El Supremo pide al Parlamento Europeo que levante la inmunidad de Alvise para interrogarle por la falsa PCR de Illa

El juez del Tribunal Supremo que investiga al eurodiputado Luis ‘Alvise‘ Pérez por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia ha abierto formalmente diligencias contra él y ha dado los primeros pasos para poder tomarle declaración como imputado: ha solicitado al Parlamento Europeo que levante su inmunidad y permita “proceder contra él”, al mismo tiempo que ha ofrecido al líder de ‘Se Acabó La Fiesta‘ comparecer voluntariamente en el Supremo como investigado.

Es el primer movimiento del juez Javier Hernández en una de las tres causas que el Supremo ha asumido y abierto recientemente contra el eurodiputado y agitador de extrema derecha. En otras diligencias está investigado por hostigar en su canal de Telegram a la fiscal Susana Gisbert y en unas terceras por financiar de forma supuestamente ilegal su candidatura a las europeas con 100.000 euros en efectivo que le entregó un empresario del sector de las criptomonedas.

El protocolo de “Privilegios e Inmunidades” de la Unión Europea recoge que, en período de sesiones, sus parlamentarios tienen inmunidad en su país, pero también que esa inmunidad no puede invocarse “en caso de flagrante delito”. En otros casos, como el de Carles Puigdemont cuando arrancó la causa del procés, el juez Pablo Llarena también tuvo que dirigirse a Bruselas para que se suspendiera esta protección del expresident y poder imputarle y procesarle. Mientras tanto, Hernández le ofrece declarar de manera voluntaria.

El líder de ‘Se Acabó La Fiesta’ está acusado de difundir en su canal de Twitter, donde llegó a almacenar cientos de miles de seguidores en el momento de la pandemia, una falsa prueba PCR que atribuyó a Salvador Illa. Sucedió en febrero de 2021, cuando Illa ya había dejado el Ministerio de Sanidad y era entonces el candidato del PSC a las elecciones catalanas. “Entre la Ley de Protección de Datos o demostrar que un ministro y candidato autonómico de mi país miente… la segunda”, escribió Alvise en su cuenta de Twitter.

Junto con el texto, publicó un supuesto informe médico de unos días antes elaborado por un hospital privado de Barcelona en el que se le atribuía un resultado positivo en coronavirus en una prueba PCR al candidato socialista. Todo en plena polémica sobre si el hoy president se había negado a someterse a una de estas pruebas antes del debate en TV3. Una jueza de Barcelona abrió la causa que ahora está en manos del Supremo por el aforamiento de Alvise como eurodiputado.

Ahora Alvise tendrá que comunicar al Supremo si pretende comparecer de forma voluntaria o refugiarse en la inmunidad hasta que el Parlamento Europeo decida si da luz verde a su encausamiento por parte de la Sala de lo Penal. El juez también avala la personación del PSC como acusación contra él en este caso, aunque primero debe presentar querella y pagar una fianza de 15.000 euros.

Las tres causas contra Alvise

El juez Hernández es el primero del Tribunal Supremo en mover ficha contra Alvise Pérez después de que la Sala abriera hasta tres causas distintas contra él: una por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa, otra por propiciar el hostigamiento de sus miles de seguidores a la fiscal Susana Gisbert y una tercera por financiar de forma supuestamente ilegal su candidatura a las europeas con 100.000 euros en efectivo entregados, un día antes de lanzarse a la carretera para hacer campaña, por el empresario Álvaro Romillo, tal y como han reconocido ambos.

En paralelo, otros tribunales por la jurisdicción civil han dictado diversas económicas contra el eurodiputado por el acoso al que ha sometido a diversos políticos y periodistas progresistas en los últimos años a través de sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores. Esta misma semana un juzgado de Madrid ha firmado una condena contra Alvise a indemnizar con 20.000 euros al exministro José Luis Ábalos por difundir una foto privada del político e injuriarle en Twitter. Similar a la condena de 60.000 euros dictada hace unos meses por otro juzgado por hechos parecidos.

La Sala de lo Civil del Supremo también declaró firme hace unos meses su condena a indemnizar con 7.000 euros a Ana Pastor por un modus operandi parecido: publicar una foto de la periodista cenando con un mensaje que insinuaba que había sido cazada haciendo algo ilegal. La Audiencia Provincial de Madrid, también en los últimos meses, ha confirmado su sanción a indemnizar con 5.000 euros a la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por inventarse que había recibido un respirador en su casa en las primeras semanas de pandemia cuando ese material escaseaba en los hospitales de todo el país.