El parque acuático ilegal favorecido por el PP cierra sus puertas tras años de desafío a la Justicia

El parque acuático ilegal favorecido por el PP cierra sus puertas tras años de desafío a la Justicia

El recinto, ubicado en el municipio de Biniancolla, carece de licencia de actividad tras una resolución judicial que anulaba su declaración de interés público. La oposición calcula que el dueño podría pedir 30 millones de euros a la administración como indemnización

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Tras abrir sus puertas el 1 de mayo sin licencia, el parque acuático ilegal Splash! de Biniancolla ha anunciado el cese de sus actividades por esta temporada 2025. “Por razones ajenas a nuestra voluntad nos vemos obligados a cerrar el parque durante esta temporada. Lamentamos tener que transmitir esta noticia y agradecemos el cariño, el apoyo y la confianza”, han publicado en las redes sociales del parque acuático, que cerrará sus puertas el próximo 17 de mayo. El comunicado deja, sin embargo, la puerta abierta a una nueva apertura más adelante, “con la ilusión de compartir nuevos momentos de diversión en familia”.

Los primeros turistas alojados en el Hotel Minura Sur, en el municipio de Sant Lluís, comenzaron a deslizarse por los toboganes de agua y a bañarse en las piscinas del lugar desde la semana pasada, en lo que se augura como otra temporada récord de visitantes para Balears. Todo parecía transcurrir con total normalidad y, sin embargo, en las instalaciones se podía ver a los principales directivos del parque con aire circunspecto y cauteloso, debido a que, desde el pasado junio de 2024, una orden judicial emitida por el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ordenó la clausura del establecimiento, orden que estarían incumpliendo deliberadamente. elDiario.es se ha desplazado hasta las instalaciones del lugar para recoger la versión de los directivos sobre el cierre, pero ningún responsable ha querido dar declaraciones.

El parque acuático fue planificado en 2011, durante el primer mandato del PP en el Consell Insular de Menorca, cuya gestión corrió a cargo de Santiago Tadeo, y cuya consellera de Ordenación Territorial, Marta Vidal, autorizó en su momento las obras a pesar de que la parcela de terreno sobre la que se levanta el parque es considerada terreno rústico protegido. Marta Vidal integraría años después el gabinete de Margalida Prohens tras el pacto entre Vox y PP a nivel balear con el cargo de consellera de Vivienda y Territorio hasta su dimisión en 2024. Finalmente, el Splash de Biniancolla abrió sus puertas en 2017 tras ser declarado de “interés general”, ya que, según el informe final presentado por peritos privados, “contribuiría a la desestacionalización turística, la consolidación del segmento del mercado familiar y la ampliación de la oferta turística y la mejora de la calidad de los servicios y puestos de trabajo”. Poco después de su apertura, en 2021, el TSJIB anuló la declaración de interés general, lo que llevó a la revocación de la licencia de actividad del parque por parte del Ayuntamiento de Sant Lluís.

Por su parte, las autoridades municipales intimaron en 2024 al promotor del parque a cerrar las puertas del establecimiento, intimación que se saldó con una multa. Esta temporada la alcaldesa Loles Tronch (PP) ha decidido tomar cartas en el asunto con mayor firmeza. “Desde el Ayuntamiento de Sant Lluís vamos a realizar una inspección para certificar que el Splash ha abierto y, de constatarse, el siguiente paso será que un ingeniero municipal elabore un informe que lo acredite, y a partir de ahí actuaremos en consecuencia, lo que implica clausurar la instalación según los plazos establecidos por la normativa. La actividad no se puede mantener: no tienen licencia, no pueden abrir”, ha declarado la dirigente, aunque no dio precisiones sobre plazos ni fechas en concreto. Fuentes del Consistorio consultadas por elDiario.es antes del anuncio del cierre sugieren que podría ser “en los próximos 20 días”.


Entrada al parque acuático Splash aledaño al hotel Minura Sur Menorca.

Por otro lado, los concejales de la oposición suscriben la iniciativa del Ayuntamiento dirigido por Tronch y llaman a evitar demoras. “El parque se tiene que cerrar. Hace más de un año que está funcionando sin licencia a pesar de que existen órdenes claras emitidas por el máximo tribunal de Baleares. Todos estos años han seguido funcionando con una licencia otorgada a dedo y ahora la alcaldesa del mismo partido que aprobó la construcción ilegal se ve en la tesitura de ser quien lo cierre. Estoy convencido de que no es el deseo de Loles Tronch cerrar el Splash, pero no le queda alternativa”, ha expresado Joan Pons Sintes, concejal de Volem Sant Lluís.

El parque se tiene que cerrar. Hace más de un año que está funcionando sin licencia a pesar de que existen órdenes claras emitidas por el máximo tribunal de Baleares. Todos estos años han seguido funcionando con una licencia otorgada a dedo y ahora la alcaldesa del mismo partido que aprobó la construcción ilegal se ve en la tesitura de ser quien lo cierre

Joan Pons Sintes
Concejal de Volem Sant Lluís

Mientras tanto, en el parque acuático la actividad es casi normal, excepto por el clima tenso y por la negativa rotunda de todos los trabajadores del Splash! a hablar con la prensa sobre la carta que, según confirman en el Ayuntamiento, enviaron el pasado viernes al Consistorio para pedir que no se cierre el parque. Finalmente, una trabajadora, que pide mantener el anonimato, confirma que el pasado viernes fue una de las firmantes de la carta. “Pedimos que se respete nuestro derecho a trabajar aquí. Hay muchas familias que dependen de este trabajo cada año”, señalan en su misiva. Asimismo, la joven ha confesado que no están tomando reservas más allá de un mes vista. “La verdad es que no sabemos lo que va a pasar. En Google figuramos como ‘temporalmente cerrado’, pero por ahora abrimos al público con normalidad. Realmente no sé si se mantendrá así todo el verano”, ha señalado en diálogo con elDiario.es.

