiscalía en ese sentido. La testifical de Almudena Lastra, considerada un testigo clave por las acusaciones, dejó clara la mala relación entre el Ministerio Público madrileño y el central, y las sospechas que expresó sobre cómo la filtración tenía que venir de la Fiscalía, pero sin aportar pruebas al respecto.

Todos los periodistas que publicaron informaciones sobre la confesión de González Amador se negaron a revelar sus fuentes y algunos negaron de forma tajante que su fuente fuera la Fiscalía. Solo Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, reconoció haber difundido otros correos del empresario y, en la práctica, haber engañado a diversos periodistas esa tarde, dejando varias mentiras por el camino en su declaración. Ninguna diligencia ha dejado, por el momento, constancia verbal o escrita de la filtración que investiga el juez.

Los últimos testigos pendientes

El caso todavía tiene varias semanas por delante y hay dos viernes de mayo marcados en rojo en el calendario del juez Hurtado: los días 16 y 23 de ese mes. Los días en que comparecerán los peritos de la Guardia Civil cuyos informes y atestados sostienen la acusación, así como el propio González Amador, que acude como testigo obligado a decir verdad. Las piezas clave en las que se asienta la causa contra el fiscal general.

Los peritos son los que analizaron los mensajes y correos de Pilar Rodríguez, comunicaciones que han permitido al juez reconstruir la inquietud que dominó la Fiscalía en la noche del 13 de marzo. Ante el juez tendrán que explicar en qué se han basado para atribuir la filtración al fiscal general.

También comparecerá el propio Alberto González Amador después de que la Sala de Apelaciones haya obligado a Hurtado a llamarle a declarar. La intención de las defensas es que explique si ha estado ocultando un dato clave a todos los jueces ante los que ha denunciado esta supuesta revelación de secretos: que su propio abogado remitió su confesión a más gente de la que ha reconocido. Ese 2 de febrero de 2024 la propuesta de pacto no solo llegó al correo del fiscal Salto: también al de un Abogado del Estado, representantes de Hacienda en pleitos por fraude fiscal y pieza fundamental en una futura conformidad.

Son las dos diligencias pendientes antes de que el juez instructor, si no considera necesario poner más pruebas en marcha, decida si el caso llega a juicio o se archiva. Sin que, por el momento, seis meses de investigación hayan revelado algún detalle sobre esa filtración que permita inculpar al fiscal general o sus colaboradores.

Varios periodistas han reconocido, incluso, que para cuando esa información llegó a manos del fiscal general ellos ya tenían conocimiento de la existencia de las negociaciones entre el empresario y el Ministerio Público. El propio González Amador compartió algunos detalles de esas conversaciones con Miguel Ángel Rodríguez. La fiscal provincial de Madrid ha detallado que medio millar de personas tuvieron acceso al caso del empresario en esos días y que el correo con la confesión también estuvo a disposición de más gente.

El juez, hasta ahora, ha quitado relevancia o credibilidad a esas testificales, a los bulos del jefe de gabinete de Ayuso y ha defendido que si González Amador quería difundir esos documentos estaba en su derecho sin que eso afecte a la imputación de Álvaro García Ortiz.