Buscan a familiares del matrimonio que tenía retenidos y sin escolarizar desde 2021 a sus tres hijos menores en Oviedo

La localización de familiares del matrimonio detenido el pasado lunes en Oviedo acusado de mantener retenidos desde 2021 a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de diez- sin salir a la calle y sin escolarizar es ahora uno de los objetivos de cara a que los menores no pierdan arraigo familiar.

La separación de sus padres puede ser un trauma añadido a las posibles secuelas que pueda haberles acarreado el aislamiento y las condiciones de insalubridad en las que han vivido estos cuatro años.

Una familia autoconfinada en la casa

La familia se había autoconfinado en una vivienda alquilada en el pueblo de Toleo, en Fitoria, a las faldas del monte Naranco, en la zona rural ovetense y no mantenía contacto alguno con el exterior.

El propio comisario principal de la Policía Local, Francisco Javier Lozano, llegó a denominar el chalé donde la familia residía como la “casa de los horrores” por la escena que encontraron al ir a identificarlos: rodeados de basura y conviviendo con animales enfermos.

Los delitos imputados

Los padres, el alemán C.S., de 53 años, y su mujer M.A.S., de 48 y con doble nacionalidad estadounidense y alemana, han pasado su segunda noche en el Centro Penitenciario de Asturias, adonde fueron trasladados el pasado miércoles por orden de la magistrada María Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital asturiana.

Las diligencias se han abierto inicialmente por su presunta autoría en delitos de violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Además, el juzgado ha acordado la suspensión de la patria potestad y de la guardia custodia de los menores, que atribuye al Principado. Cobra especial relevancia la localización de familiares por si pueden aportar detalles relevantes para la investigación e incluso si están en condiciones de hacerse cargo de los niños.

El ingreso en prisión

Fuentes penitenciarias han confirmado que la madre ha quedado ingresada en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel asturiana, mientras que su marido permanece internado en el módulo de ingresos a la espera de que sea evaluado.

Ambos progenitores accedieron a la prisión portando mascarillas, un detalle que no ha pasado desapercibido para los investigadores ya que en el momento en que los agentes de la Policía Local accedieron al chalé donde residían, todos los integrantes de la familia portaban triple cubrebocas.

La obsesión por las mascarillas

Desde un principio se analiza si tenían algún miedo a contagios, tras la pandemia, que explique esa obsesión por no tener contacto con el mundo exterior. Sin embargo, contrasta esa fijación por las mascarillas y al mismo tiempo no extremar las condiciones higiénico-sanitarias y vivir rodeados de basura.

Solo el padre, un profesor de Filosofía que teletrabajaba en Oviedo como asesor de Recursos Humanos, había sido visto por los vecinos de las casas más cercanas cuando salía unos minutos a recoger los pedidos de comida que encargaba por internet o la correspondencia a la puerta del chalé que había alquilado en octubre de 2021 y donde solo él estaba empadronado. Durante estos cuatro años no se había visto al resto de los miembros de la familia.

Cartel colocado a la entrada para impedir el acceso a la vivienda donde residía la familia.

El caso se destapó a raíz de que una de sus vecinas, Silvia, contactara con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo y comunicara que a veces “escuchaba voces de niños”.

También había visto en alguna ocasión movimientos de cortina en la ventana cuando el padre salía a recoger los pedidos, lo que evidenciaba que había más personas en el interior del domicilio.

Vigilancias durante 14 días

La Policía Local realizó vigilancias discretas a partir del 14 de abril. El pasado lunes, 28 de abril, decidieron intervenir y tras poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la letrada del menor se acordó la identificación de los inquilinos.

El padre autorizó la entrada pero puso como única condición para permitir el acceso que los agentes se pusieran mascarillas. En ese momento, vieron a la madre y a los menores, así como las condiciones de insalubridad en las que vivían con mucha basura, acumulación de medicamentos y entre excrementos. Los menores seguían usando pañal y dormían los gemelos en cunas y el niño de diez años en una cama pequeña.