Sin embargo, no todos los trabajadores de Minura Hotel Sur & Splash Sur Menorca firmaron la carta pública ni están de acuerdo con cómo se está llevando la negociación entre los empresarios privados y la administración pública. “Yo soy de los que piensa que habría que hacer justicia y que, si algo es ilegal, pues se debería de cumplir la ley. Creo que soy de los pocos que piensan así de los trabajadores, por eso no firmé ninguna carta ni nada. Es injusto porque un problema persistente en Menorca es el tema de la construcción en suelo rústico. Hay muchísima gente que tiene suelo rústico y no puede construirse nada y esto se ha hecho incumpliendo la ley”, ha explicado un joven trabajador consultado por este medio, que también rechazó dar su nombre. Sin embargo, ha señalado que se trata de un tema “muy complejo”. “Es verdad que muchas familias dependen de este trabajo, es todo un dilema entre cumplir la ley y la posibilidad de que algunas personas se queden sin trabajo”. Al menos tres trabajadores más fueron contactados por elDiario.es a propósito de la carta pública enviada al Consistorio y negaron haberla suscrito, a pesar de que ésta figura firmada por el “comité de empresa del Hotel Minura Sur Menorca y Splash”. Algunos incluso desconocían la existencia de la carta. 

Habría que hacer justicia y que, si algo es ilegal, pues se debería de cumplir la ley. Creo que soy de los pocos que piensan así de los trabajadores, por eso no firmé ninguna carta ni nada. Es injusto porque un problema persistente en Menorca es el tema de la construcción en suelo rústico. Hay muchísima gente que tiene suelo rústico y no puede construirse nada y esto se ha hecho incumpliendo la ley

Trabajador del parque

Últimas tardes en los toboganes

A pesar de los constantes reveses judiciales, el propietario de Protume SA, holding que integran Minura Hotel y el Splash!, el empresario Luis Casals, ha logrado mantener abierto el parque acuático ilegal desde la primera sentencia en 2021 hasta hoy, recurriendo a una amplia variedad de artilugios administrativos. En un primer momento, la estrategia de los abogados del parque consistió en acogerse a una interpretación del Plan Territorial Insular (PTI) que permitiría la legalización de este tipo de construcciones en determinados casos concretos.

“El nuevo PTI, aprobado en mayo de 2023, ampara la legalización del parque siguiendo el procedimiento establecido, por lo que, con absoluto respeto a la legalidad, la propiedad tratará de legalizarlo. Para ello, hay que cumplir una serie de requisitos y seguir unos trámites complejos en los que ya estamos trabajando”, precisó a este medio el abogado Francisco Cisneros, representante de Casals. Sin embargo, desde el grupo ecologista GOB advierten que, más allá de las interpretaciones sobre el PTI —que además está a punto de ser reformado—, el tipo jurídico del suelo no permite una instalación de estas características. “La ley establece que en suelo rústico sólo podrán existir instalaciones que no tengan cabida en otro tipo de suelo. Y resulta que los otros parques acuáticos de Menorca están todos en suelo urbano”, subrayan.


Vista de los toboganes desde el exterior, en pleno funcionamiento.

Otra de las estrategias desarrolladas por los abogados de Casals ante las administraciones públicas ha sido intentar acogerse al decreto de simplificación administrativa impulsado por Margalida Prohens y convertido en la Ley 7/2024. La llamada Ley Ómnibus de Prohens permite otorgar permisos de hasta dos años, prorrogables, a todas aquellas “instalaciones complementarias que resulten imprescindibles o inescindibles para desarrollar la actividad principal”. En este sentido, desde el Splash! presentaron una serie de informes ante el Consell Insular en los que se argumentaba que, sin el parque acuático, el hotel contiguo no podría funcionar. “Me consta que intentaron declarar inseparables el negocio del Splash! y el Minura Sur Hotel para obtener cobertura legal y seguir operando al menos dos años más. Pero tampoco les funcionó, porque —y esto es algo que todo el mundo sabe— el hotel existe y funciona desde mucho antes que el parque”, ha señalado Joan Pons a elDiario.es.

Mientras el debate administrativo se desarrolla y la clausura del Splash! se acerca, otra preocupación aún más grave se ha instalado en todos los niveles de las administraciones públicas de Menorca. “Sabemos que podrían pedir hasta 30 millones de indemnización si el parque cierra. Yo personalmente creo que no ha lugar”, ha señalado Joan Pons Sintes, quien ha explicado que, de darse ese escenario, “el dinero saldría del Consell Insular” y no del Ayuntamiento de Sant Lluís, donde se desempeña como concejal. “No deja de ser dinero público, dinero de todos los menorquines”, explicó. “Teniendo en cuenta que en su momento la licencia se concedió después de que un informe externo favorable hecho a medida, quizás deberíamos exigir responsabilidades patrimoniales a los políticos que en su momento pidieron ese informe, que es el origen de este problema”, zanja.