El exjuez Alba quiere endosar al Estado la indemnización por los delitos que cometió contra Victoria Rosell

Salvador Alba pretende que el Estado pague los 60.000 euros de la indemnización a la víctima de sus delitos, Victoria Rosell. El exjuez corrupto, que sigue cumpliendo una pena de prisión (ahora en régimen de semilibertad) e inhabilitación por su conspiración contra la magistrada y exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, presentó el año pasado una reclamación por “anormal funcionamiento de la Administración de Justicia”. 

Alba sostiene que en el proceso judicial en el que fue condenado hubo un error que le ha ocasionado un perjuicio por el que considera que debe ser indemnizado. El exmagistrado delincuente alega que el Ministerio de Justicia debió estar presente, a través de la Abogacía del Estado, en el juicio en su contra para responder como responsable civil. Es decir, para pagar una eventual indemnización por su actuación.

Para ello, aludía al artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que estipula que “los daños y perjuicios causados por los jueces y magistrados en el ejercicio de sus funciones darán lugar, en su caso, a responsabilidad del Estado por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sin que, en ningún caso, puedan los perjudicados dirigirse directamente contra aquellos”.

El segundo punto de ese artículo precisa que si esos daños y perjuicios han sido provocados por “dolo o culpa grave del juez o magistrado”, el Estado podrá exigir el reembolso de lo pagado.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha pronunciado este miércoles, a petición del Ministerio de Justicia, sobre la reclamación formulada por Salvador Alba. Según han confirmado fuentes oficiales del órgano de gobierno de los jueces, el pleno ha aprobado un informe preceptivo que concluye que no ha habido un anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y que por tanto, la petición del exmagistrado debe ser rechazada.

Además de las penas de seis años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial en concurso medial con cohecho y falsedad en documento público, Alba fue condenado a indemnizar con 60.000 euros por los daños que infligió a Victoria Rosell, la víctima.

Esa cantidad fue abonada en primera instancia por la compañía aseguradora Allianz, con la que el juez condenado tenía suscrita una póliza de responsabilidad civil y que actuó como fiadora depositando en los juzgados una fianza de 85.000 euros. No obstante, esa póliza no incluye en su cobertura el pago de indemnizaciones por actos dolosos como los que cometió Alba, por lo que Allianz ha reclamado al exjuez su reintegro.

Alba pretende ahora endosar al Estado el pago de esas cantidades. No es la primera vez que lo intenta. A principios de 2022 presentó ante el Tribunal Supremo un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones frente a la sentencia que lo condenó al considerar que se habían vulnerado sus derechos. Esa pretensión fue desestimada.

En esas mismas fechas, pidió al Tribunal Suprerior de Justicia de Canarias (TSJC) que le rebajara la multa a la que fue condenado, de los 12.150 euros (a razón de 15 euros diarios durante 27 meses) a los 1.620. O lo que es lo mismo, a dos euros diarios, la cantidad mínima. Esa petición también fue rechazada.

En semilibertad

Desde el pasado verano, el exjuez disfruta del tercer grado penitenciario, un régimen de semilibertad. Salvador Alba se trasladó desde la madrileña cárcel de Estremera, donde cumplió el primer cuarto de su condena, hasta la grancanaria de Salto del Negro.

Como informó recientemente este periódico, desde el pasado 18 de marzo está dado de alta en el Colegio de Abogados de Las Palmas como letrado ejerciente y se publicita en el despacho de Jorge Rodríguez, exdirigente del Partido Popular (PP) en las Islas y el letrado que pide una pena de 23 años de cárcel y 422.500 euros de indemnización para el el periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, por informar sobre las actividades delictivas del exjuez.

El Colegio de Abogados de Las Palmas (ICALPA) considera que el alta de Salvador Alba no contraviene el Estatuto General de la Abogacía Española, que en su artículo 9 recoge como uno de los requisitos “carecer de antecedentes penales  por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía”.

“El ICALPA se limita a dar cumplimiento de la regulación de la actividad colegial, en cumplimiento de la normativa que le es de aplicación y que la situación profesional del citado profesional es la que aparece en el censo profesional del ICALPA y del Consejo General de la Abogacía”, respondió la institución a las preguntas formuladas por este medio.