La madre adujo que los niños tenían “graves patologías”

La madre justificó la ingente cantidad de medicamentos que tenían acumulados y que habían adquirido on line en que los menores padecían “graves patologías”.

El matrimonio fue detenido y los menores liberados. Su primera reacción, nada más salir al exterior, fue “respirar profundamente” e incluso uno de ellos se sorprendió “al tocar la hierba del jardín, como si fuera la primera vez que lo hacía”, según señalaron los responsables del operativo policial.

En una multitudinaria rueda de prensa, los mandos policiales manifestaron que desde un principio apreciaron “la existencia de indicios de criminalidad”.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

Los menores se encuentran actualmente acogidos provisionalmente en un centro del Principado. Los tres se encuentran “bien”, según han confirmado desde la administración regional.

Las posibles secuelas

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha asegurado que su departamento estudia ya las posibles secuelas que hayan podido sufrir los tres menores.

“Es muy pronto, estamos en un proceso de valoración inicial en el ámbito físico, psicológico, social y relacional y hay que ver las posibles secuelas que pudiera haber por la situación que han vivido”, ha afirmado.

La Dirección General de Infancia y Familias asumió en el ámbito de sus competencias de protección de menores la custodia de los tres menores a instancias de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

La valoración de los menores

Los niños se encuentran en acogimiento residencial en uno de los centros dependientes del Principado, donde se les está garantizando su mayor bienestar, ratificó la consejera.

“Es muy pronto para valorar realmente”, ha afirmado Del Arco, que ha apostado por dar a los niños “ un tiempo para que deambulen” y se encuentren “ubicados” en el centro donde residen para poder empezar a hacer una valoración “más exhaustiva” que “arrojará luz” sobre la situación de “desprotección importante que han vivido”.

La concejala socialista Marisa Ponga exige explicaciones al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo.

El PSOE de Oviedo exige explicaciones

Paralelamente a las actuaciones policiales y judiciales, han aparecido ya las primeras reacciones en el ámbito político municipal, donde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha exigido explicaciones al equipo de gobierno del PP.

La concejala Marisa Ponga ha registrado una solicitud de comparecencia en la Comisión Plenaria de Políticas Sociales y Juventud donde solicita que los responsables de las Concejalías de Políticas Sociales y Seguridad Ciudadana aporten información detallada sobre la actuación del consistorio en el caso de los tres menores localizados en situación de desprotección en una vivienda de Fitoria.

Los interrogantes

Ponga asegura que las condiciones de insalubridad en las que se encontraba la vivienda donde residían los menores ha generado “una gran preocupación entre la ciudadanía ovetense”, y plantea “interrogantes” sobre los mecanismos de prevención, detección e intervención de las distintas administraciones implicadas.

“Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos importante conocer el alcance de la intervención municipal: qué actuaciones se llevaron a cabo desde los servicios sociales, cómo se detectó la situación, qué coordinación existió con otros organismos como los cuerpos de seguridad o la administración autonómica, y qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad de los menores una vez se tuvo conocimiento de su situación”, ha señalado.

Prevención de situaciones de riesgo

La concejala puntualiza que con esta solicitud de comparecencia no pretende “señalar responsabilidades”, sino obtener una explicación “completa y rigurosa” de lo sucedido para poder evaluar posibles mejoras en el funcionamiento de los dispositivos de atención a la infancia y prevención de situaciones de riesgo.

Ponga ha insistido en la necesidad de revisar de forma continua los protocolos de detección y actuación ante situaciones de vulnerabilidad infantil para reforzarlos cuando sea necesario, así como de garantizar la coordinación efectiva entre todas las áreas municipales implicadas.

La protección a las personas más vulnerables

Asimismo, considera importante analizar si de este caso se pueden inferir debilidades en el sistema municipal que deban ser corregidas.

“Se trata de proteger a las personas más vulnerables. Conocer lo ocurrido es un primer paso para mejorar las herramientas que tiene la administración local para intervenir de forma temprana y eficaz en casos como este”, ha añadido.