Un responsable del Servicio Andaluz de Salud minimiza el informe que alertó del presunto fraude de 235 millones en Cádiz
El director económico de la Plataforma de Compras del SAS en Cádiz, declara como imputado por los contratos sanitarios troceados respondiendo sólo a preguntas de su abogado
El Gobierno andaluz desaira ante la jueza a sus propios interventores por censurar los contratos sanitarios troceados
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz que investiga si hubo delito de malversación en el fraccionamiento de contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con la sanidad privada en esa provincia ha tomado declaración en calidad de investigado este miércoles al director económico de la Central Provincial de Compras, Demetrio González, quien ha lamentado ante la jueza “no conocer los hechos por los que ha sido imputado”. Asimismo, tan solo ha querido responder a preguntas de su abogado, habiendo “minimizado” durante su declaración el informe de la Intervención de la propia Junta que pone bajo sospecha un montante de 235 millones de euros en contratos menores encadenados que el SAS usó para pagar la misma prestación a clínicas privadas, como informó en exlusiva este medio el pasado otoño.
Según fuentes cercanas al caso, el investigado Demetrio González se ha negado a contestar las preguntas de la jueza, así como de la Fiscalía y de la acusación popular que ejerce Podemos Andalucía, cuya denuncia permitió la apertura de la causa judicial y que este miércoles pretendía ahondar, entre otras cuestiones, en quién había nombrado a González para el actual puesto que ocupa, así como sus funciones y quién le hacía llegar las compras.
En cuanto a las compras de medicamento, González se ha referido a “proveedores exclusivos”. El abogado del investigado ha incidido en la existencia de informes de actuación por parte de la Intervención y ha “minimizado” el informe desfavorable de la propia Intervención, asegurandodo que “se trabaja así desde el año 2003, que no le costa prórroga de obras y que, si había prórrogas, eran de servicios esenciales”, de acuerdo a las fuentes consultadas.
La declaración de González se produce semanas después de que declararan en calidad de testigos los dos interventores provinciales del SAS autores del informe que da origen a la causa, el cual ratificaron, y dos jefas de servicio, también testigos, que apenas se limitaron a señalar que habían revisado los expedientes objeto de investigación.
Los interventores denuncian el “abuso de contratos menores en fraude de ley” y el “fraccionamiento indebido y masivo” de contratos con los que se adjudicó a dedo 1.125 millones de euros en 2021 en las ocho provincias andaluzas. En Cádiz, la investigación del interventor provincial del SAS y su equipo contabilizaron 135.767 facturas al año que sumaban 235,4 millones en contratos menores, con una muestra analizada de 175 expedientes (235.000 euros) y un 100% de anomalías detectadas, según el informe provincial que adelantó este medio, y que obra en poder de la magistrada y la fiscal del caso.
Fuentes de Podemos Andalucía han considerado, según su coordinadora general, Raquel Martínez, que se trata “de muchísimo dinero, que en Cádiz hace tiempo que se debería haber construido un nuevo hospital y que, sin duda, la construcción y puesta en funcionamiento implicaría que muchas empresas que tienen contratos a dedo, podrían dejar de tenerlos”.
“¿Hay intereses privados en que todo siga igual en Cádiz y no se construya el hospital? ¿Existe un holding de empresas privadas que se benefician de la falta de control y de la sistemática vulneración de la Ley de Contratación del Sector Público? Eso es lo que hay que resolver”, ha comentado la líder de Podemos Andalucía.
En este momento, el Gobierno de Moreno tiene dos causas judiciales abiertas relacionadas con los procedimientos de contratación a dedo del SAS. Un juzgado de Sevilla investiga un supuesto delito de prevaricación en la adjudicación a dedo de cientos contratos de emergencia a clínicas privadas entre 2020 y 2024 -por más de 234 millones de euros- amparándose en el marco legal habilitado durante la pandemia cuando ya estaba derogado. La Junta no se ha personado en esta causa, pero sí lo hizo en la instrucción del Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz, donde desde el pasado miércoles está formalmente personada como responsable civil subsidiaria de un posible delito de malversación.
