La jueza de la DANA considera «absurda» la explicación del Gobierno de Mazón sobre las pausas de Pradas en el Cecopi

La jueza de la DANA considera «absurda» la explicación del Gobierno de Mazón sobre las pausas de Pradas en el Cecopi

La magistrada instructora sostiene que la decisión de parar la reunión de emergencias en plena catástrofe «convierte en más grosera la negligencia atribuible» a los dos investigados

La delegada del Gobierno dijo a la jueza de la DANA que Pradas paró el Cecopi para “pensar” y “tomar una decisión”

La jueza de la DANA considera “absurda” la explicación que dio el Gobierno de Carlos Mazón sobre las pausas ordenadas por la entonces consellera Salomé Pradas en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del pasado 29 de octubre, jornada de la catastrófica barrancada. El director general de Emergencias de la Generalitat, Alberto Martín Moratilla, dijo en un breve informe remitido a la magistrada que las pausas se ordenaron, en los momentos clave de la respuesta a la catástrofe, para un “trabajo exclusivamente presencial”.

“Se decididó dejar fuera de la reunión del Cecopi a otros miembros con unas razones todavía no explicables, justificado en la absurda expresión de trabajo excluivamente presencial”, afirma la instructora en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es. “Absurda”, ahonda la instructora en referencia a la expresión usada por el alto cargo de Mazón, “porque es incompatible quejarse de la falta de información y decisión por otras personas y, al mismo tiempo, excluir de la reunión a quien supuestamente había de proporcionarla y decidir por uno mismo”.

Además, la decisión de pausar el Cecopi “convierte en más grosera la negligencia atribuible” a los dos investigados en la causa, la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, “oscilando entre un desconocimiento difícilmente justificable respecto a las posibles decisiones a adoptar por la Conselleria, o las herramientas a utilizar como el sistema Es-Alert”.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, según reza el acta de su declaración ante la jueza, explicó que fue Salomé Pradas quien “avisó de que iban a parar y de que iban a pensar qué iban a hacer y que cuando tomaran una decisión, ya les avisarían”.

Para la instructora, “resulta evidente” la “posición de garante, el conocimiento de la situación y la manifiesta pasividad en que se incurrió” por parte de Pradas y Argüeso en el envío de la alerta a la población, que llegó a los móviles a las 20.11, cuando ya había fallecidos y cientos de personas permanecían atrapadas por las inundaciones.

La jueza ironizó en un auto anterior sobre la imagen del Cecopi como una “burbuja aislada del mundo”, en unos momentos criticos de la emergencia, que se desprendía de las declaraciones de ambos investigados. “Resultaba evidente que no era así”, afirma el auto dictado este jueves.

La declaración del pasado 6 de mayo del testigo R. E., técnico del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, a juicio de la magistrada, “confirma” que “en todo momento hubo un control” de la decisión de mandar una alerta a la población por parte de la entonces consellera Salomé Pradas.

También refrenda que la decisión de enviar el Es-Alert “solo podía llevarse a cabo” con la autorización de Pradas y que la consellera de Mazón ostentaba el mando único de la emergencia, “de lo que es buena prueba que la alerta debía contar con su visto bueno”.

Además, el testigo también aseguró, según recuerda el auto, que los miembros del Cecopi que participaban presencialmente a la reunión “manejaban teléfonos”, que “entraban y salían” de la sala y que “se comunicaban con otras autoridades”.

Rechaza de nuevo imputar al presidente de la CHJ

La resolución rechaza citar como investigados al director general de Emergencias, Alberto Martín Moratilla, a los funcionarios Jorge Suárez e Inmaculada Piles, y al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, tal como pedía la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia en su recurso contra el auto de la jueza del pasado 10 de marzo que imputó a Pradas y a Argüeso.

La “atribución” de un resultado mortal “de tal gravedad” por un total de 228 fallecidos “no puede sustentarse exclusivamente en la integración de la estructura organizativa autonómica” de Martín Moratilla, Suárez y Piles.

Sobre Miguel Polo, la magistrada reitera que la supuesta ausencia de información sobre el caudal del barranco del Poyo “resulta desmentida” por la remisión de los correos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ al Cecopi.