El Gobierno abre la consulta pública sobre la OPA de BBVA por Sabadell durante una semana

El Gobierno ha abierto la consulta pública sobre la OPA (oferta pública de adquisición) de BBVA por Sabadell durante una semana, exactamente hasta el 16 de mayo. El Ministerio de Economía facilita un formulario en este enlace con preguntas sobre la operación al que añade un buzón de sugerencias.

“Esta iniciativa está alineada con la normativa vigente y es respetuosa con el procedimiento, plazos y con las competencias de todas las instituciones involucradas en el proceso”, defiende el departamento que lidera el ministro Carlos Cuerpo, que busca recabar información “útil” sobre qué opina la sociedad de nuestro país sobre la OPA (oferta pública de adquisición) “hostil” del BBVA sobre Sabadell.

“Al igual que en otras consultas públicas en nuestro marco normativo, pueden participar aquellos ciudadanos, organizaciones, asociaciones y agentes económicos que puedan verse afectados por la operación”, continúa el Ministerio de Economía, que tendrá otra semana más para reunir y analizar la información de la consulta pública antes de decidir si eleva o no la operación al Consejo de Ministros para introducir condicionantes. Si lo hace, el Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días para actuar.

Esas condiciones pueden ser las mismas que decidió la semana pasada la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que aprobó la OPA con compromisos, que BBVA va a tener que cumplir, como mantener sucursales abiertas en zonas con menos competidores o asegurar las condiciones contratadas, por ejemplo, con pequeñas y medianas empresas. Pero la decisión de Moncloa también podría ser diferente a la del organismo presidido por Cani Fernández y determinar unos compromisos completamente distintos.

Una consulta pública pionera

Se trata de la primera consulta pública sobre una operación corporativa, aunque es un proceso habitual en materia legislativa. No es un referéndum, y por lo tanto no habrá un resultado vinculante. Fuentes conocedoras apuntan a que, con esta medida, el Gobierno trata de armarse de argumentos para dificultar la adquisición de BBVA.

“Es un proceso habitual, y se quiere emplear para pulsar los intereses que hay en la sociedad” sobre una operación de gran relevancia en España, que afecta al sector bancario, pero también a clientes, empresas y hogares en general, según explican las citadas fuentes.

Por un lado, una mayor concentración y menos competencia impacta en el acceso a financiación de las compañías y de las familias, y al resto de servicios financieros. Las mayores amenazas son que impacte en su coste (tipos de interés) y en la disponibilidad y la calidad de la oferta. Por otra parte, atañe a la solvencia y al riesgo moral de las entidades, al repartirse el negocio y los clientes entre menos manos.