La Justicia libra al Ayuntamiento de Madrid de responder por la ruina del palacio de la Duquesa de Sueca

El Palacio de la Duquesa de Sueca da la bienvenida a los que se acercan a La Latina en línea recta desde Tirso de Molina. Construido a finales del siglo XVIII y con una superficie de más de 7.000 metros cuadrados, lleva más de dos décadas vacío entre pleitos e intentos del Ayuntamiento de Madrid por darle algún tipo de utilidad. La Audiencia Provincial acaba de anular la condena de tres meses de cárcel que había sido impuesta a la exdirectora de Patrimonio del consistorio, acusada por la Fiscalía de no haber protegido el edificio y haber propiciado su ruina. Los jueces reprochan que fue condenada a pesar de que la competencia de cuidar del palacio ni siquiera era de su departamento.

El edificio, cuya fachada se utilizó en la serie ‘El Ministerio del Tiempo’, ha sido objeto de decenas de pleitos en las últimas décadas. La mayor parte de estos juicios, más de 60 en total, estuvieron relacionados con las indemnizaciones que debían cobrar los propietarios por la expropiación, pero uno de ellos se tramitó por la vía penal. La querella que presentó la Fiscalía fue contra Amalia Castro-Rial, directora de Patrimonio, que estuvo en el cargo entre 2004 y 2012, durante los mandatos de Alberto Ruiz-Gallardón. Según el Ministerio Público, no hizo nada para conservar el Palacio de la Duquesa de Sueca, protegido desde 1997 y objeto de un plan especial del propio ayuntamiento desde 2005, ya con ella en el cargo. Eso, según la acusación y la primera jueza que sentenció el caso, agravó su estado de ruina y actuaron “abandonando el palacio a su suerte”.

Según ha podido comprobar elDiario.es, la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado esa condena de tres meses de cárcel por un delito contra el patrimonio histórico, exonerando también al Ayuntamiento de responder como responsable civil subsidiario. Los jueces son duros con la primera sentencia que dictó su condena: ni siquiera está claro que la responsabilidad de cuidar de ese palacio del siglo XVIII fuera de la Dirección de Patrimonio y tampoco que ese abandono agravara el estado del edificio más allá del “deterioro propio del paso del tiempo”.

El tribunal acusa a la magistrada de lo penal que condenó a Castro-Rial y al Ayuntamiento de incurrir en un “patente error valorativo”: los peritos, los informes y finalmente los testigos que comparecieron en el juicio apuntaron a que la responsabilidad era, en todo caso, del Área de las Artes, actual concejalía de Cultura. Algunos documentos, como los acuerdos de la Junta de Gobierno, no eran “lo suficientemente claros”, reconoce la Audiencia, pero otras pruebas “concluyen tajantemente” que la competencia no era, en ningún caso, de Patrimonio.

Eso, según el tribunal madrileño, cierra la puerta a que Castro-Rial pueda ser responsabilizada penalmente por el deterioro del palacio al no tener lo que legalmente se denomina “posición de garante” sobre su estado, descartando también que “cualquier incumplimiento” administrativo, en caso de haber existido, pueda “generar responsabilidad penal”. “Durante los ocho años de mandato de la acusada no se ha acreditado ni se detalla ningún riesgo inminente”, siguen los magistrados.

El palacio, sigue la sentencia, fue declarado en estado de ruina ya en 1995 y aunque es cierto que el plan especial nunca se puso en marcha, las demoliciones que se tuvieron que acometer según la justicia incluso revelaron nuevos aspectos del edificio de gran valor patrimonial: “A consecuencia de las demoliciones ha quedado a la vista la primitiva fachada este de la capilla con sus cornisas de ladrillo, revocos originales de gran calidad y restos de un interesante reloj de sol declinante de gnomon invertido con leyenda latina”.

Condena anulada y reapertura en proceso

La absolución de la exdirectora de Patrimonio del Ayuntamiento entre 2004 y 2012 llega en el tramo final de la puesta en uso del palacio según lo proyectado por el consistorio de José Luis Martínez-Almeida: medio millón presupuestado en 2025 para ubicar un centro de bienestar social, después de varios años de obras y reclamaciones de movimientos vecinales para que su uso sea dotacional y de equipamiento del barrio.

Las sentencias del caso dibujan la trayectoria de este palacio desde su expropiación, con más de medio centenar de pleitos por las indemnizaciones, una declaración judicial de ruina a mediados de la década de los años 90, su protección administrativa en la normativa municipal de 1997 y, finalmente, un plan especial de 2005 que no llegó a implementarse.

Almeida visita las obras del palacio de Sueca en 2022

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial, que todavía es recurrible por la Fiscalía ante el Tribunal Supremo, no solo retira la condena de tres meses de cárcel para la exdirectora de Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. También su obligación, y la condena subsidiaria del Ayuntamiento, de pagar “el agravamiento de los daños detectados en el edificio” desde 2005 hasta las órdenes parciales de demolición de 2013. Los primeros trabajos de reforma, que no llegaron a ejecutarse, fueron valorados en varios cientos de miles de euros.

Los jueces recuerdan otro caso similar: el del derribo de una casa Blasonada del siglo XVII en la calle Embajadores, cerca de la Plaza de Cascorro, cuando era un edificio protegido desde el año 2012. Un juzgado abrió y cerró diligencias penales, archivo que confirmó posteriormente la Audiencia Provincial, cargando contra el Ayuntamiento de Madrid pero rechazando condenar a los responsables del derribo: “Es en el ámbito político o de responsabilidad administrativa donde han de exigirse las responsabilidades que procedan por la pérdida sufrida por el patrimonio municipal, pues esta es consecuencia de la deficiente gestión y falta de medios económicos del Ayuntamiento de Madrid como organización, y no por la conducta de quienes puntualmente estaban al frente de determinados negociados”.