El Tribunal de Cuentas multa a Vox con 862.000 euros por recibir donaciones irregulares

El Tribunal de Cuentas ha acordado sancionar a Vox con 862.496,72 euros por “infracción muy grave” en las cuentas de 2018, 1019 y 2020. El organismo fiscalizador considera probado que el partido de extrema derecha incumplió la ley de donaciones durante esas anualidades en las que recibió y aceptó dinero en efectivo y aportaciones de personas o entidades que no ha identificado.

La multa se ha aprobado en el último Pleno del Tribunal de Cuentas y ha salido adelante con el voto particular de dos consejeros. Los de Santiago Abascal pueden recurrir en el Tribunal Supremo por la vía de lo contencioso-administrativo.

En concreto, a Vox se le sanciona por incumplir el apartado a del artículo 17.2 de la Ley Orgánica sobre Financiación de los Partidos Políticos al haber recibido o aceptado donaciones no identificadas en efectivo.

El origen del expediente sancionador son los informes del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad anual de Vox en los años 2018, 2019 y 2020, en los que se apuntó a más de 330.000 euros que Vox recibió en cajeros automáticos como “actividades promocionales”, sin que el fiscalizador pudiera dilucidar si realmente responden a la compra de productos de ‘merchandising’ del partido o si suponen donaciones anónimas, que están prohibidas por la ley.

No es la primera vez que Vox recibe una sanción del Tribunal de Cuentas, que ya le multó en julio del pasado años con 233.324,22 euros por un expediente que se abrió el año anterior por financiación irregular detectada en el informe de 2019 por usar donaciones para acciones judiciales. Esta multa fue recurrida en el Supremo.

Por otra parte, hace solo un mes el Tribunal de Cuentas denunció la falta de colaboración del banco húngaro MBH sobre su préstamo de 6,5 millones a Vox. La entidad financió a la formación de Abascal en las elecciones generales de 2023.

Vox recurrirá la sanción

El partido ha anunciado que recurrirá ante el Supremo esta sanción de 800.000 euros del Tribunal de Cuentas, que considera “injusta y contraria a la propia Ley, a las resoluciones del TCU y a sus antecedentes”.

Desde Vox afirman que “no existe base legal para la sanción” y subrayan que la decisión no es unánime, ya que dos de los consejeros del órganismo fiscalizador han emitido votos particulares contra la sanción.